El chivo en cristalería del IFE
Hace unos días fuimos testigos de un nuevo escándalo al interior de nuestras instituciones democráticas, lo cual esperemos que no se convierta en una mala costumbre que afecte gravemente la imagen pública de las instituciones de ventilar las grillas internas. En esta ...
Hace unos días fuimos testigos de un nuevo escándalo al interior de nuestras instituciones democráticas, lo cual esperemos que no se convierta en una mala costumbre que afecte gravemente la imagen pública de las instituciones de ventilar las grillas internas.
En esta ocasión se trató de un conflicto suscitado al interior del IFE por su contralor general, Gregorio Guerrero Pozas, quien despotricó públicamente en contra de la totalidad de los consejeros electorales y su presidente.
La razón obedeció a que la totalidad de consejeros estimaron improcedente, y por lo tanto votaron en contra, una resolución que presentó el contralor en contra de Fernando Santos Madrigal, un ex servidor público del IFE de larga trayectoria, a quien le imputaba irregularidades graves en la compra de un inmueble ubicado en Acoxpa.
El problema en concreto surge porque, derivado de la auditoría practicada por la contraloría, se detectó que había distintos avalúos con montos y fechas radicalmente distintas; mientras que uno realizado en diciembre de 2008 le confería un valor al inmueble comprado por 118 millones de pesos, el que finalmente sirvió para determinar el monto pagado, que fue practicado en noviembre de 2009, emitió un valor de 262 millones, con lo cual el pago del IFE por la compra-venta del predio de Acoxpa acabó siendo de 225 millones de pesos. La razón es muy sencilla: en el inter entre el primer avalúo y el considerado como válido, de casi un año de diferencia entre uno y otro, el dueño del inmueble le practicó una remodelación y ampliación total a dicho inmueble por un valor de 107 millones de pesos (acreditado en facturas), motivo por el cual, si sumamos el precio del primer avalúo más lo invertido nos da exactamente el monto de lo pagado por el IFE, lo que aún sigue por debajo del avalúo final.
La primera pregunta que salta es si el contralor tiene la capacidad legal de controvertir las decisiones del máximo órgano de decisión del IFE. La respuesta es obviamente que no la tiene y de ahí que haya recurrido a la intentona del escándalo público en contra de los consejeros electorales del IFE.
Quien tenga interés en allegarse a las razones reales que motivaron la rotunda negativa de los integrantes del Consejo General del IFE a la resolución planteada, conviene no quedarse en los argumentos superficiales de la tolerancia a la impunidad y allegarse a la resolución en cuestión. De ahí se desprende una cantidad importante de inconsistencias y falta de la mínima seriedad por parte del contralor, como lo es partir de un procedimiento sancionador de la conclusión de que el funcionario en cuestión era culpable, en vez de iniciar por las premisas que llevan a probar su culpabilidad.
Bajo dicho método inquisitorial, no importaban los argumentos que esgrimiera el inculpado, pues todo lo que dijera sería usado en su contra. Esto es palmario con la ignorancia manifiesta que se observa en una parte del documento en la que se afirmar que en dicha materia —es decir, la de los procedimientos administrativos sancionadores, producto de un ejercicio de auditoría como el practicado— no es aplicable el principio de presunción de inocencia.
Si a esa mínima noción del debido proceso y falta de seriedad y objetividad en la valoración de las pruebas que llevan a una autoridad a determinar la culpabilidad o no de una persona, le añadimos el ímpetu de notoriedad pública que ya había demostrado en ocasiones anteriores el funcionario (caso bodegas de Tláhuac), entonces nos encontramos ante el caso de un auténtico chivo en cristalería que trae una agenda propia. Tal afirmación se constata con sus declaraciones públicas calumniosas y faltas de institucionalidad, al señalar que “los consejeros del IFE se han agachado a esconder la mugre debajo del tapete”, o al amenazar que propondrá a los legisladores una reforma para que nadie revise las decisiones de la Contraloría.
Afortunadamente, no se trata de un dicho contra el de nueve consejeros electorales, que cabe señalar la dificultad que implica obtener la unanimidad en la votación de asuntos mediáticamente tan delicados, sino que para nuestra fortuna el IFE es una de las instituciones mejor auditadas de todo el país y donde se ejerce plenamente el principio de transparencia. Ello no sólo porque cuenta con una contraloría técnicamente autónoma (no absolutamente autónoma, como confunde el contralor), sino porque además todas las cuentas de la institución son escrutadas por la totalidad de partidos políticos nacionales, así como por la Auditoría Superior de la Federación.
Pero más allá de todo el zafarrancho ocasionado por Guerrero Pozas, la conclusión es que con este incidente se ha demostrado que el diseño institucional funciona. Es decir, el contralor del IFE es un funcionario que es nombrado por la Cámara de Diputados, que goza de inamovilidad y de potestades absolutas para ejercer su cargo, excepto una sola, la de estar por encima del máximo órgano de decisión del IFE, que es su Consejo General. La razón, muy simple, el depositario del mandato de velar por los principios constitucionales de certeza, objetividad y legalidad en primera y última instancia es el propio Consejo General. En otras palabras, con lo ocurrido se constata que el IFE está hecho a prueba de chivos en cristalería, la pregunta ahora es: ¿qué se hace con el chivo?
*Abogado y ex titular de la Fepade