El diablo está en los detalles
Mientras que el Congreso de la Unión se encuentra evaluando los distintos modelos de sistema anticorrupción que podrían aprobarse en las próximas horas, el Senado está evaluando perfiles para ocupar la titularidad de la nueva Fiscalía Anticorrupción. Hoy nadie ...
Mientras que el Congreso de la Unión se encuentra evaluando los distintos modelos de sistema anticorrupción que podrían aprobarse en las próximas horas, el Senado está evaluando perfiles para ocupar la titularidad de la nueva Fiscalía Anticorrupción.
Hoy nadie discute sobre la pertinencia de avanzar en políticas públicas e instituciones que ataquen con toda la contundencia del Estado lo que constituye el principal mal de nuestras instituciones públicas: la corrupción y la impunidad en torno a la misma. El asunto de fondo no es aprobar más leyes y órganos para saciar este reclamo social, sino lograr que, efectivamente, se investiguen los actos ilícitos de esta naturaleza y, en consecuencia, se apliquen las sanciones vigentes.
No se puede perder de vista que lo que hoy se presenta como un novedoso paquete de medidas anticorrupción, en gran medida ya se encuentra contemplado en nuestro orden jurídico a través de múltiples procedimientos de responsabilidad administrativa, política y penal. Desafortunadamente se trata de un problema de aplicación de la ley, y no de ausencia de figuras legales idóneas.
Pues quien tenga a su cargo la delicada tarea de combatir los delitos cometidos por los servidores públicos en contra del patrimonio del Estado, requiere de condiciones mínimas de independencia para investigar y perseguir esos delitos, trátese de quien se trate.
No hay que perder de vista que un requisito elemental para hablar de independencia en el ejercicio de la función pública, radica en contar con una precondición de inamovilidad en el cargo. De lo contrario, la independencia e imparcialidad para ejercer la función puede anularse con la simple amenaza de la destitución.
En consecuencia, para que el próximo zar anticorrupción tenga las plenas potestades de ley y de facto para investigar y, en su caso, enjuiciar a toda la gama de funcionarios que integran la Administración Pública Federal, se requieren plenas capacidades para investigar y, en su caso, procesar a toda clase de funcionarios. Es decir, desde aquel funcionario menor que infla los precios de los lápices que compra una dependencia, hasta los casos de presuntos conflictos de interés que actualmente están afectando la imagen del Presidente de la República.
Por lo mismo, nos encontramos ante un caso en el que el orden de los factores sí afecta el producto. Esto debido a que en la reforma constitucional de febrero de este año se modificó el diseño orgánico del Ministerio Público Federal con el fin de que dejara de ser una instancia dependiente del Ejecutivo federal y pasara a ser una fiscalía con autonomía frente a los tres Poderes públicos.
No obstante esa aparente buena intención del legislador, la reforma incluyó un primer pequeño detalle que hace prácticamente inviable hablar de una fiscalía autónoma frente a los intereses del gobierno en turno.
Me refiero al artículo transitorio mediante el cual se asegura que una vez que cobre vida la nueva Fiscalía General de la República, el procurador en funciones pasará de forma automática a convertirse en el titular de la nueva dependencia “autónoma”, por un periodo de nueve años adicionales a los dos que ya lleva en el cargo.
Lo que hoy parece un pequeño detalle, en realidad compromete en lo sucesivo la independencia e imparcialidad del titular de la fiscalía, toda vez que es un funcionario que debe su lealtad al nombramiento presidencial que lo puso en el cargo.
En consecuencia, si llegaran a existir casos graves de corrupción atribuibles al gobierno en turno, lo más probable es que quedarían sin ser investigados y perseguidos hasta que se dé la renovación de esa titularidad (año 2023), con la alta probabilidad de que en el inter se queden sin materia o prescriban esos presuntos delitos.
Otro detalle radica en que inclusive cuando se contemplan mayores condiciones de independencia para el próximo fiscal anticorrupción (como el hecho de su designación por el Senado), ello no lo exime de un aspecto funcional que es la forma uniinstancial como está obligado a funcionar el Ministerio Público. En consecuencia, para que el nuevo funcionario esté en posibilidades de ejercer sus facultades para combatir cualquier acto de corrupción, necesariamente requerirá de la anuencia y apoyo institucional del actual titular del la PGR.
Nuevamente aparece un detalle que casualmente se estableció en las normas transitorias de la reforma al señalarse que el próximo fiscal anticorrupción durará en su encargo hasta noviembre de 2018 “sin perjuicio de que pueda ser removido libremente por el procurador general de la República o, en su caso, del fiscal general de la República”.
Por lo tanto, las expectativas que hoy se pueden tener de la nueva fiscalía como antídoto efectivo para combatir la corrupción gubernamental son francamente escasas, pues como reza el refrán popular: “El diablo está en los detalles”.
*Abogado y extitular de la Fepade