Las debilidades del gobierno mexicano ante crisis migratoria

El gobierno de Sheinbaum es enfático en rechazar que EU criminalice a los migrantes, pero adolece de una estrategia clara para garantizar su seguridad y los derechos humanos de los más vulnerabilizados de las políticas de Trump. De cumplir su promesa de “la mayor deportación de la historia”, podría generarse una crisis humanitaria en medio de las vicisitudes de la violencia y crisis de desaparecidos en México.

Ése es el escenario más extremo, pero improbable por el costo humanitario, económico y legal de expulsar un universo potencial de 11 millones de indocumentados. Sobre todo, porque es una política que, por donde se le mire, no tiene un objetivo plausible; salvo el “golpe mediático” para detener la migración como probó en su primer mandato cuando obligó a México a contenerla con el amago de aranceles. En su narrativa, ahora sustituyó la amenaza del “muro” por la de “deportaciones” para llevar la situación al límite, como estila para negociar.

Por su lado, Sheinbaum trata de infundir calma. Su compromiso es recibir sólo a los mexicanos y dice tener un plan ante los peores escenarios de redadas y expulsiones masivas el primer día del gobierno de Trump, pero sus declaraciones son insuficientes para disipar el temor y angustia de los posibles afectados; a pesar de la emergencia, incluso, los nombramientos en el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, que ofreció a Tatiana Clouthier, o el cambio en el Instituto Nacional de Migración, siguen sin concretarse. Evidentemente, su necesidad de proyectar tranquilidad y seguridad choca con la debilidad de las instituciones de migración y de derechos humanos, al costo de restar confianza a sus palabras; el precio inevitable de relegarlos de su agenda, que hoy se vuelven una fragilidad de su gobierno ante una eventual crisis migratoria. Baste recordar que las denuncias de desaparecidos van en aumento en lo que va del sexenio, y uno de los grupos más afectados son migrantes atrapados por el crimen y las redes de trata.

La amenaza antiinmigrante ha sido caballo de batalla electoral, pero en el aire hay más preguntas que respuestas porque nadie sabe la magnitud y procedimiento que seguiría: ¿abrirá las cárceles como hizo Fidel Castro en el éxodo del Mariel? ¿Qué pasará con los estados santuario en EU? ¿Cómo se prepararon los estados fronterizos mexicanos? ¿Cómo proteger sus derechos fundamentales? Una expulsión masiva para cumplir su agenda es difícil de dimensionar. Pero el mero hecho de estigmatizar y señalar a una comunidad que deba someterse a una condena es suficiente para rebajar y hasta conculcar sus derechos; incluso echarlos a manos del crimen con riesgo de desaparición para sus vidas. Mucho más aún si los primeros “candidatos” son migrantes detenidos sin condena.

Los primeros pasos legislativos de la agenda antiinmigrante apuntan a abrir las cárceles para la expulsión de migrantes con infracciones menores, que se dispone a aprobar una ley del Congreso estadunidense con el apoyo demócrata y republicano. La estrategia recuerda los reos que envió Fidel Castro a EU en el éxodo del Mariel para apuntalar su discurso de que los refugiados eran antisociales; aunque, en el caso de Trump, le serviría como recurso publicitario para su narrativa de criminalizarlos. Los migrantes han sido las “pelotas” preferidas de las políticas nativistas y raciales supremacistas, que Trump avienta para celebrar a sus bases electorales y encuadrar a México como el país “peligroso” donde deben estar sus “delincuentes”. La actitud de festejar la agresión forma parte de sus ideas conspirativas en el juego de fuerzas de políticas injerencistas para obligar a México a contener los flujos; algo que le dio resultado en su primer mandato en el que, contrario a la agresión de su discurso, hubo menos deportaciones que con Obama o Biden.

Además, empujó a México a adoptar enfoques centrados en la seguridad y la militarización de la política migratoria, en lugar de priorizar la atención de derechos humanos. Los riesgos son evidentes, por ejemplo, de la masacre del ejército en octubre pasado contra 33 migrantes que buscaban asilo con un saldo de 6 muertos. Por ello, las organizaciones civiles ven con mucha preocupación a los 300,000 refugiados (100,000 mexicanos) que podrían quedar varados en México con una frontera más cerrada y la cancelación de solicitudes de asilo. Esa población casi les inquieta más que las deportaciones masivas.