Fue impredecible
La acción de evasión de prisión de un reo es algo humano y natural. Diversos acuerdos y tratados internacionales, así como nuestro propio ordenamiento legal penal, prevén que la acción de fugarse no puede constituir un delito por sí mismo ni ser sujeto a sanción por parte del Estado. Las razones son muy comprensibles: la libertad humana es algo instintivo a la persona y, por lo tanto, conforma parte de la naturaleza del individuo la búsqueda de la libertad por todos los medios.
De ahí que decir que era impredecible la fuga de El Chapo Guzmán no es admisible ni puede ser eximente de responsabilidad política. Por el contrario, la fuga de cualquier preso es predecible y forma parte de la vida diaria de los sistemas penitenciarios. Tanto que ha sido un tema clásico de la literatura y cinematografía. De ahí que, al ver la admiración que le causa a varios funcionarios públicos responsables de la seguridad del país el túnel que se permitió excavar en el perímetro de “máxima seguridad”, aplicaría el dicho tradicional de: “sorprende que se sorprendan”.
El presidente Peña Nieto habla de que existe indignación, enojo y frustración por parte de varios sectores de la sociedad. No se trata de hacer leña del árbol caído en contra del gobierno federal; se trata de entender qué pasó y por qué fracasó el Estado mexicano en retener al delincuente más importante —probablemente a nivel mundial— de las últimas dos décadas. Ahí nos debemos ver todos reflejados, pues más allá de la evidente negligencia y omisiones de las autoridades responsables, nadie duda que hubo un común denominador en la trama de la fuga de este delincuente que, en menor o mayor grado, a todos nos atañe como sociedad: la tolerancia a la corrupción. Es claro que la corrupción fue el factor principal —no el único— que permitió que nadie supiera ni oyera, ni sintiera los estragos que cualquier persona percibe cuando tiene una construcción a un lado o debajo de donde se encuentra. Máxime cuando se trata de excavar más de dos mil metros cúbicos de tierra y rocas en un kilometro y medio de longitud, y poder llegar a la ubicación exacta de la celda del recluso (sin planos, por supuesto).
Es cierto que se debe investigar hasta qué nivel de funcionario público el fugado logró comprar voluntades, pero ofende a la inteligencia de cualquiera que las autoridades lo pinten como una sorpresa, lo cual resulta la salida perfecta para diluir la responsabilidad política. A juicio de los funcionarios responsables, todo queda en unos cuantos negligentes —y posiblemente— corruptos custodios que se dejaron engañar o sobornar por un artista del escape. No requería de mucho esfuerzo que el gobierno federal tuviera plena conciencia del tipo de criminal que es El Chapo Guzmán. Siempre ha contado con una de las mayores capacidades corruptoras, y así lo demostró con su primera fuga, en enero de 2001. De ahí que quien tenía a su cargo la cartera de la seguridad pública federal, debía tener presente la lógica básica de este criminal: cuánto cuesta comprar voluntades en un sistema penitenciario corrompible, frente a capacidades económicas infinitas. Si a ello sumamos acciones totalmente previsibles, como la capacidad de intimidación y amenaza de uno de los grupos criminales más sanguinarios y con capacidades para delinquir impunemente, tenemos que era un deber del sistema de inteligencia nacional monitorear a su células y cualquier comunicación del delincuente con el exterior. O ¿dónde está la inteligencia del país?
Más penoso resulta cuando los funcionarios responsable dicen que no hay razones para renunciar, porque no faltó al deber, pues se siguieron todos los protocolos preestablecidos en El Altiplano. La sorpresa ha sido tan impactante que nadie ha revisado con detenimiento la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones, aprobada en abril del 2011 por el Congreso de la Unión. De un simple vistazo de esta ley, se advierte que si El Chapo Guzmán se pudo fugar de El Altiplano fue porque se inobservaron una gran cantidad de disposiciones legales bajo las cuales deben operar los centros penitenciarios de máxima seguridad (Nivel VI). Esto es: seguridad externa que incluye sistemas electrónicos de seguridad perimetral, como sensores, detectores y dispositivos aéreos; así como garantizar un perímetro de protección que implica el monitoreo permanente de los predios aledaños y prohibiciones expresas para construir, realizar obras públicas sin previa autorización. De igual forma, existen restricciones que incluyen cambios rutinarios de celda y módulo. Adicionalmente, hay que señalar que la ley le otorga a estas cárceles el carácter de instalación estratégica y de Seguridad Nacional, lo cual obliga a proveer un esquema de prevención de riesgos.
En consecuencia, si Joaquín Guzmán Loera se pudo fugar, es porque el gobierno federal en el ejercicio de sus potestades de garantizar su seguridad incumplió en esta tarea; empezando por el deber de garantizar la máxima confiabilidad de todos los funcionarios que tenían a su cargo la seguridad del penal de “máxima seguridad”. Ahora bien, de nada sirve quedarnos en el lamento si no se entiende que más allá de los custodios directamente responsables de permitir la fuga, en este caso, además, existen claras responsabilidades políticas que no pueden soslayarse. Si los funcionarios a cargo de la Seguridad Pública (y Nacional) sencillamente no quieren asumir sus responsabilidades por tratarse de algo que para ellos resultaba impensable de ocurrir, entonces le están endosando la totalidad del costo político al presidente Peña Nieto de lo que para sus subordinados, sencillamente, “fue impredecible”.