Sí al INE
La experiencia de las 14 elecciones que se celebraron en el país evidenciaron la pertinencia de tomar con seriedad la propuesta de un rediseño del pacto federal para que la organización de los procesos electorales locales y federales las realice un Instituto Nacional de ...
La experiencia de las 14 elecciones que se celebraron en el país evidenciaron la pertinencia de tomar con seriedad la propuesta de un rediseño del pacto federal para que la organización de los procesos electorales locales y federales las realice un Instituto Nacional de Elecciones (INE).
Desde principios de los 90 ha existido una apuesta por construir y perfeccionar un andamiaje institucional que organice las elecciones, que garantice el ejercicio de los derechos políticos y que supervise las actividades de los partidos políticos. La muestra mejor lograda de esa apuesta colectiva es sin duda el Instituto Federal Electoral (IFE).
Con el tiempo el IFE ha vivido altas y bajas en su joven vida; sin embargo, lo que ha logrado frente a los ciudadanos es la estandarización de un método para realizar elecciones que generan certeza y confianza.
Las prácticas de fraude han quedado atrás y difícilmente se puede alegar que existan elecciones fraudulentas en México. Ese éxito para garantizar certeza y confiabilidad en las elecciones se debe a un factor que ha prevalecido: la desconfianza y las vacunas efectivas traducidas en normas, métodos y procedimientos de control y vigilancia para combatirla.
Esas cartas de triunfo han abonado en un sistema electoral más confiable, pues se han generado métodos estandarizados que la mayoría de las legislaciones locales han copiado del esquema federal, pero también por la credencial de elector y la lista nominal como instrumentos únicos a nivel nacional para ejercer el voto.
Desafortunadamente a nivel local no se ha podido impregnar ese profesionalismo que el IFE ha demostrado con creces a través de su historia. Los institutos estatales electorales han sido una copia disímbola y muchas veces malograda de ese diseño. No se puede desconocer que estas instancias han contribuido a la consolidación de una cultura democrática en los estados y también que han desarrollado algunas prácticas propias, dignas de ser adoptadas por la instancia federal (por ejemplo, la urna electrónica).
Sin embargo, es injustificable defender la permanencia de 32 institutos que duplican funciones y muchas veces no cumplen con los niveles de calidad ni ejercen la autoridad que tienen para hacer valer la certeza, profesionalismo, imparcialidad y equidad que exige la función electoral.
Muestra de ello es el fiasco del instituto electoral de Baja California al declarar inválido el PREP debido a las fallas que presentó el sistema y generar esa falta de certeza que condujo a una crisis política en la entidad. No podemos perder de vista que la responsabilidad de dar resultados y generar certeza en una elección es una de Estado y el único responsable del mal funcionamiento del PREP es la autoridad electoral.
Ello invita a reflexionar sobre la pertinencia de dar de baja a estos institutos y dejar una única institución a nivel nacional. No sólo porque existen las capacidades técnicas para que el IFE convertido en INE se haga cargo de la totalidad de procesos electorales, sino porque implicaría la homologación de procesos y prácticas que hacen de la instancia federal una marca ya probada y que ofrece mejores garantías.
Otro aspecto negativo del domingo pasado fue la violación al principio de equidad por parte de diversos gobiernos, operación que de forma descarada encabezaron algunos gobernadores, como en Puebla y Veracruz.
El principal problema al que nos enfrentamos aquí es que difícilmente se puede garantizar la actuación independiente e imparcial de los institutos locales, si la designación de estos cargos depende exclusivamente de la mayoría de un congreso local que generalmente está comandado por el gobernador de la entidad. Si a ello agregamos la lógica primitiva que impera en los estados, en la que los nombramientos para ejercer la función electoral se centra en que dichas posiciones forman parte del bastión de poder del gobernador en turno, difícilmente el remedio para garantizar la no intromisión gubernamental podrá venir del nivel local.
De ahí que tenga sentido pensar que la vía para devolverle la calidad moral y de árbitros que requieren quienes organizan y vigilan las elecciones locales es evitando que los nombramientos pasen por un tamiz contaminado por la política local. Tal es el caso de los vocales ejecutivos del IFE, que son los funcionarios en quienes recae la responsabilidad de organizar y vigilar los comicios federales en los estados y quienes provienen de un servicio civil de carrera basado en el mérito, el profesionalismo y la experiencia.
Aunado a lo anterior, existe otro argumento que se ha buscado simplificar pero que no es menor: el derroche de recursos que implica tener dos instancias que hacen exactamente el mismo trabajo para propósitos idénticos. El ahorro anual por unificar nuestro sistema electoral a través del INE sería del orden de los cinco mil millones de pesos en cuanto a la operación de estos institutos. Ello no quiere decir que dejemos sin empleo a los cientos de personas que conforman hoy los institutos locales, sino que simplemente que quienes cuenten con las capacidades y profesionalismo que la materia exige sean absorbidos por un servicio de carrera nacional.
Desafortunadamente, lograr un acuerdo de tal magnitud exigiría una voluntad impensable, pues requeriría que una amplia mayoría de los legisladores locales y federales piensen en lo que más le conviene a México y no en lo que les conviene a ellos, a sus gobernadores o hasta a sus compadres.
*Abogado y ex titular de la FEPADE