El espionaje inducido
Para Santiago, mi hijo, que ayer llegó al mundo. Apesar del reciente descaro del gobierno de Estados Unidos, es cierto que las prácticas de contrainteligencia y espionaje entre naciones han sido una cuestión recurrente a través de la ...
Para Santiago, mi hijo, que ayer llegó al mundo.
Apesar del reciente descaro del gobierno de Estados Unidos, es cierto que las prácticas de contrainteligencia y espionaje entre naciones han sido una cuestión recurrente a través de la historia de la humanidad. Particularmente cuando en una lógica de Estado la finalidad es prevenir amenazas y riesgos que pueden ser causados por un país enemigo o donde convergen intereses estratégicos.
La reconocida vocación de la superpotencia del norte de espiar e infiltrar a distintos gobiernos a nivel global, cobra mayor sentido cuando se trata de un país vecino y geopolíticamente estratégico para ellos, como lo es México.
Los nuevos episodios de la serie de escándalos provocados por el ex agente Edward Snowden ahora han revelado que entre las tareas de espionaje político se encontraba el entonces candidato y hoy presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Resulta natural que una noticia de tal magnitud genere conflictos diplomáticos y afecte la confianza en una relación que de suyo es compleja e históricamente ha estado presente el recelo y la desconfianza.
Ahora bien, vale la pena dar la justa dimensión de lo ocurrido, toda vez que no se puede alegar una violación a la soberanía nacional, debido a que lo que hasta ahora conocemos es que se espiaba no al mandatario mexicano, sino a un candidato con amplias posibilidades.
La pregunta que surge es cuál fue la causa para que el gobierno estadunidense tuviera un particular interés en recabar información del candidato presidencial. La respuesta es que no se trató de un simple capricho de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) para reafirmar su papel de policía del mundo, sino que fue una preocupación legítima que fue detonada por el propio gobierno del ex presidente Felipe Calderón.
Durante el último año de ese sexenio, en los círculos de Washington fue conocido que diplomáticos mexicanos adscritos a esa embajada emprendieron una campaña de desprestigio en contra de Enrique Peña Nieto. El dato que de manera dolosa soltaban a distintos círculos del gobierno de EU es que, de llegar el candidato del PRI a la Presidencia de la República, habría un retroceso mayúsculo en la lucha contra el crimen organizado y el combate a las drogas. La razón que esbozaban para sostener tal infamia es que Peña Nieto seguiría la misma estrategia empleada en los años ochenta y noventa por diversos miembros de su partido (particularmente ex gobernadores), mediante la cual los círculos del poder negociaban con los principales narcotraficantes.
Esa campaña calumniosa fue la principal razón por la que el nuevo gobierno ni siquiera consideró al embajador Arturo Sarukhán para ningún cargo diplomático relevante.
Por el contrario, le permitió al actual Presidente enterarse de las prácticas entreguistas a los norteamericanos y carentes de visión del interés nacional. Tal es el caso del reciente escándalo en el que salió a la luz que diversos equipos de intercepción de comunicaciones que fueron donados por Estados Unidos, en el marco de Iniciativa Mérida, servían para enterar a los estadunidenses de múltiples aspectos de interés estrictamente nacional que el gobierno de México irresponsablemente consintió.
De ahí que, so pretexto del agravio a la privacidad que los estadunidenses han causado al presidente Peña Nieto, hoy resulte más que pertinente replantear la relación bilateral en los temas de seguridad e inteligencia, para que exista una meridiana claridad en que podemos ser aliados estratégicos en esos temas siempre que la cooperación se base en una lógica de respeto, lo cual a su vez implicará dejar de ser los empleados en que nos estaban convirtiendo.
*Abogado y ex titular de la FEPADE