El funcionario bravucón
En días pasados Luis David Fernández, director general de Talleres Gráficos de México órgano desconcentrado de la Segob, decidió emprender una burda campaña de desprestigio en contra del Instituto Nacional Electoral INE, al pretender generar miedo e incertidumbre en ...
En días pasados Luis David Fernández, director general de Talleres Gráficos de México (órgano desconcentrado de la Segob), decidió emprender una burda campaña de desprestigio en contra del Instituto Nacional Electoral (INE), al pretender generar miedo e incertidumbre en torno a las medidas de seguridad de los datos personales contenidos en la credencial de elector con fotografía.
La razón es muy simple: Talleres Gráficos de México perdió un jugoso contrato para la elaboración de las 68 millones de credenciales que se deberán emitir en los siguientes años, debido a que su presupuesto era de casi 35% más con respecto a las otras empresas que concursaron. Pero además porque, a juicio de los expertos del INE, la propia empresa del Estado no satisfizo los requisitos de seguridad que hoy se requieren para el manejo y almacenamiento de esa información.
Por lo mismo, el INE decidió otorgar, mediante licitación, ese contrato a la empresa alemana Giesecke & Devrient, por un monto de 45 millones de dólares, lo cual ocasionó el enfurecimiento del funcionario de la Segob, que lo llevó a ponerse al tú por tú con el presidente del INE, así como a amenazar a la población de que se ponía en riesgo la soberanía y seguridad nacionales al darle a una empresa trasnacional el manejo y control de los datos personales de nuestros connacionales. El funcionario funda su temor en suposiciones como: “Parece que esta empresa tiene sus equipos en Alemania, y es ahí donde nos preocupan mucho nuestras bases de datos”. En otras palabras, hace manifiesta su ignorancia en torno a cuál es el propósito de la contratación de la empresa que participa en la producción de credenciales (lo cual no es algo nuevo), toda vez que por ministerio de ley es el INE el único responsable del manejo de las bases de datos personales que los ciudadanos brindamos al Registro Federal de Electores para obtener nuestra credencial.
Pero además porque, de comprar el argumento de la desconfianza extrema de la extraterritorialidad de una empresa extranjera que le pueda brindar servicios a una institución pública, caeríamos en el absurdo de que nuestros funcionarios sólo podrían trabajar con computadoras “hechizas” y tendrían que movilizarse en carretas, toda vez que el país aún no tienen marcas 100% nacionales para proveer ambas herramientas de trabajo.
Lo curioso no es entender la manifiesta ignorancia del responsable de la imprenta gubernamental, sino saber por qué la misma Secretaría de Gobernación ha consentido ese embate y protagonismo en contra de un órgano constitucional autónomo y de su presidente. Pues, ¿qué el sentido de la reforma constitucional en materia electoral no era para darle un mayor fortalecimiento a la legitimidad y autonomía del nuevo órgano electoral?
De ahí que, de no tratarse de una tolerancia a la impertinencia del funcionario de la Segob, lo preocupante es que se trate de una estrategia para medir la capacidad de reacción del Consejo General del INE y, por supuesto, para perfilar otros temas que muy pronto vendrán a colación, como es el debate pendiente sobre la coexistencia de la cédula de identidad nacional y el Registro Federal de Electores y su credencial.
No hay que perder de vista que esta confrontación entre la Segob y la autoridad electoral no es nueva y forma parte de una serie de episodios por el control de la credencial de elector como principal documento de identificación a nivel nacional.
Precisamente lo que ahora sale a relucir es la preocupación por hacerse de un control presupuestal para operar y mantener un registro nacional de ciudadanos de varios miles de millones de pesos al año.
Creo que ambas posiciones pueden encontrar razones legítimas para argumentar a favor de ese monopolio en el instrumento de identificación nacional. Sin embargo, lo que es incuestionable es que ha sido la autoridad electoral la que, a través de los años, ha generado esas condiciones de confianza en el manejo de los datos personales del ciudadano, así como ha brindado las condiciones de certeza para que, en los hechos, se haya adaptado la credencial de elector como el documento principal de identidad; ello aun a pesar del funcionario bravucón.
*Abogado y extitular de la FEPADE