La impunidad es lo que menos importa del terremoto político y criminal por las acusaciones de EU contra la corrupción de políticos en México y nexos con el narco. El gobierno desestima inculpaciones de la fiscalía de Nueva York, la Presidenta reclama confianza para colaborar y el Congreso explota en incriminaciones, pero a nadie concierne la ausencia de responsabilidad y justicia que perpetua la violencia en Sinaloa.
Por más crispación política y aluvión de imputaciones, ninguna recala al terreno de la justicia ni siquiera cuando se convierten en asuntos de seguridad nacional en el caso Rocha Moya y una decena de coacusados. El destino del escándalo judicial es alimentar el político en la disputa de la campaña de 2027, en la que la 4T se juega su futuro.
La impunidad es correlato de la persistente guerra intestina entre el hartazgo, miedo y conformidad de la sociedad sinaloense, que no sabe cómo salir de la trampa mortal de la violencia del crimen, que alguna vez creyó manejable. Quien voltea a ver lo que puede pasar con la crisis política que deja el negro legado de Rocha Moya, el alcalde de Culiacán y una red de altos funcionarios acusados de conspiración e integrar al Cártel de Sinaloa a las estructuras estatales. Nadie se atreve a salir a su defensa, pero tampoco a investigar y juzgar un caso que pareciera sólo servir para inspirar narcocorridos que romantizan la identidad sinaloense y su larga historia de complicidades de autoridades y narcos.
La ausencia de justicia socava sus instituciones, que están en pie no por cumplir sus obligaciones, sino la ley del silencio. El mutismo que envuelve la salida de Rocha Moya, la resistencia de Dámaso Castro a abandonar la vicefiscalía estatal y el refugio del senador Enrique Inzunza, incluso la afonía de los lazos de protección con sus sucesores.
Pero la pasmosa ausencia de responsables gubernamentales en esta guerra tiene un impacto civil tan devastador como la de Ucrania: desde que se recrudeció la violencia de facciones de Los Chapitos en septiembre de 2024, se acumulan 2,680 homicidios, 800 personas desaparecidas y la muerte de 57 menores como víctimas colaterales. Todo ocurre pese a denuncias sobre el papel de gobiernos en la descomposición del estado hasta la llegada de Rocha Moya señalado de ganar con apoyo del crimen e implicado en la ruptura interna del cártel que sustenta la investigación de EU.
La fiscalía estatal ha sido una congeladora para todas esas denuncias, y las carpetas de la FGR se movieron poco y el exfiscal Gertz acabó cerrando. Rocha Moya ni siquiera habría generado sospecha en el Gabinete de Seguridad, como dijo García Harfuch tras la orden de detención de EU contra el primer gobernador en funciones de la historia. A la vez que la Presidenta se atrinchera en la exigencia de pruebas a la vista de los sinaloenses para acceder a la extradición y allanar los obstáculos internos o abrir la puerta a una obligada investigación en el país.
Pero lo que sí importa del “bombazo” contra el gobierno de Sinaloa es capitalizar el estruendo con filípicas contra la corrupción y diatribas contra el intervencionismo en el Congreso, tan inútiles unas y otras para romper el mutismo de la justicia. Los opositores, para comprobar su tesis del “narco estado”, pero sólo donde gobierna Morena, y el oficialismo para cerrar filas y endurecer el discurso soberanista en línea del cambio de tono de Sheinbaum con Trump, aunque cuidando no proteger al insalvable Rocha Moya.
Porque lo que importa es que el caso no mine la confianza en la estrategia de seguridad hacia las elecciones de 2027, ni complique la renegociación del T-MEC. A Trump el ataque le sirve para relanzar su imagen debilitada bajo la cobertura de proteger a su país del cáncer de las drogas, sin arriesgar todavía más el voto de la comunidad mexicana con una intervención directa, aunque también endurece su política migratoria con investigaciones a los consulados por presuntas actividades políticas.
La rentabilidad electoral cierra el círculo de la impunidad. En México, con el acceso del crimen a las estructuras políticas con el dinero negro a las campañas y en EU con realidades alternativas que borren del mapa todo obstáculo al “América Primero”, así sea cambiar hasta el nombre al golfo de México.