La reforma política y el batidillo
El condicionamiento que ha hecho el Partido Acción Nacional hace unos días para no discutir la reforma energética hasta en tanto no se dé la reforma política y electoral, es un error político que probablemente haga que ambas discusiones se estanquen. Someter como ...
El condicionamiento que ha hecho el Partido Acción Nacional hace unos días para no discutir la reforma energética hasta en tanto no se dé la reforma política (y electoral), es un error político que probablemente haga que ambas discusiones se estanquen.
Someter como rehén al gobierno federal para que la discusión de la reforma a la industria petroquímica y de extracción del crudo y sus derivados se dé sólo si previamente se discute y vota favorablemente el perfeccionamiento de nuestro sistema electoral, es tanto como augurar una reforma electoral hecha al vapor o deliberadamente matar la posibilidad de discutir y aprobar una reforma urgente para la modernidad económica y viabilidad financiera del país, como lo es la energética.
Si a esa exigencia agregamos otra nueva que consiste en no discutir exclusivamente la reforma al sistema electoral sino ampliar la discusión para terminar con el principio constitucional de la no reelección, eso significa diferir ad perpetuam los cambios necesarios en ambos temas.
Es de suyo altamente complejo el planteamiento de reformar el sistema electoral para unificar a nivel nacional las instituciones que organizan elecciones y dirimen controversias en la materia. Si bien existen grandes bondades en la propuesta hecha por el PAN con la creación del Instituto Nacional de Elecciones (INE), lo cierto es que una reforma de este calado no puede hacerse de la noche a la mañana ni con ligereza, pues implica una reforma de fondo al sistema de federalismo que rige las relación de la Federación con las 32 entidades de la República.
El peligro de discutir con prisas un tema tan importante para la renovación de los poderes públicos y de nuestros gobernantes, radica en que el sistema que hoy funciona —con todo y sus deficiencias— podría dejar de funcionar por una falta de previsiones para que se den todos y cada uno de los ajustes necesarios que permitan hacer converger a un sistema electoral unificado.
Se trata, pues, de una reforma que exige una ingeniería constitucional compleja, lo cual va desde la reforma al artículo 41 y 116 de la Constitución General, hasta reformas a la totalidad de constitucionales locales. Aunado a ello también implica un rediseño institucional del IFE, institución que hoy goza del reconocimiento y credibilidad para organizar elecciones a nivel federal, así como subsumir los institutos y tribunales locales a un esquema nacional.
Lo anterior no es imposible y podría tener grandes ventajas, pero requiere una seriedad y tecnicismo que no se ve en la propuesta legislativa que presentó el PAN hace algunas semanas.
Un aspecto que hace todavía más compleja la discusión y acuerdos entre las fuerzas políticas es si además de las consideraciones anteriores, se condiciona la discusión a la aprobación de una reforma política que incluya el tema de la reelección de legisladores federales y de presidentes municipales.
Cabe recordar que los antecedentes al principio constitucional de la no reelección datan desde la Constitución de Cádiz de 1812 y su eliminación o acotamiento en el texto constitucional ha sido objeto permanente de división y desacuerdo político. Tal como lo sostuvo Emilio O. Rabasa, la idea antirreleccionista se encuentra viva en la conciencia del pueblo mexicano y, por lo mismo, sigue formando parte del ADN nacional.
No se desconoce que la propuesta hecha por el PAN para entrar a discutir la reelección legislativa y municipal habla de una visión de modernidad política y que tiene grandes bondades para la eficiencia institucional y rendición de cuentas. Sin embargo, el punto en el que se insiste es que se trata de un tema que requiere amplia discusión y conciencia colectiva por tratarse de un cambio de fondo.
De no tomarse el tiempo necesario para ello o de no hacerlo con el suficiente rigor, se corre el riesgo de afectar un sistema funcional y poner en peligro en lo inmediato la viabilidad democrática del país. En otras palabras, si se confunden peras con manzanas y se mete todo en la misma licuadora, acabaremos presenciando un batidillo.
*Abogado y ex titular de la Fepade