Crimen y castigo o crimen y trofeo

Nací y crecí en un México que confiaba en que todo delincuente sería castigado. Las excepciones eran tan escasas que se convertían en una leyenda inolvidable a la que se referían como que “nunca se supo”. Por eso, cuando la vida me encargó la investigación criminal de la República, consideré como pecado institucional todo crimen no castigado. Y allí me dejaron durante tres sexenios, sin yo pedirlo ni buscarlo.

Tuve mucha suerte y mucho éxito. Muy bien nos sirvió el designar en personal de carrera a la totalidad de nuestros mandos superiores, tanto en la fiscalía jurídica como en la policía investigadora y en el servicio pericial. Los mandos intermedios combinaban a expertos de carrera con nuevos en formación. Y todo ello fue adicionado con buenos presupuestos, voluntad de servicio, mucha sensatez y modernidad en los sistemas científicos, así como de control, de supervisión y de atención.

El resultado fue que dejamos tan sólo 8% de impunidad, considerando hasta los delitos menores, pero los crímenes graves fueron resueltos y castigados en un 100 por ciento. Eso fue como para presumir ante el mundo. No hubo un sólo reclamo ni de mis jefes ni de las víctimas ni de los medios ni de la opinión pública ni de los gobiernos extranjeros. Hoy, la impunidad alcanza un vergonzante 98%, según los propios datos oficiales.

Lo anterior no es personal porque no soy autobiógrafo, sino que comparto mi testimonio sobre la transformación que, en un tiempo, tuvo la fiscalía mexicana, a la que recibimos aldeana y la entregamos moderna. Después, nuestros sucesores sufrieron varias complicaciones. El crimen creció de manera incontenible, la carga reventó a las instituciones, los presupuestos son insuficientes, las leyes se han deteriorado, no hay el necesario personal técnico de alto rango, el cual es muy escaso y es muy caro. En fin, no hay un remedio fácil.

Esto no es una crítica a las fiscalías, sino un llamado a los gobernantes, a los tesoreros y a los legisladores para que no las abandonen. El caso es que, con culpas de alguien o sin culpa alguna, hemos llegado a ese pavoroso 98% de impunidad, tan vergonzoso ante el mundo, pero, sobre todo, ante nosotros mismos que somos nuestros jueces supremos.

Eso ha hecho de México el país más atractivo para que un abuelo mafioso de cualquier nación recomiende a sus nietos venir a residir y a delinquir en nuestro país. Es uno de los 15 países más ricos del mundo y de los 15 países donde menos se castiga al delincuente. El paraíso para el criminal que quiera riqueza mal habida y protección mal conseguida.

Quizá no se pueda culpar a un Estado por no remitir la pobreza que él no instaló o por no ganar la guerra que él no provocó. Pero es innegable que, de perdida, está obligado a aplicar la ley que el propio Estado expidió. Es muy duro decirlo, pero el gobernante que no puede ni siquiera que se cumplan sus propias leyes ya está perdido. Para Seymour Lipset, ése es el síndrome infalible de la impotencia política y, para Pascal Beltrán del Río, ésa es una metástasis institucional, pero también social.

Porque lo peor es que ahora hay muchos que dicen y que creen que el crimen ya no se castiga, sino que se premia con riqueza, con poder, con fama y hasta con aplauso. Que muchos jóvenes hoy prefieren ingresar a un cártel o, por lo menos, a una padilla que a una universidad o a un politécnico. Que sueñan más con lograr un rango de capo que un título de doctorado. Que pueden mencionar más fácilmente los nombres de los cinco capos más afamados que los de los cinco rectores más prestigiados.

El crimen duele, pero la impunidad enoja. La mezcolanza de dolor y enojo se llama furia y es el ingrediente más peligroso de la política. El dolor es el combustible, el enojo es el comburente y la furia es el carburante. Es lo que tira gobiernos, lo que destruye naciones y lo que marca destinos. Es lo que nos dice el tamaño de la bomba, pero no nos dice el largo de la mecha.