El desacato flagrante: IFE

El árbitro electoral violó la ley al recurrir a tácticas dilatorias para aplazar la votación.

En días pasados se confirmó en los hechos el no acatamiento por parte de la Cámara de Diputados para cumplir con la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) en la que le ordenó cubrir de inmediato la vacante del Consejo General del IFE que hace seis meses dejó don Sergio García Ramírez y, en consecuencia, dicho órgano parlamentario nombre al nuevo consejero electoral.

Lo anterior se ha vuelto un galimatías para cualquier observador, no sólo por la resistencia de los partidos políticos de oposición (PAN y PRD) que desde un inicio se manifestaron en contra de nombrar en lo inmediato al consejero faltante, sino porque era inexplicable la urgencia que mostró la fracción parlamentaria del PRI por “hacer cumplir la ley”, cuando en 2011 ellos mismos desacataron flagrantemente la ley y ejercieron durante 14 meses todo tipo de prácticas dilatorias para nombrar a los tres consejeros en ese entonces faltantes.

Sin embargo, pese a ese vicio de incongruencia hay que decir que hoy técnicamente le asiste la razón al PRI, toda vez que la ley electoral (Cofipe) establece expresamente que de darse la falta absoluta del consejero presidente o de cualquiera de los consejeros electorales, la Cámara de Diputados procederá “en el más breve plazo” a nombrar al sustituto.

La razón de una disposición de esta naturaleza está en el mismo diseño orgánico y funcionamiento del Consejo General del IFE, ya que la distribución de muchas de sus decisiones en las que se desahogan temas fundamentales se da a través del funcionamiento de comisiones que no pueden quedar incompletas por mucho tiempo.

La otra explicación es por el desequilibrio que una vacante puede llegar a generar respecto del número previsto por el legislador para la composición idónea del órgano (de nueve integrantes), generando la posibilidad de empates en votaciones sobre temas fundamentales para la vida democrática nacional.

Ejemplo de otro desacato a la ley es también la arbitraria posposición que en tres ocasiones la mayoría de miembros del Consejo General del IFE hizo para no entrar a conocer los dictámenes de fiscalización que presentó la unidad respectiva sobre los gastos de los partidos en la elección presidencial e imponer las sanciones correspondientes. So pretexto de “actuar responsablemente” por faltarles tiempo para analizar un cúmulo importante de hojas y que existían errores, el árbitro electoral violó la ley al recurrir a tácticas dilatorias para aplazar la votación durante seis meses y no perjudicar a determinados partidos antes de que se llevaran a cabo las elecciones del 7 de julio.

Es decir, lo que hoy tenemos como un desacato flagrante a la ley y a la sentencia del TEPJF por parte de la Cámara de Diputados, al retrasar por seis meses el nombramiento del consejero electoral faltante, no dista mucho del desacato de la mayoría de integrantes del IFE para retrasar por un periodo similar su obligación de sancionar en tiempo y forma a quienes rebasaron los topes de gastos de campaña.

El interrogante que surge ahora ante el desacato generalizado de partidos y autoridades es si quedará sin consecuencias y se tolerará la negativa de los legisladores para nombrar al noveno consejero. Ello es preocupante debido a que desde el momento en que el TEPJF admitió el asunto planteado por el PRI, debió de haber previsto los medios de apremio para hacer valer su sentencia frente a una probable negativa.

De ahí que en aras de hacer valer la supremacía que la Constitución le confiere, los magistrados del Tribunal hoy no tienen opción más que establecer un plazo perentorio para que los diputados nombren a la brevedad al próximo consejero electoral o, de lo contrario, hacerlo ellos mismos en plenitud de jurisdicción (como ya ha sucedido a nivel local). De lo contrario, con este desacato se estaría mermando gravemente la autoridad que le corresponde frente a los partidos como máximo órgano en materia electoral.

                *Abogado y ex titular de la FEPADE

                jlvar.excelsior@gmail.com

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