La tropicalización de la credencial de elector
En días pasados nos enteramos de que en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores se aprobó por unanimidad una iniciativa que busca incluir en la credencial de elector con fotografía del IFE el tipo de sangre de los ciudadanos, así como la manifestación ...
En días pasados nos enteramos de que en la Comisión de Gobernación de la Cámara de Senadores se aprobó por unanimidad una iniciativa que busca incluir en la credencial de elector con fotografía del IFE el tipo de sangre de los ciudadanos, así como la manifestación de su voluntad para la donación de órganos.
Más allá de las buenas intenciones de los legisladores que caen en ocurrencias, la propuesta revela ignorancia en el conocimiento del instrumento de identidad y la finalidad e importancia que tiene este tema.
Desde hace por lo menos dos décadas ha habido una discusión importante en torno a los alcances de la credencial de elector como medio oficial de identificación a nivel nacional. Ello debido a que no siendo un medio de identificación que haya sido creado para tales propósitos, en la práctica se ha convertido en el carnet de identidad de los mexicanos y hoy casi 80 millones de mexicanos cuentan con este instrumento de identidad. Lo cual es de aplaudirle a la autoridad electoral la labor titánica que ello ha implicado.
Cabe recordar que los orígenes de la credencial de elector datan de la conformación del primer Catálogo General de Electores, que se dio en la reforma electoral de 1990 y que partió de las necesidades de nuestra transformación democrática de la época para generar una base de certeza y confianza en los ciudadanos con posibilidad de ejercer su voto. Tal como lo describe José Woldenberg en un reciente libro, se trató de un paso fundamental para la construcción de nuestro sistema electoral que implicó arrancar de cero y cuyo propósito principalmente era erradicar “las sombras de entonces”, es decir, “fantasmas y rasurados”. En otras palabras, que se pusiera fin a las prácticas en las que presuntamente votaban personas inexistentes o muertas o que se impedía que votaran ciudadanos que tenían plena capacidad al ser recortados de los listados.
En los últimos años hemos presenciado un debate acalorado entre el IFE y la Secretaría de Gobernación, en torno a la iniciativa de generar un documento único de identidad. Esta discusión se centra en que no existen coincidencias sobre quién debe ser la autoridad responsable del control y administración del documento, toda vez que de convertirse oficialmente en la vía única de identificación oficial, dejaría de tener pertinencia que sea el IFE quien detente el control de este instrumento y se podría prestar a un uso político u oficial del cual ya hubo precedentes.
El IFE ha dado plena confianza y certeza a los ciudadanos en el resguardo y manejo de la información personal contenida en la credencial de elector, así como autenticidad. Sin embargo, también es cierto que para que sea un auténtico documento de identidad se requiere otro tipo de información y verificación que le corresponde más a las autoridades poblacionales y de seguridad. Ahora bien, también hay que decir que en esta discusión además de las razones técnicas, existen otros intereses que versan sobre las implicaciones políticas y de poder en el control de dicha información (el año pasado le costó al IFE 884 millones de pesos su actualización y manejo).
Lo curioso en esta disputa de poder es que nadie se ha preguntado qué es lo que el ciudadano espera de su carnet de identidad. En concreto, una cédula de identidad requiere que sea absolutamente confiable —lo cual el IFE ha logrado con creces garantizar—, pero también que su trámite no sea oneroso para el ciudadano. Para lo cual el documento de identidad debe contar esencialmente con la información personal necesaria y vigente que nos permita identificar que somos quien decimos ser y que esos datos están plenamente corroborados por el Estado.
Lo curioso de todo este anecdotario en torno a la credencial de electores como documento de identidad, es que los legisladores han obviado todas estas cuestiones de fondo y se han concentrado en sus buenas intenciones, como es la donación de órganos o de sangre. En esa visión banal y superficial que hoy hacen nuestros representantes populares, la pregunta entonces es por qué limitarnos y no permitir que cada ciudadano agregue lo que nos parezca son nuestros datos relevantes, como podría ser: el nombre de mi mascota, las preferencias políticas o sexuales, o hasta una referencia a nuestra última voluntad. Así, finalmente acabaríamos de inventar el hilo negro y le daríamos ese toque tropical que hoy se busca en nuestro documento de identidad nacional.
*Abogado y ex titular de la Fepade