La estrategia antidrogas de EU empuja la relación con México a una “guerra en tribunales” para elevar la presión en varios frentes legales e institucionales. En esa expansión de su política de mano dura podría usar nuevas leyes antiterroristas contra políticos mexicanos, deteriorando más la cooperación en seguridad. Como en toda guerra, las hostilidades recurren al juego sucio y la primera víctima es la verdad, junto con la confianza en la diplomacia. Trump no busca resolver conflictos mediante el derecho: usa la ley para justificar la fuerza y alimentar una paranoia nacionalista con la creación de enemigos que eleve su popularidad con la lucha antiterrorista.
Por eso la persecución de políticos mexicanos “extraditables” por acusaciones de nexos con el “narcoterrorismo” se parece más al lawfare que al Estado de derecho. Busca amedrentar, traspasar soberanías sin tropas y alinear gobiernos a sus intereses estratégicos, como indica el avance de la derecha en Latinoamérica con su apoyo. Washington presiona a México con amenazas de cargos penales por terrorismo contra los cárteles y políticos ligados a ellos, filtraciones de “extraditables”, retiro de visas y versiones de supuestas listas de altos cargos dispuestos a ser testigos protegidos, como sugieren grabaciones de la gobernadora de Baja California. También pesan la infiltración de agentes en Chihuahua y su participación en la extracción de El Mayo Zambada a EU.
La estrategia no es nueva: los demócratas ya exigieron extradiciones de capos, pero los republicanos amplían el blanco. Su guerra antidrogas presenta un supuesto auge del terrorismo de extrema izquierda como amenaza trasnacional, en línea con la “Cumbre Antifa” de Marco Rubio y el proyecto MAGA. No es casual que ahí calificara la matanza de Bavispe como acto terrorista, o que el jefe de la DEA insista en que el gobierno mexicano es “inseparable” de los cárteles. El apremio del Departamento de Justicia por armar expedientes sacude al gobierno de Sheinbaum y el control de la relación bilateral. También la empuja al litigio judicial con menos armas legales y una defensa soberanista debilitada por el deterioro del Estado de derecho y divisiones internas sobre su compromiso de combatir la corrupción en el país y su partido. Si la asimetría coloca a México en una guerra perdida, cerrar filas ante denuncias de crimen infiltrado y corrupción —por miedo a abrir la puerta a más casos— puede ser una táctica costosa en otros frentes como la migración y la negociación del T-MEC. Las investigaciones colocan a Sheinbaum en una posición política difícil: EU podría fincar cargos antiterroristas con severas sanciones y penas de 15 años a cadena perpetua si el tráfico causa muertes, a pesar de la mayor cooperación que su predecesor. Si la extradición de decenas de “capos” incomodaron a Morena, el costo sería mayor si se sienten amenazados quienes financiaron sus campañas con dinero de ellos.
Ante la escalada por el inédito caso Rocha Moya contra la clase política morenista, Sheinbaum elevó el tono confrontativo con Washington y entró al ring de la “guerra judicial” con demandas contra el ICE por abusos contra migrantes. Su respuesta es indicativa de presiones internas por recuperar la iniciativa para contener los ataques y fortalecer otros frentes, al costo de mayor tensión bilateral. La batalla judicial tiene fondo electoral. La mano dura de Washington contra “enemigos” de su seguridad puede relanzar la popularidad de Trump, como busca con la extradición de Rocha Moya; y servir de presión en el T-MEC, incluso con amenazas militares o amedrentar con leyes antiterrorismo.
Así, el punto débil de Sheinbaum es negarse a detener a Rocha Moya por falta de pruebas, pues parece protegerlo. Para enfrentar la línea dura de Trump, necesita reactivar el combate frontal contra la corrupción y el crimen en las instituciones. La estrategia antinarcóticos de Washington en un principio impulsó investigaciones sobre corrupción, huachicol fiscal y narcopolítica en gobiernos de Morena. Pero la ofensiva contra altos cargos y políticos de su partido frenó su avance. Éste sería momento de apoyarse en su respaldo popular para buscar resultados anticorrupción, aunque no sólo con opositores, como el exgobernador panista Ernesto Ruffo, sino al interior de Morena; antes de que Trump expanda sus tácticas agresivas y multiplique costos que socaven la estabilidad del gobierno.