Cambio de señales

La aprobación en el Congreso de la Revocación de Mandato y Consulta Popular intensifica la confrontación sobre el estilo personal de gobernar de Andrés Manuel López Obrador y, sobre todo, la suerte de las instituciones bajo la reforma de la 4T de la vida pública.

Hay un creciente temor de que los cambios legales se orienten a reforzar la concentración de poder en la presidencia en detrimento de la solidez del Estado. Y más aún, que estén destinados a apoyar su proyecto político, aunque lo rechace y ofrezca firmar el compromiso de no buscar la reelección. No es un debate menor, entre otras razones, porque la incertidumbre que genera es veneno puro para las oportunidades de transformación política.

La polémica sobre el funcionamiento de las instituciones, especialmente del acceso y la forma de ejercer el poder en democracia, es pertinente para conocer su estado. Más aún, obligado dada la crisis de confianza que se expresó en las urnas hacia el mundo de la política, partidos, órganos autónomos y, en general, la actuación de los poderes. Sin embargo, lo preocupante es el encuadre de posturas del debate entre el impulso de transformación como coartada para desmontar y aniquilar el pasado y, del otro lado, la crítica contra el cambio para la defensa encubierta de intereses reaccionarios. Si la corrupción fue letal para la confianza en las instituciones, la incertidumbre las puede sepultar.

Desde el Ejecutivo hemos visto en sus primeros 100 días un señalamiento cotidiano, implacable y generalizado de defectos de las instituciones “del pasado” por la atrofia de la corrupción, aunque sin un análisis pormenorizado y de los criterios propios de cada materia.

La Constitución obliga a cada institución a fundar y motivar sus decisiones, pero a ellas se les quiere meter en un mismo saco sin explicación de cada caso:  desahuciadas por ese cáncer común sin posibilidades de cura. Más que una revisión o examen, el diagnóstico fulminante es casi darlas por muertas, salvo que pasen por la purificación o el tamiz del “pueblo”, pero sin claridad del modelo de remplazo más allá de la también generalización de “un país sin corrupción” o del “postneoliberalismo”. Así la alternancia tiene olor a revancha.

Corresponde al Presidente dar dirección y sentido al cambio, lo que depende de reconocer su realidad circundante y relacionarse con ella, no de confrontar y separarse. El enfoque tampoco puede venir de pertrecharse en mecanismos de participación ciudadana que amplían los límites de su actuación política. En efecto, su diseño favorece al poder público sobre la capacidad de control y supervisión de la ciudadanía contra desviaciones y abusos de las instituciones. La forma como están reguladas la revocación de mandato y la consulta popular extienden el margen de maniobra del gobierno para repeler, por ejemplo, bloqueos opositores o hasta enfrentar el desacuerdo político con otros poderes sobre todo cuando Morena cuenta con amplias mayorías en el Congreso federal y hoy en 19 estados.

La lectura del riesgo entre la oposición sobre la concentración de poder en el Ejecutivo refuerza posiciones reactivas y la convicción de actuar en bloque como condición para servir de contrapeso político. La polarización avanza y se refrenda diario con un discurso de confrontación pública que se ceba contra las instituciones, y más allá de estas, del régimen de la partidocracia que ayudó a socavarlas, o de las opiniones que disienten del pensamiento oficial. En las conferencias mañaneras, la exhibición de personas, acusaciones que ponen en la picota mediática la reputación sin denuncias judiciales ni acotadas al debido proceso. Del otro lado, los agoreros del desastre.

El mayor costo para la 4T es que la transformación de la vida pública en un país plural y diverso no se puede llevar a cabo por una sola fuerza política. La transformación institucional requiere de consensos más allá de mayorías legislativas o consultas, cuya aplicación más bien fractura el diálogo y promueven la polarización. Ya lo veremos en el Senado donde la oposición se agrupa para tratar de modificar la revocación de mandato como antes hizo con la Guardia Nacional. Es momento para el gobierno de un cambio de señales.