Reformas de la 4T y recortes

Las reformas a las instituciones, por definición, son graduales y sus ritmos difíciles de sujetar a la necesidad de resultados o cumplimiento rápido de promesas de un gobierno, menos a financiarlas. Poner la funcionalidad de un Estado a merced de la transformación de la forma de gobernar, como ofrece el presidente López Obrador, arriesga la viabilidad del cambio. La política de austeridad y los recortes no sólo generan inconformidad, más grave aún, un “parón” que puede sofocar su propia iniciativa.

La disconformidad y hostilidad con la “tijera” cegadora de presupuesto, plazas y puestos, o la centralización en la SHCP de compra y suministros del sector público, se extienden entre dependencias que acusan debilidad operativa para cumplir con sus funciones. La renuncia del exdirector del IMSS, Germán Martínez, es la denuncia más visible de otras sobre el riesgo de que las reformas sean socavadas por medidas de ahorro excesivas, que se aplicarían a programas sociales u obras de infraestructura o al rescate de Pemex. La versión oficial es que las plantillas estaban infladas, el Estado atiborrado de empleados de confianza de gobiernos pasados… la pobreza franciscana, dicen, en nada afecta su marcha.

Pero diversas áreas de la administración pública muestran afectaciones e incluso dificultades para la dispersión de recursos, incluidos los programas sociales. En los primeros cuatro meses de la administración se registra un subejercicio de unos 200 mil millones de pesos, que equivalen a alrededor de 28% del gasto programable. Si bien en cada inicio de sexenio hay una curva de aprendizaje, la política de ahorro puede suponer un mayor freno que la sicosis por la corrupción que señala Alfonso Romo para explicar la desaceleración económica.

El compromiso con la austeridad, eliminación de excesos y privilegios es irrefutable, responde a la aspiración de cambio de las urnas. Incluso la revisión de tabuladores salariales, independientemente de la polémica sobre los parámetros para fijar el salario del Presidente. Pero el trabajo del gobierno es complejo y desconocerlo desde el Ejecutivo equivale a una forma de autoboicot si los recortes le impiden cumplir con sus encargos en áreas indelegables como la educación o la salud. Las capacidades institucionales son difíciles de recuperar cuando se pierden por reformas poco o mal planeadas.

Desde el gobierno, los recortes se ven sólo como ahorros para financiar sus políticas prioritarias, aunque rechazan afectaciones a la marcha de otros programas. Pero la postura es difícil de sostener cuando se observa el impacto en el medioambiente sobre las condiciones para el cuidado de la calidad del aire o en la prestación de servicios de salud, como denunció el exdirector del IMSS. ¿Los recursos no bajan a los programas por dificultades operativas o son producto del debilitamiento de capacidades institucionales? ¿Realmente pueden verse los subejercicios como ahorros?

Otros ámbitos donde también hay focos rojos es en el de la investigación científica o en políticas públicas como el cierre de las estancias infantiles. Pero es difícil determinar, incluso para el gobierno, hasta dónde llegan las consecuencias para el trabajo de instituciones de la seguridad social, del turismo o educación, por ejemplo, con los libros de texto para el ciclo escolar.

El modelo de centralización del combate a la corrupción vía la concentración del manejo de adquisiciones y del presupuesto en Hacienda también preocupa a las dependencias, dado que implica el control en compras y suministros. Es el modelo diseñado por el Ejecutivo para atajar la desviación de recursos públicos, pero también puede derivar en parones a sus funciones y evidencia las tensiones que se generan al interior del equipo de gobierno. Aunque el Presidente no parece preocupado por fracturas internas mientras siga adelante con sus planes y haya con quién reemplazar, rápido, a los inconformes.