Hipocresía de Estado
Dentro de los múltiples significados que existen sobre el concepto de Estado en teoría política, está el que se refiere a Estado como el conjunto de elementos conformado por un territorio determinado, instituciones públicas y la sociedad en su conjunto. A este concepto ...
Dentro de los múltiples significados que existen sobre el concepto de Estado en teoría política, está el que se refiere a Estado como el conjunto de elementos conformado por un territorio determinado, instituciones públicas y la sociedad en su conjunto. A este concepto me referiré.
La suspensión temporal de las negociaciones del Pacto por México por parte del PAN y el PRD con el PRI y el gobierno federal, tuvo como causa diversos hechos que apuntaban a la tentativa de delitos electorales en el Estado de Veracruz, producto del presunto uso y condicionamiento de programas sociales por parte de funcionarios de la Sedesol, en combinación con otros del gobierno de esa entidad.
Más allá de las particularidades del caso concreto, llama la atención que la utilización ilícita de recursos públicos y programas sociales con fines electorales por parte de quien detenta el poder es un problema recurrente en cada proceso electoral, sin importar el partido político.
En procesos electorales anteriores han existido diversos escándalos por causas idénticas, en las que se ubicaba como responsables a los partidos políticos que hoy son los denunciantes. Como ejemplo, cabe recordar que durante el sexenio pasado se dio el fenómeno denominado “la marea azul”, que consistía en una estrategia para colocar a funcionarios panistas en posiciones del gobierno que resultaban estratégicas para el control y distribución de los recursos y programas sociales, con una evidente finalidad electoral. Hoy casualmente presenciamos el caso contrario: la intención de orquestar en Veracruz una “marea roja” para utilizar programas sociales federales con fines electorales en beneficio del PRI.
Lo verdaderamente repudiable de este patrón de comportamiento de la clase gobernante, es el abuso y utilización de las condiciones de pobreza en las que viven millones de mexicanos, con la finalidad de favorecerse ilícitamente en las urnas.
Es cierto que, más allá de la necesidad, también hay una gran hipocresía a nivel social y mucha gente conscientemente acepta dádivas a cambio de su voto, con lo cual la democracia aún se pervierte más, pues se elimina la posibilidad de contar con el denunciante de estas prácticas. Sin embargo, lo más lamentable es la pantomima a la que ya nos tienen acostumbrados los partidos políticos, en la que periódicamente presenciamos ante los medios de comunicación la forma como se rasgan las vestiduras por el desvío de recursos públicos y de programas sociales por parte del contrincante que está en el poder.
Esto es lo que presenciamos en días pasados por parte del PAN y del PRD, lo cual dio pie para la puesta en escena de lo que nos presentaron como el addendum del Pacto por México. En esta ocasión parece que caímos en el teatro del absurdo, pues con tal de que dichas fuerzas políticas aceptaran volverse a tomar la foto con el gobierno federal —quien se está convirtiendo en su titiritero— exigieron la firma de clausulas ridículas. Cito sólo tres joyas que denotan la clase política con la que contamos: 1) comprometerse a —ahora si— cumplir la ley; 2) comprometerse a que en las próximas elecciones —ahora sí— no haya utilización de programas sociales con fines electorales y, 3), Asegurar que todos los partidos respetarán la palabra empeñada.
Lo más curioso de esta nueva escenificación que se ha denominado “blindaje electoral”, es que en la comisión responsable de velar por estos acuerdos participa medio mundo, excepto la Fepade, que es la instancia legalmente facultada para conocer sobre lo que desde hace casi 20 años es un delito, y que corresponde al Ministerio Público perseguirlo de oficio.
No es coincidencia que desde diciembre de 2011 se encuentre en la congeladora de la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas integrales a los delitos electorales, la cual fue dictaminada favorablemente por todos los partidos políticos, pero de último momento se frenó su votación. La causa es muy sencilla: la falta de incentivos que pueden tener los partidos políticos para fortalecer el marco legal aplicable y la institución encargada de perseguir y sancionar los delitos electorales, si muy probablemente serán los propios partidos los primeros en ser sancionados.
Sólo así es como se puede entender la hipocresía de Estado que presenciamos con el addendum al Pacto por México, lo cual equivale a tomarse una aspirina en vez de corregir el problema de fondo y extirpar de una vez el cáncer a nuestra democracia.
*Abogado y ex titular de la Fepade