Modo honesto de vivir
Dice nuestra Constitución Política que una de las condiciones para ejercer la ciudadanía y los derechos es contar con un “modo honesto de vivir” artículo 38, fracción II. Es cierto que esta frase puede parecer hueca o que se presta a múltiples valoraciones ...
Dice nuestra Constitución Política que una de las condiciones para ejercer la ciudadanía y los derechos es contar con un “modo honesto de vivir” (artículo 38, fracción II).
Es cierto que esta frase puede parecer hueca o que se presta a múltiples valoraciones subjetivas de lo que para cada quien significa. No obstante, lo que también es incuestionable es que quien participa o resulta cómplice de actividades delictivas no cuenta con ese requisito legal.
Dicen que los valores contenidos en una constitución son en gran medida un fiel reflejo de los anhelos de un país y que recurrimos a ellos cuando en nuestra realidad se ven frustrados. Desafortunadamente eso es congruente con nuestra realidad política y social, pues, somos un país donde la honestidad es vista como una carencia de habilidades para avanzar y en donde lo opuesto no es repudiado severamente ni mucho menos castigado ejemplarmente.
Sin embargo, es cierto que existen muchísimos ciudadanos honorables (la gran mayoría), quienes comparten ese anhelo de construir una nación que cuente con ciudadanos que hagan gala de eso como requisito elemental para merecer acceder a los cargos públicos. Pero hoy para nadie resulta una sorpresa que esa precondición legal sea letra muerta, tampoco que constantemente sigamos conociendo casos de gobernadores, alcaldes, legisladores, militares y jueces, que no sólo representan lo opuesto a la honestidad, sino que ejercen sus funciones coludidos con la delincuencia.
Así como en la década de los noventa nos sorprendieron casos como el de Mario Villanueva, Mario Ruiz Massieu y, por supuesto, el del general Gutiérrez Rebollo; en los últimos años seguimos reuniendo historias como la de Greg Sánchez, Godoy Toscano, Tomás Yarrington; y recientemente la del alcalde de Iguala, José Luis Abarca. Estos sólo son algunos de los casos conocidos, la pregunta es: ¿cuántas más nos faltan por conocer?
Desafortunadamente nadie se ha tomado en serio este tema. Los primeros que deberían cargar una responsabilidad son los partidos políticos que son a quienes les corresponde proponer a los candidatos a cargos de elección popular y, a través de su bases, conocer quién es quién en los territorios que buscan gobernar.
En segundo lugar, sin duda recae la responsabilidad en el Ejecutivo federal, quien tiene la obligación de velar por un sistema federal sano y legítimo; además, porque es en quien recaen las funciones de velar por la seguridad nacional. En tercer lugar, sin duda también debieran de estar las autoridades electorales —tanto el INE, como los órganos locales y las fiscalías de delitos electorales—, pues, su función no sólo debe limitarse a organizar elecciones y tutelar el régimen de partidos, sino también a verificar que los candidatos cumplan fehacientemente con los requisitos para acceder a dichos cargos. Insisto, si las leyes electorales no lo contemplan, no es razón suficiente para quedarse ahí, ya que la Constitución dice claramente que contar con un modo honesto de vivir representa un requisito para ejercer la ciudadanía y, esto a su vez, es una condición necesaria para acceder a los cargos de elección popular.
De ahí que sea necesario asumirse con visión de Estado —y no con pura conveniencia política, como hemos visto— una responsabilidad mayor para que autoridades y partidos políticos blinden al Estado mexicano de ese cáncer social que es la infiltración del crimen organizado en la política nacional y en los poderes públicos. Desde hoy ya se pueden adoptar medidas de responsabilidad con el tema, como que los partidos políticos sometan sus listas de candidatos para que se investiguen sus antecedentes, vínculos y patrimonio antes de acceder a los cargos públicos
Otra formula efectiva sería que se retome el liderazgo y dinamismo político que representó durante los últimos dos años el Pacto por México, para que ahora se hagan los ajustes normativos e institucionales necesarios que garanticen que quienes busquen acceder a cualquier cargo de elección popular, antes cumplan cabalmente con ese tan anhelado “modo honesto de vivir”.
*Abogado y extitular de la Fepade