Desdén a las instituciones
La mejor opción electoral no es quién tiene mejores propuestas sino quién tiene las mejores herramientas para evidenciar que el otro es mucho peor opción.
A menos de cuatro meses de que se lleve a cabo el próximo proceso electoral federal, y 17 procesos locales, tanto el Gobierno Federal, como el Congreso de la Unión siguen tratando con desdén a las instituciones electorales y a los órganos constitucionales que contribuyen a la sanidad democrática.
Después de más de un año de su creación legal, y a casi siete meses de que renunció el últimos titular, apenas el día de ayer hubo acuerdo para nombrar al titular de la FEPADE. Santiago Nieto, en su calidad de nuevo titular, tendrá el enorme reto de poner al día a la fiscalía electoral y generar, en breve tiempo, la credibilidad necesaria que permitan investigar y perseguir los ilícitos que actualmente ya ponen en riesgo el sistema electoral mexicano.
Para lograrlo, sería conveniente la presencia inmediata de la FEPADE en aquellas zonas del país en las que no parecen existir las condiciones para celebrar comicios electorales, desplegando las acciones necesarias para hacer valer la libertad y la autenticidad del sufragio.
Ese desdén al sistema democrático, se hace palpable al constatar en los hechos que el Gobierno Federal, a través de la Segob, se ha desentendido en los hechos de garantizar las condiciones de seguridad que permitan agotar los actos preparatorios del proceso electoral en al menos 10 distritos de Guerrero en los que el INE ha manifestado graves preocupaciones.
En esa ecuación también gravita la falta de compromiso de los partidos políticos por concretar un verdadero sistema anticorrupción autónomo, que permita despejar lo que ya el propio secretario de Hacienda denominó como una profunda crisis de credibilidad hacia la actual administración. La supuesta falta de acuerdos para sacar estas reformas, junto con la escasez de perfiles creíbles para integrar la fiscalía anticorrupción y un órgano anticorrupción autónomo (al que parece ya haberse dado marcha atrás) motivan la suspicacia en torno a que exista una apuesta genuina por generar un sistema que realmente investigue los ilícitos contra el patrimonio público y en el que se aplique la ley a cualquier nivel.
Desafortunadamente no se puede leer de otra forma como una táctica que consiste en postergar decisiones, con el fin de diluir paulatinamente responsabilidades hasta que llegue un siguiente tema que distraiga nuevamente la atención.
Cuando lo anterior no se logra para eso existen los estrategas políticos que maquinan guerras “de lodo” o también conocida como de “los trapitos al sol”. Si tú, X, hoy me sacas un aparente conflicto de interés o cualquier otro presunto ilícito que no tengo capacidad de apagar, mañana yo, Y, te saco un desvío de recursos públicos o peores cosas que indignen, igual o más, a la ciudadanía y que seguramente también afectarán tus preferencias electorales. Se trata, sencillamente, de buscar empatar el marcador, a partir de hacer evidente que todas las opciones electorales son igualmente cuestionables. En consecuencia, la mejor opción electoral no es quién tiene mejores propuestas sino quién tiene las mejores herramientas para evidenciar que el otro es mucho peor opción. Lo cual gesta el caldo de cultivo que alienta el abstencionismo electoral y el hartazgo generalizado y abstracto a “la política”, que no es otra cosa que a los políticos con nombres, apellidos y colores partidarios.
Dicho desdén se ha vuelto a evidenciar recientemente con la terna de candidatos para ministros de la Suprema Corte de Justicia que envió el Ejecutivo Federal al Senado de la República. No importa que resulte evidente que existe un único candidato y que los otros dos van de relleno, tampoco que el candidato “bueno” cumpla o no con los requisitos constitucionales ni el perfil indispensable establecido en la Constitución; mucho menos aún que garantice independencia e imparcialidad para conformar el máximo tribunal de nuestro sistema legal y de justicia. Por el contrario: se trata de premiar a incondicionales para que garanticen un voto más frente a los casos difíciles que atentan intereses específicos. El desdén aquí consiste en la complicidad colectiva entre los partidos políticos, a partir de hacer esos cálculos que les permitan empatar marcadores sin importar la calidad de las decisiones a favor de un interés colectivo.
*Abogado y extitular de la Fepade