El cielo y la tierra de los mexicanos
Durante las próximas semanas estaremos inmersos en un apasionado debate sobre los alcances que tendrá la reforma energética que recientemente anunció el presidente Enrique Peña Nieto. No obstante la claridad del mensaje presidencial al advertir que “Pemex no se vende ...
Durante las próximas semanas estaremos inmersos en un apasionado debate sobre los alcances que tendrá la reforma energética que recientemente anunció el presidente Enrique Peña Nieto.
No obstante la claridad del mensaje presidencial al advertir que “Pemex no se vende ni se privatiza”, ya empezaron las necedades de determinados actores políticos que buscan sacar raja política del tema, insistiendo que la iniciativa para modernizar el sector conlleva la venta y privatización del petróleo de “todos los mexicanos”.
Hay que señalar que el vicio es de origen, pues la ideologización y sobrevaloración que venimos arrastrando del tema del petróleo fue parte de una estrategia gubernamental deliberada de varias décadas en la que se utilizó como un símbolo nacional, con lo cual cualquier iniciativa por modernizar o hacer eficiente el sector siempre fue fustigada.
Por lo mismo, no sorprende que cualquier iniciativa que implique romper el statu quo de la paraestatal ineficiente que extrae el petróleo “de todos los mexicanos”, se traduce en resistencias irracionales y en manifestaciones de nacionalismo barato.
Pensemos, por ejemplo, en un consejo de administración de cualquier empresa o negocio que propongan a sus accionistas hacer determinados cambios que impliquen reorientar los esfuerzos con el fin de modernizar la empresa, aumentar su productividad, generar mayores ingresos y, en consecuencia, aumentar el valor de las acciones de la compañía. Esa iniciativa implicaría —según el consejo de administración— realizar acciones concretas para: 1) hacer eficiente la estructura organizacional de la empresa; 2) alentar la ética corporativa y la responsabilidad social; 3) reducir costos y promover el ahorro de energía; 4) potenciar el mercado en el que compite la empresa; 5) orientar la inversión del negocio hacia actividades de mayor valor y rentabilidad, así como, 6) fortalecer las capacidades de inversión y desarrollo tecnológico para una mayor producción.
Creo que la reacción de los accionistas hipotéticos de esa empresa sería más que favorable, toda vez que las consecuencias lógicas de ejecutar dichas acciones serían las de lograr una empresa más eficiente, moderna y rentable. Lo antes descrito es exactamente lo que el presidente Peña trazó el pasado 18 de marzo como ruta para la reforma integral de la industria petroquímica nacional y particularmente de Pemex.
Sin embargo, al tratarse de un tema que desde el año de 1938 ha venido arrastrando ese contenido ideológico —seudonacionalista— es que cualquier anuncio que implique un cambio o transformación, inmediatamente se interpreta como una amenaza al patrimonio nacional. Inclusive en el imaginario colectivo se revive la caricatura del Tío Sam en donde el personaje aparece conectando unas mangueras a nuestro subsuelo para dejarnos secos de petróleo.
Todo lo antes descrito es mera ignorancia de quienes no entienden que la extracción del petróleo —que va acompañada de la del gas— de poco o nada sirve si no existe la tecnología e infraestructura para explotarse debidamente y generar productos refinados de utilidad práctica para el consumidor final.
Lo más curioso de esa resistencia colectiva a que toquen lo que está debajo de la tierra y que se dice “es nuestro”, es que a diferencia de la explotación de lo que está en el cielo, la lógica es radicalmente a la inversa. Me explico, la reciente propuesta de reformas en materia de telecomunicaciones del Presidente fue más que aplaudida por tratarse de un proyecto modernizador, reformador y que pretende acabar con los supuestos monopolios de Carlos Slim y de las televisoras. Dicho sea de paso, en este caso no podemos hablar de monopolios porque existe competencia (poca o mucha), mientras que en el caso de Pemex sí hay un auténtico monopolio.
Esta propuesta reformadora en materia de telecomunicación alienta la inversión extranjera hasta en 49% del mercado nacional. Casualmente, hasta ahora nadie se ha escandalizado de esto, cuando también se trata de un tema de soberanía nacional el uso y explotación del espacio aéreo.
La pregunta entonces es cuál es la diferencia entre la reforma energética y la de telecomunicaciones, cuando casualmente ambas traen aparejados beneficios similares para el consumidor, que es el ciudadano, como es incentivar la competencia, mejorar la calidad de los productos o servicios, así como la reducción de precios. Desafortunadamente no existe la respuesta, pues lo que está en la tierra tiene un simbolismo intocable, mientras que lo que está en el cielo casi ni se ve.
*Abogado y ex titular de la FEPADE