Vivir contando muertos
Al momento que escribo este artículo ya son 97 vidas las que se han llevado los huracanes Ingrid y Manuel en diversos estados de la República, y sobre todo en Guerrero. Es cierto que ante los designios de una naturaleza cada vez más violentada por la propia especie ...
Al momento que escribo este artículo ya son 97 vidas las que se han llevado los huracanes Ingrid y Manuel en diversos estados de la República, y sobre todo en Guerrero.
Es cierto que ante los designios de una naturaleza cada vez más violentada por la propia especie humana, no existen previsiones suficientes ni políticas que garanticen que los desastres naturales no tendrán consecuencias humanas trágicas o irreparables.
Sin embargo, es pertinente preguntarnos cuántas vidas se hubieran podido salvar en este incidente de la naturaleza con medidas adecuadas de protección civil y de atención de desastres; o cómo atenuar los efectos de un fenómeno de la naturaleza incontrolable, pero sí previsible.
No obstante la diligente actuación que ha mostrado el presidente Peña Nieto ante la tragedia, al suspender su agenda para atender a los damnificados y coordinar los esfuerzos de su gobierno, lo cierto es que no dejan de ser acciones paliativas que nos delatan como un país reactivo e improvisado en vez de estratégico y preventivo ante lo que ya se conoce que es factible que suceda.
Por regla general la culpa nunca recae en ningún gobernante, pues se mira con indulgencia a quien le tocó lidiar con una crisis que no estaba prevista y lo peor es que pasado el episodio, nadie se acuerda de lo que se requeriría para no volver a vivir lo mismo.
Hoy México conmemora 28 años del mayor sismo que sacudió al país y nuestra reacción es hacer un megasimulacro para simular una responsabilidad de la que carecemos. Dicho por los expertos: en el territorio nacional seguimos expuestos a volver a tener un sismo igual o de mayores dimensiones a las del año 85 y seguimos sin contar con políticas de protección civil y sistemas de emergencia suficientes para enfrentarlo.
Nuestro flamante responsable de protección civil a nivel federal, Luis Felipe Puente, conoce de la materia lo mismo que seguramente sabe de ingeniería espacial. Su mérito para ocupar un cargo que exigiría un mínimo de conocimientos técnicos, se basa en haber trabajado previamente en el gobierno del Estado de México y ser un militante del PRI cercano a los afectos presidenciales.
Ello explica la razón por la que aun y cuando la Conagua informó con cinco días de anticipación sobre la magnitud del fenómeno natural —por la coincidencia de dos huracanes de esas dimensiones a la vez—, al funcionario de la Segob no le corrió prisa y decidió convocar a las instancias gubernamentales involucradas en reaccionar hasta el día previo a la salida de vacaciones y cuando el agua ya estaba desbordándose.
Por esa misma carencia de conocimiento y sensibilidad, es que tampoco alertó a la población de la magnitud del evento con la finalidad de que ésta pudiera tomar previsión y cancelar sus viajes; en cambio, el criterio fue minimizar la alerta y alentar la jugosa derrama económica que auguraba el puente vacacional.
Justamente porque aspectos tan sensibles para una población como son las políticas de protección civil y de prevención de desastres no pueden depender de funcionarios no aptos e irresponsables, es que deben dejar de ser una cuestión de gobiernos para convertirse en una política de Estado.
Para ello es necesario retomar el enfoque de la prevención de desastres como un asunto de Seguridad Nacional avalado por el Congreso de la Unión, lo cual exige una valoración anual de riesgos que determine de manera preventiva las acciones a seguir en caso de ocurrencia.
Sólo en esa medida dejaremos de ser un país improvisado y que periódicamente vive contando muertos.
*Abogado y ex titular de la Fepade