Caos legal
Durante las últimas semanas hemos presenciado una serie de protestas sociales que, a los ojos de cualquiera, acaban siendo actos vandálicos que transgreden por mucho los límites a la libertad de expresión, al derecho a manifestarse y al derecho de autodefensa de ...
Durante las últimas semanas hemos presenciado una serie de protestas sociales que, a los ojos de cualquiera, acaban siendo actos vandálicos que transgreden por mucho los límites a la libertad de expresión, al derecho a manifestarse y al derecho de autodefensa de determinadas comunidades.
Me refiero a los movimientos de “maestros” en Guerrero, encabezados por la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG), así como por el movimiento de “estudiantes” encapuchados que recientemente tomó el edificio de la rectoría de la UNAM, señalando como causa la expulsión de cinco de sus compañeros del CCH Naucalpan.
En ambos casos, lo que ha prevalecido es la impunidad frente a actos que afectan los derechos de personas ajenas a sus causas, como fue el caso del bloqueo de la autopista México-Acapulco que dejó varadas por horas a miles de personas, ocasionándoles graves daños y riesgos.
En el caso de Guerrero, queda claro que las autoridades locales no sólo están rebasadas, sino que, además, se agrava con la incompetencia e irresponsabilidad del gobernador.
No muy distante es el caso de la UNAM, que motu proprio de sus invasores hace unos días fue desalojada, prevaleció el doble discurso del “sí, pero no” de las autoridades universitarias, es decir, sí a la aplicación de la ley, pero no a actos de autoridad ni uso de la fuerza pública.
En ambos casos lo que está de telón de fondo es que ninguna de estas autoridades está dispuesta a tomar decisiones que impliquen asumir el costo de hacer valer la ley. Es decir, anunciar que ya se presentaron denuncias ante la PGR —como lo hizo el rector Narro— sin solicitar la intervención formal de la fuerza pública para desalojar a los jóvenes de las instalaciones, es tramposamente endosarle las acciones incomodas a otras autoridades para que sean ellos los supuestos represores.
Para aplicar la ley en ambos casos ya no es suficiente el diálogo y las buenas intenciones de querer arreglar las cosas, pues como se dijo, existen violaciones graves al orden público y a los derechos de terceros que deben ser castigados y reparados.
Son éstas las situaciones donde, para hacer valer la ley frente a violaciones flagrantes, resulta necesario recurrir a la última razón del Estado, que es el ejercicio del aparato punitivo, como piedra angular para restablecer el orden legal y social.
Cuando ello no ocurre, se genera esa sensación de desgobierno y caos generalizado que deslegitima la autoridad del Estado y propicia que emerjan esos impulsos anárquicos que trasgreden el interés colectivo.
Hans Kelsen señaló que el uso de la fuerza es necesario y está autorizado ante conductas y circunstancias de hecho, que previamente han sido acordadas, y que son socialmente perjudiciales o indeseadas para garantizar la seguridad colectiva y la conservación del sistema social.
De lo contrario, dice el jurista alemán, se genera una situación de caos que pone en riesgo el principio de legalidad, cuya premisa debe ser la aplicación general, abstracta y en condiciones de igualdad de la ley.
De no ser así de claro y tajante corremos el riesgo de caer en los absurdos y las incongruencias a las que estamos llegando. Cómo explicarle a un niño al que le queremos impartir valores de civismo, que resulta reprobable y contrario a la ley tomar las instalaciones de los planteles educativos por parte de los estudiantes, si previamente el mismo menor ha sido testigo del secuestro impune de las vías de comunicación y daños al patrimonio público de quienes se dicen impartidores de esos valores (los maestros).
Tristemente las autoridades responsables de evitar que se den estas distorsiones de lo que es y debe ser legal frente a la abyecta ilegalidad, son quienes en la mezquindad de sus cálculos, para no asumir los costos políticos, acaban propiciando el caos de la legalidad.
De lo que no se dan cuenta es de que nuestra sociedad ha cambiado y mucho, y la aplicación legítima de la ley como medida para frenar los abusos de los inconformes, hoy no sólo no es vista como una acción represora, sino como una característica de autoridad responsable y de buen gobierno.La pregunta es: ¿quién lo va a hacer?
*Abogado y ex titular de la Fepade