Las fuerzas de seguridad, dubitativas y recelosas, no aciertan a saber cómo maniobrar contra el terrorismo porque, al igual que en el mito de Medusa, temen quedar petrificadas si la miran directamente. Evaden nombrarlo como si así pudieran declarar la inexistencia de una amenaza cada vez más real y que cada día cobra mayor presencia como arma de poder del crimen. Pero, lejos de escapar de los graves peligros, la huida semántica desarma al Estado para prevenir y combatir el terror, y deja a la población en un limbo de seguridad sin que ni uno ni otro puedan entender y captar su significado profundo como poderosa maquina criminal. Tanto el atentado de un coche bomba en Michoacán como la declaratoria oficial estadunidense del fentanilo como arma de destrucción masiva representan cambios profundos en la dinámica de los cárteles y en su confrontación con el Estado.
El protagonista de la estrategia anticrimen, García Harfuch, se apresuró a negar que el atentado en Coahuayana correspondiera a un acto terrorista, y las indagatorias de la FGR, de 32 denuncias al respecto, nunca han reconocido el cargo. Entre razones políticas y de seguridad, el gobierno se debate en determinar si su intencionalidad es presionar a la autoridad o infundir terror a la población para acreditarlo, aunque en la percepción pública eso parece fuera de duda.
Pero opta por la narrativa esquiva de confinarlo a un “delito de la delincuencia organizada” o, para ser más claros, como una disputa entre cárteles, del que la sociedad fuera ajena, a pesar de que pocos dudarían hoy de posibles actos terroristas masivos. A lo más reconoce una expansión del crimen organizado en la lucha por los territorios, es decir, lo reduce a un asunto de “los malos”, como si fuera cuestión entre particulares. Cuando, evidentemente, va más allá de saber que es un salto cualitativo de su expansión territorial para poder comprender la finalidad de detonar violencia indiscriminada en cualquier zona urbana llena de personas inocentes, como en la sede de la policía en Coahuayana y la muerte de seis personas y otras tantas heridas, entre ellas menores de edad.
La cuestión es si ignorar los porqués y paraqués prepara mejor para enfrentar el terrorismo, sea interno o por factura externa, o todo lo contrario, si desollar el lenguaje para desorientar su significado legal o controlarlo con narrativas para alejar la atención de nuevas formas de violencia sólo sirve para normalizar y allanar el avance del crimen.
La investigación en Coahuayana deja claro que los autores, presuntamente el CJNG, sabían lo que hacían y por qué lo hacían. Activaron las serpientes de Medusa con un control a distancia para que todo el mundo viera el estallido como mensaje de destrucción de la paz social. La intencionalidad del atentado deja pocas dudas en el marco de eventos concatenados del mayor despliegue militar del Plan para la Pacificación de Michoacán y la conmoción política del asesinato del exalcalde Carlos Manzo un mes antes. Las motivaciones detrás de esquivar el fenómeno se pueden atribuir al riesgo de acreditar la escalada intervencionista de Trump en su guerra contra los cárteles como terroristas y ahora clasificar el fentanilo como amenaza a la seguridad nacional. Pero cerrar los ojos o encubrir con el lenguaje sólo sirve para que el terror siga ampliando los espacios que la autoridad deja en la indeterminación, a merced de sus lógicas y bajo las reglas que impone a la sociedad.
Por lo demás, resulta ingenuo creer que el disimulo reste fuerza a la determinación de Trump de fungir como el Perseo que decapitó a los cárteles. La designación, sin precedentes en el mundo, de los narcóticos de una droga como arma de destrucción tiene implicaciones legales, militares y diplomáticas para combatir el fentanilo fuera de sus fronteras, mucho más allá de la retórica o negacionismo local.
La mejor manera que tiene México de enfrentar los alcances de esa declaratoria, igual que la “expansión” de los cárteles, es aplicar sus propias leyes contra ambas amenazas. El delito de terrorismo está claramente recogido en el artículo 139 del Código Penal Federal como actos que causen terror en la población, atenten contra la seguridad nacional o presionen a la autoridad, y fortalecer su definición constitucional si lo necesitara para mirar el terror de frente como vía real de prepararse para proteger la seguridad nacional y el poder del Estado contra el crimen.