Consultas popular-istas
¿A quién no le gustaría ganar más dinero?, ¿quién preferiría no pagar impuestos?, ¿quién desearía que las ganancias del petróleo se repartieran en partes iguales?, ¿quién preferiría no tener que gastar en funcionarios públicos o instituciones del Estado?, ¿a ...
¿A quién no le gustaría ganar más dinero?, ¿quién preferiría no pagar impuestos?, ¿quién desearía que las ganancias del petróleo se repartieran en partes iguales?, ¿quién preferiría no tener que gastar en funcionarios públicos o instituciones del Estado?, ¿a quién no le gustaría deshacernos para siempre de nuestros “H” legisladores que hacen todo menos representar con seriedad los intereses colectivos?... Antes preguntas obvias, las mismas respuestas.
Ese es el mal endémico con el que nace la figura de la consulta popular. Así nuestra clase política está haciendo un hazmerreír de este mecanismo útil y necesario en una democracia deliberativa y participativa. La causa: un raciocinio político primitivo, inmadurez democrática, incapacidad de ver un interés nacional, y desprecio a los ciudadanos y electores. Los culpables: PRD, PRI y PAN (en orden de aparición).
Nuestros parlamentarios federales que hoy suben pomposamente a tribuna para presentar ingeniosas iniciativas que estiman necesario someterlas a la consulta popular para inaugurar la figura, pero no reparan en que hacen evidente su incomprensión de lo que la Constitución Política se refiere como un mecanismo para consultar sobre temas de “trascendencia nacional”. La incomprensión radica en que el concepto de lo que es trascendente sólo tiene cabida en la medida en que existan alternativas viables y que generen efectos positivos para el país. Por el contrario, lo que nos presentan los sesudos legisladores son pequeñas dosis de Alka-Seltzer que, como dice la propaganda del producto medicinal, “ayudan a reanimar el cuerpo” (del ánimo colectivo), a sabiendas de que no son soluciones para corregir los problemas sistémicos que presentan nuestras instituciones.
Ejemplo de ello es la más reciente de las peticiones presentadas por un grupo de senadores del PAN y del PRD, mediante la cual proponen la siguiente sesuda pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que se emita una ley en que….. se reduzca en un 50 por ciento las percepciones que actualmente perciben el Presidente de la República y altos servidores públicos de la federación?” La contra-pregunta para algunos sería: ¿y por qué no 100 por ciento?; o para otros: ¿y por qué no de una vez suprimir las instituciones? Así se ahorra aún más.
Lo curioso es que, conforme al artículo 108 del texto constitucional, quienes hoy suscriben la propuesta de dicha consulta se encuentran comprendidos dentro del concepto de “servidores públicos de la Federación”; motivo por el cual resulta incomprensible saber por qué aspiraron a dicho estatus legal o cuál es la causa por la que —en congruencia— no han renunciado al 50% de su dieta como representantes populares. La respuesta es obvia: porque se trata de pirotecnia política, de populismo electorero, de reflectores sin mérito y de propuestas facilonas, a sabiendas que no nos lleva a soluciones de fondo como sería preocuparse por transparentar y reducir el gasto público, empezando por la sede que representan.
De ahí que la salvedad que aún queda frente a estos disparates legislativos radica en el examen de constitucionalidad que le corresponderá realizar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para ello, el máximo tribunal tiene la compleja tarea de analizar las propuestas de consulta bajo el tamiz de los requisitos que establece la Constitución y la ley de la materia, dentro de los cuales se encuentra acreditar en la propuesta aprobada que en verdad se trata de un tema de trascendencia nacional.
Es previsible que se tratará de resoluciones polémicas que pueden llegar a desgastar a la Corte por la alta dosis de subjetividad que implica determinar lo que es trascendente. No obstante, resulta un alivio saber que la decisión recaerá en once ministros solventes que no sólo entienden lo trascendente para el país, sino conocen el funcionamiento de las instituciones públicas y el desgaste que pueden llegar a sufrir los mecanismos democráticos por las ocurrencias popular-istas con las que los legisladores pretenden inaugurar la figura.
*Abogado y extitular de la Fepade