Ganar a la mala
En los últimos días, el hecho de haberle negado el registro a Xóchitl Gálvez para competir por la Delegación Miguel Hidalgo DF se ha vuelto una noticia de carácter nacional. La razón no radica en la discutible decisión del Instituto Electoral del Distrito Federal, ...
En los últimos días, el hecho de haberle negado el registro a Xóchitl Gálvez para competir por la Delegación Miguel Hidalgo (DF) se ha vuelto una noticia de carácter nacional. La razón no radica en la discutible decisión del Instituto Electoral del Distrito Federal, sino en la orquestación, desde el Gobierno del DF, para no dejar pasar a una candidata que no sólo arrasaría en las urnas, sino que sería sumamente incómoda para el jefe de Gobierno y su equipo durante los próximos tres años.
Ninguno de los candidatos que compiten en el Distrito Federal cuenta con las cualidades de Xóchitl: mujer de origen indígena, luchadora social, empresaria exitosa, política que no se debe a ningún grupo y con capacidad de generar empatía y credibilidad en los electores.
El argumento legal para bloquear su camino radica en haber encontrado un artículo en la ley electoral capitalina (artículo 294, I), que establece un requisito a todas luces inconstitucional. Se trata del condicionamiento para que quien aspire a un cargo de elección muestre que su credencial de elector coincida con un domicilio en el Distrito Federal.
Tal exigencia cae en lo absurdo, ya que no persigue ninguna finalidad legal, pues ella reúne a cabalidad esos requisitos desde hace más de 30 años: 1) Acreditar una residencia efectiva por más de tres años en la capital, con la intención de que quien pretende gobernar esté vinculado con la realidad social y problemas de los ciudadanos del lugar; 2) Estar inscrito en el padrón electoral, como algo indispensable para votar y ser votado.
De ahí que se pueda sostener que la autoridad electoral del DF ejerció un criterio legalista y restrictivo de derechos fundamentales, al pretender otorgarle un valor absoluto al hecho de que contar con una credencial expedida en otra entidad, y reuniendo la totalidad de requisitos, es razón suficiente para negar el registro; además, pasando por alto que nuestro padrón de electores es un instrumento federal y no de carácter local.
Desde esa perspectiva, resulta incongruente que sea válido que un candidato puede vivir en Xochimilco y, al mismo tiempo, aspirar a gobernar la delegación Miguel Hidalgo, pero que, residiendo en la demarcación que se pretende gobernar, desde hace años, no sea posible por un mero formalismo.
Lo más ridículo del caso es que, si ése hubiera sido el criterio distintivo aplicable en el DF, nunca hubiera sido posible que en 1999 el mismo Instituto le otorgara el registro a López Obrador, puesto que era público, y notorio, que esta persona residía en Tabasco al momento de solicitar su registro.
Lo que demuestra todo esto es que se trata de una exclusión premeditada por el legislativo local para favorecer los intereses del gobierno capitalino y de su partido. Ello con el fin evidente de sacudirse cualquier competencia que pueda poner en peligro el bastión de corrupción y complicidades en que se ha convertido la capital del país, después de la renuncia de Cuauhtémoc Cárdenas, en 1997.
Lo sorprendente es que la autoridad electoral haya soslayado que le correspondía ejercer un control de convencionalidad (supremacía de los derechos humanos), a partir de realizar una interpretación integral de las normas constitucionales y tratados internacionales, que establecen el deber de inaplicar cualquier requisito que sea irracional, desproporcional o que, en suma, constituya una carga injustificada para el ciudadano.
Todo esto resulta mucho más claro cuando, en la sesión en la que se le negó el registro a Xóchitl Gálvez, prácticamente, la totalidad de los partidos —excepto el PRD, por supuesto— combatieron lo injusto y sesgado de no otorgarle el registro. Lo cual evidenció, nuevamente, que se trataba de una política orquestada desde el Zócalo, con la única intención de bloquearle el camino.
Detrás de todo este legalismo, se esconde el temor fundado de que, al otorgarle el registro a Xóchitl, sería abrumadora la derrota en las urnas de su contrincante, pues pondría seriamente en peligro no sólo la permanencia del PRD en la delegación, sino en el gobierno capitalino dentro de tres años.
Por lo mismo, se trata de acciones desesperadas y revestidas de institucionalidad, para hacer todo lo posible por ganar a la mala.
*Abogado y extitular de la Fepade