Un auténtico ombudsman
La figura del ombudsman surge en Suecia a principios del siglo XIX y ha representado para muchos países un contrapeso importante en la desproporción natural que existe entre el Estado y el ciudadano, particularmente en lo que se refiere al ejercicio de la función de ...
La figura del ombudsman surge en Suecia a principios del siglo XIX y ha representado para muchos países un contrapeso importante en la desproporción natural que existe entre el Estado y el ciudadano, particularmente en lo que se refiere al ejercicio de la función de aplicar la ley y restablecer el orden.
En días pasados se ha abierto el proceso para elegir al presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a 22 años del surgimiento de esta institución. Lo cual no puede resultar más paradójico que, mientras México vive una de sus peores crisis en materia de protección a los derechos humanos, hoy exista una disputa política por ocupar esa silla como si fuera la panacea.
No es criticable aspirar a dicho cargo con la intención de mejorar una situación que hoy le da a nuestro país la peor fama internacional por constatarse su violación sistémica por parte de las autoridades responsables de garantizar la seguridad pública y ejercer la justicia, como ha sucedido en Ayotzinapa y Tlatlaya.
Lo que sí es cuestionable, es que quien hoy está al frente de esta cartera tenga la desvergüenza de considerarse reelegible al cargo. No se trata de una apreciación subjetiva, sino de un silencio objetivo que, conforme van apareciendo fosas comunes y se van develando más violaciones en todo el país, aumenta el silencio y la mesura del funcionario.
Esa actitud no es nueva, y es lo que ha convertido a Raúl Plascencia en el primero en la fila de los eventos políticos, pero también lo que hoy lo ha puesto en último lugar para ser considerado como obudsman.
Desde hace varios años la CNDH se encuentra totalmente desdibujada en su función constitucional como defensor del pueblo, pues, con salvadas excepciones, sus titulares se han preocupado más por su imagen y futuro político que por levantar la voz frente a las atrocidades que a diario testificamos en los noticiarios y que siguen ocurriendo.
Es cierto que no todo es atribuible a ese papal mediocre del actual titular de la CNDH, ya que el Estado mexicano lleva años siendo omiso en la atención al tema de los derechos humanos. El mejor ejemplo es la aparente contradicción que se dio con la reforma al artículo 1º constitucional en el año 2011, en la que, de manera declarativa, la Carta Magna le otorga una primacía a la protección de estos derechos frente a todas las autoridades, así como se les mandata a respetar y garantizar su tutela.
Después de que finalmente se dio ese gran paso con casi 30 años de retraso, el legislador federal ahora omitió voltear a ver las atribuciones con las que cuenta la CNDH, para efectivamente poder garantizar la defensa de estos derechos. En particular, llama la atención que ni Raúl Plascencia ni otros titulares anteriores hayan defendido la causa para que las resoluciones de la comisión tengan vinculatoriedad legal y no sigan siendo meras “recomendaciones”. Pues se trata de una medida tímida, que se convierte en auténtico llamado a misa y que resulta irrisorio para quienes son responsables de los atropellos.
Ejemplo de ello es que la propia ley de la CNDH establece que “la recomendación será pública y no tendrá carácter imperativo para la autoridad o servidor público a los cuales se dirigirá”. La acción más contundente a la que está facultada la Comisión es a hacer pública la resistencia de acatar la recomendación, así como a ir a denunciar los hechos ante el Ministerio Público (lo cual puede hacer cualquiera).
En consecuencia, la CNDH ni siquiera tiene capacidad de ejercitar medidas cautelares que permitan cesar temporalmente la violación intencionada de derechos o separar preventivamente a alguien de su cargo.
No se puede calificar de otra manera más que de una omisión deliberada del Estado mexicano al negar las herramientas para fortalecer sus capacidades jurídicas que inhiban violaciones a derechos por parte de autoridades. De ahí que sea un aspecto fundamental que quien vaya a ser designado por el Senado como próximo ombudsman, cuente con un perfil con experiencia técnica en la materia y capacidad probada y, sobre todo, tenga la estatura pública y moral —que incluye, por supuesto, credibilidad— que le permita posicionar una agenda legislativa de inminentes reformas a la función que hoy exigimos de un auténtico ombudsman.
*Abogado y extitular de la Fepade