El costo de la violencia contra las mujeres

Las denuncias y llamados de ayuda por violencia de género no hacen más que crecer, también la estadística de agresiones y feminicidios. Como si miles de voces de mujeres quisieran desmentir la aseveración presidencial del pasado 14 de julio: “…nunca se había protegido tanto a las mujeres en México como ahora…”, los datos oficiales revelan que las emergencias al 911 se dispararon 45.8% en los primeros seis meses de 2020. No sólo es la estadística fría, sino testimonios audibles de miles de mujeres que logran romper el miedo y denunciar la doble pandemia de estar confinadas con su agresor.

Ante esta realidad que López Obrador no se cansa de negar, su secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, ha tenido que admitir que la dimensión de este fenómeno cotidiano pone en riesgo las expectativas de desarrollo y bienestar, como advierten organismos internacionales. Tan sólo en lo que va de 2020, cada día se registra, en promedio, el asesinato de 11 mujeres y otros 87 casos de violaciones, aunque la “cifra negra” es mucho más elevada por la falta de denuncias de las mujeres afectadas.

Cada peso utilizado en atender la violencia contra las mujeres es uno menos en inversión productiva o educación, sin duda. Con este criterio simplón, el gobierno recorta programas enfocados a las mujeres para mantener el apoyo a sus programas sociales prioritarios. Pero desestimar su costo es no ver el impacto de su debilitamiento para 4 de cada 6 personas de la fuerza laboral del país, las mujeres. Del cálculo chato es imposible soslayar el crecimiento del problema y el precio a pagar de limitarse la contribución de las mujeres a la economía y al desarrollo en el aumento de la pobreza o marginación. Por ahorrar un peso en los programas de género, la sociedad paga una cantidad mucho mayor por la pauperización del empleo, el ingreso y el crecimiento.

Pero el Presidente no ve ese costo porque —como repite—, de los 21 millones de beneficiarios de programas sociales, 11 millones son mujeres; así, en genérico y sin detenerse en la necesidad y oportunidad de la política pública focalizada en problemas específicos como los de género. Hace apenas un par de semanas, el gobierno negó haber recortado ayudas contra la violencia de género, a pesar de denuncias sobre la eliminación de subsidios federales en estados con alta cuota de sangre en feminicidios. Lo cierto es que en el último tijeretazo en Inmujeres se trató de justificar —incluso por su titular, Nadine Gasman, y las mujeres de su Consejo— diciendo que se trataba de hacer más con menos… es decir, un mero asunto de ahorro y eficiencia del gasto.

¿Cómo medir el costo? Por su gravedad, persistencia e impacto social. El registro de más de 600,000 llamados de auxilio de mujeres al 911 dan cuenta de los obstáculos que enfrentan desde su casa y sus familias para preservarse y sostener su inserción en la vida productiva. Por el contrario, suelen ser las más afectadas de la población carcelaria, dado que 1 de cada 2 mujeres en prisión permanecen sin sentencia. Otra variable más para dimensionar el costo social contra el 40% de la fuerza laboral que ellas representan del país, según la ENOE (2020). Bien resulta el reclamo de las autoridades contra la cultura patriarcal detrás de la violencia de género y los daños del neoliberalismo en mujeres en pobreza, pero bien harían también en aceptar ya el costo de sus políticas de austeridad en estos programas. ¿Ya estarán dispuestos o tendrán que esperar a que las mujeres se los recuerden en manifestaciones como las de marzo pasado o en las urnas?