“Tá difícil, no se puede”
Hace un par de días, trece de los más importantes miembros de la delincuencia organizada fueron extraditados a Estados Unidos. Todos contaban con órdenes de aprehensión emitidas por distintas cortes de la Unión Americana. Una de las interrogantes, respecto de la fuga de Joaquín Guzmán Loera (25 de junio), es si una extradición oportuna hubiese evitado su fuga y todo lo que este caso ha evidenciado respecto de la inoperancia y corrupción que impera en el sistema penitenciario y de justicia, así como de los grados de impunidad que prevalecen para no encontrar responsables de este suceso.
La primera duda que debemos despejar es si era posible su extradición, antes de su fuga. Sí, claro. Hace unos días, el subprocurador de la PGR, José Alberto Rodríguez, sostuvo que era imposible lograr la extradición del narcotraficante, debido a que este tipo de trámites duran entre 10 a 12 meses, ya que “pasan por varias oficinas”.
La desafortunada respuesta puede obedecer a la terrible realidad administrativa del país. Pero no atiende a las causas sino a las consecuencias, no deja de ser la respuesta de un “burócrata”. Ese tipo de explicaciones es lo que describe cualquier clase de inacción o ineficiencia gubernamental; cabe recordar al memorable personaje de televisión del “tá difícil” de Héctor Suárez. Recordemos las escenas en las que cualquier tipo de petición que se le hacía a este personaje trágico-cómico, contestaba con total parsimonia y seguridad un: “uyy”… “tá difícil, no se puede”. Lo cual generaba en el ciudadano —y víctima— una metamorfosis de ánimo que pasaba de la ira e indignación, a la total frustración y resignación.
Algo parecido sucede con la explicación que hoy nos da el funcionario de la PGR respecto de por qué no fue factible que el gobierno federal hiciera las acciones a su alcance para que uno de los criminales más peligrosos del mundo (y con la mayor capacidad corruptora), fuera extraditado con el fin de asegurar su reclusión durante los años de compurgar su pena y, por supuesto, también de garantizar su integridad.
El subprocurador finge demencia sobre las declaraciones del extitular de la PGR, Jesús Murillo Karam, quien, en un tono burlón y provocador, declaró respecto de la posible extradición de El Chapo: “Yo puedo aceptar la extradición, pero en el momento que yo diga”…., “se tiene que quedar aquí a cumplir su condena y después lo extradito. Unos 300 o 400 años después. Falta mucho”.
Con ese tono de sheriff del viejo Oeste, y al más puro estilo prepotente del anterior titular de la PGR, lo que nos transmitía era que no se trataba de una decisión ponderada por el gobierno federal de acuerdo a la conveniencia de los intereses del país, sino, sencillamente, de la suerte que a él se le antojara hacerlo. Probablemente esa apatía o inapetencia de velar por la seguridad pública y de los intereses nacionales fue un factor determinante para que hoy parezca increíble pero real, que este narcotraficante esté prófugo de la prisión “más segura del país”.
No se desconoce que, conforme al tratado de extradición entre México y EU, existen una serie de pasos que van desde la referida solicitud de extradición por parte del país que reclama a una persona hasta el análisis de la viabilidad de la misma (por parte de las cancillerías respectivas) y las garantías judiciales y acciones legales interpuestas por la defensa del sujeto reclamado. Sin embargo, lo cierto es que ante la evidente conveniencia para que se llevaran extraditado a El Chapo Guzmán, era necesario que recayera una instrucción del máximo nivel para que se desplegaran todas las acciones institucionales y legales para conseguirlo. Desafortunadamente, no se tiene ninguna evidencia que esto haya ocurrido y, por el contrario, lo que se tiene es que se cumplió el vaticinio que un año antes lanzara el periodista León Krauze, cuando le preguntó al Presidente de la República si era posible que este criminal se fugara de la prisión de El Altiplano, a lo cual respondió que “era imposible” y que “sería imperdonable”.
Precisamente por esa razón es que hoy se entiende que, sin que haya mediado posibilidad de que exista algún tipo de responsabilidad política de lo que un año antes era imperdonable, se hayan girado instrucciones recientes para que esto no volviera a ocurrir y se dieran con expeditez las extradiciones de los 13 peligrosos delincuentes vinculados con el crimen organizado. Esto no puede estar desasociado también de una necesidad real de reparación del daño al país vecino del norte, cuando fue del dominio público que la última de las capturas de El Chapo Guzmán se pudo dar gracias a la colaboración de las agencias de inteligencia norteamericanas.
Lo cual, nuevamente, revela que, como muchas otras carteras del país, no existe una política de gobierno clara y debidamente razonada en torno a cuál debe ser la postura de México respecto a temas de alta sensibilidad para la vida de los ciudadanos. Con lo que, conforme a nuestra fiel tradición e idiosincrasia burocrática, sigue prevaleciendo el muy dañino y sincero: “tá difícil, no se puede”.