Los derechos en serio
A principios de los años 80, Ronald Dworkin, uno de los más importantes teóricos del derecho moderno, publicó un libro titulado Los derechos en serio. En su obra, Dworkin hace una profunda disección de las múltiples facetas y acepciones que hoy tiene el concepto de ...
A principios de los años 80, Ronald Dworkin, uno de los más importantes teóricos del derecho moderno, publicó un libro titulado Los derechos en serio. En su obra, Dworkin hace una profunda disección de las múltiples facetas y acepciones que hoy tiene el concepto de los derechos para el binomio ciudadano y Estado, la forma de ejercerlos y su aplicación.
Releer dicho texto hoy cobra sentido frente a la convocatoria del presidente Enrique Peña Nieto por la suscripción de un “Pacto por la Legalidad”. Más allá de las particularidades del texto, la simple idea de convocar a que se cumpla y aplique la ley, es un hecho sintomático que define a nuestra sociedad y a la clase política. No perdamos de vista que conforme a la Constitución Política, la primera y principal atribución del titular del Ejecutivo Federal es precisamente ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión y hacer lo necesario para que se observen de manera irrestricta. Para lograr tal propósito, la Carta Magna otorga al Presidente de la República una serie de facultades administrativas que tienen como fin que prevalezca la ley y se castigue a quien no lo hace. En ese sentido, parece ociosa y reiterativa la idea de llevar al terreno del pacto político, lo que constituye una obligación inherente al ejercicio del cargo que se detenta. Es como si los médicos pactaran curar a los enfermos y evitar por todos los medios a su alcance las enfermedades.
Se trata de una visión que desde hace varios años ha predominado en el quehacer político nacional, la cual consiste en que cada vez que se colapsa el sistema político y se manifiesta a través del hartazgo ciudadano, se opta por utilizar el ejercicio de la ley como un mero elemento decorativo y se pacta —ahora sí— cumplirla y hacerla valer.
El ejemplo más próximo de la nueva fiebre de legalidad que hoy vivimos fue el “Acuerdo por la seguridad, justicia y legalidad” suscrito durante el sexenio anterior. En esa ocasión se establecía, entre otras cosas: “El compromiso de los firmantes por hacer las acciones necesarias a favor de la seguridad, justicia y legalidad”. En otras palabras, se llevaba al terreno de las voluntades el cumplir con las responsabilidades inherentes a las funciones de Estado y se perdía de vista que éstas son imperativas para quienes detentan la titularidad de los poderes públicos.
La nueva convocatoria no deja de ser más de lo mismo, con un añadido de cuanta ocurrencia se pueda ofrecer, que ahora se busca materializar en más y más leyes. La dinámica inventiva y de improvisaciones actual propone una ley para evitar la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales (¿y todas las demás autoridades?); una ley para que los órganos de gobierno asuman su responsabilidad y competencia en el ámbito de la justicia penal; otra ley para que se respeten los derechos humanos y se eviten las torturas y desapariciones forzadas (como si no existiera un artículo 1º de la Constitución que es el punto de partida de nuestro sistema jurídico), y una ley más para que, por enésima vez, se combatan los actos de corrupción pública, entre otras cosas.
Es obvio que nuestros problemas en todos los temas enunciados no obedecen a la falta de ingenio para redactar y aprobar leyes con títulos impactantes, sino a la falta de observancia a las mismas y la impunidad como consecuencia.
Un nítido ejemplo de lo anterior es cuando en el discurso presidencial se hace referencia a que “sólo a través del Estado de derecho podremos superar juntos los retos de inseguridad, corrupción e impunidad”. Hoy esa frase es una auténtica verdad de Perogrullo que no les dice nada a los gobernados si no viene acompañada de acciones concretas contra propios y extraños.
Si las autoridades públicas no ejercen la legalidad y la intolerancia a la corrupción e impunidad como eje propio de actuación, se erosiona por completo su legitimidad social para hacer valer la ley, por percibirse como una acción falsa, incongruente y selectiva.
Frente al descontento social que hoy impera en México se vuelve inminente algo más que la mera promesa de, ahora sí, hacer cumplir la ley. De ahí la pertinencia y actualidad de las palabras de Dworkin al dejar planteada la siguiente reflexión: “Si no podemos exigir que el gobierno llegue a las respuestas adecuadas respecto de los derechos de sus ciudadanos, podemos reclamar que por lo menos lo intente. Podemos reclamar que se tomen los derechos en serio, que siga una teoría coherente de lo que son tales derechos, y actúe de manera congruente con lo que la autoridad profesa”.
*Abogado y extitular de la Fepade