¿Qué diablos hacemos con Guerrero?
En las últimas semanas lo que seguramente está pasando por la cabeza de diversas autoridades y actores políticos es: ¿qué diablos hacemos con Guerrero? La pregunta es pertinente a partir del escenario de una entidad federativa de la República Mexicana que actualmente ...
En las últimas semanas lo que seguramente está pasando por la cabeza de diversas autoridades y actores políticos es: ¿qué diablos hacemos con Guerrero?
La pregunta es pertinente a partir del escenario de una entidad federativa de la República Mexicana que actualmente presenta todas y cada una de las características del concepto Estado fallido. Esto es, la erosión de autoridades legítimas, la pérdida del monopolio del uso de la fuerza por parte del Estado, la incapacidad para el funcionamiento de las instituciones públicas para proveer servicios básicos, así como el desbordamiento de la criminalidad y la corrupción.
Guerrero es el síntoma más nítido de la irresponsabilidad política y del fracaso de nuestro federalismo durante las últimas décadas. La incapacidad institucional, que hoy se constata para ofrecer soluciones a la crisis de gobernabilidad que ahí se vive, responsabiliza a una clase política federal y local que se caracteriza por la pusilanimidad, el oportunismo y por el escaso entendimiento de la noción de Estado que exigen la atención de los problemas nacionales.
A casi cuatro meses de la desaparición forzada de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de la convulsión política que ello ha ocasionado, los mexicanos seguimos sin percibir una auténtica voluntad por restablecer las condiciones mínimas para la viabilidad de dicha entidad. Mientras tanto, Guerrero se va aislando del mapa de la República, tal como aquellas personas que se meten a nadar al mar y se las va llevando la corriente hasta provocar la asfixia por ahogamiento.
El problema de no asumir la responsabilidad política para resolver el problema de Guerrero, radica en la ausencia del Estado que provoca la falta de condiciones mínimas y de oportunidades de aproximadamente 3.5 millones de ciudadanos mexicanos que habitan la entidad. Mientras eso es una realidad palpable para los guerrerenses, las autoridades de los tres órdenes de gobierno, los partidos políticos y otros actores políticos vinculados con la entidad deshojan la margarita para hacer los cálculos de a quién le tocará pagar los costos políticos de ese batidero. El juego consiste en una partida de póquer donde ninguno de los responsables políticos abre su juego, al mismo tiempo que busca trasladarle el costo de la crisis al resto de los jugadores.
En ese juego perverso de táctica y estrategia, el Gobierno federal pierde de vista que una de las obligaciones inherentes al Jefe de Estado radica en velar por la unidad, integridad y buen funcionamiento del federalismo que, dicho sea de paso, Guerrero debiera estar incluido.
Hay que decirlo con todas sus letras por más que en el discurso político se diga lo contrario: a escasos 136 días para la jornada electoral en Guerrero, hoy no existen las condiciones para celebrar elecciones en los términos que mandata la Constitución federal. Esto es, que los candidatos a puestos de elección popular puedan promover sus propuestas y plataformas políticas con la finalidad de que los guerrerenses puedan analizar las distintas opciones y, en consecuencia, acudir libre y pacíficamente a las urnas a emitir su voto.
Al no existir ese piso mínimo, el peligro que se corre es que se celebren elecciones sin opciones reales para la ciudadanía y, más grave aun, que quien llegue al poder carezca de la legitimidad democrática necesaria para poder afrontar la crisis política, económica y social que está erosionando a las instituciones del estado.
En ese sentido, más allá de las elucubraciones políticas que se han generado, es entendible la posición del senador Armando Ríos Piter de haber renunciado en esta ocasión a sus aspiraciones de gobernar el estado. Pues lo común sería pensar que alguien que ya contaba con más de 30% de ventaja en las preferencias electorales debería postularse para convertirse en el próximo gobernador de la entidad. Sin embargo, lo duro es hacer antes el diagnóstico y proyectar el escenario del día después de la toma de protesta como gobernador. Pues mientras prevalezcan esas condiciones y no exista un compromiso nacional por el rescate de Guerrero, es claro que no existe posibilidad alguna de pretender gobernar la entidad, y mucho menos de entregar buenas cuentas o, inclusive, de terminar un mandato.
Es lamentable que, así como hasta hace unos meses el gobierno federal y los tres principales partidos políticos nacionales derrocharon ese capital político para alcanzar y cumplir con los acuerdos del Pacto por México, hoy no exista un compromiso similar por sacar del hoyo a una de las 32 entidades que integran la República.
Queda entonces claro que, frente a esta incomodidad política que se llama Guerrero, la clase política que integra a una buena parte de las instituciones del Estado mexicano (gobierno federal, Congreso de la Unión, partidos políticos y autoridades locales, entre otros) hoy sólo se pregunten: ¿qué diablos hacemos con Guerrero?
*Abogado y extitular de la Fepade