La batalla pírrica del Plan B contra su oposición interna

La Presidenta se ha metido varios autogoles con sus planes electorales y ataques gubernamentales a organizaciones civiles, en un momento de definiciones a problemas críticos de falta de inversión y crecimiento para el país. Por eso, el costo de la discordia con sus aliados políticos por porfiar en hacer campaña en 2027 deja más dudas que certezas sobre las razones de una batalla con resultados pírricos. 

Las disrupciones dentro de su coalición descubren que la mayor oposición que ha encontrado Morena viene de sus aliados, aunque no por diferencias de proyecto sino de conflictos de interés electoral. El Plan B de Sheinbaum pasó el filtro del Senado, pero el PT logró frenar el adelanto de la revocación de mandato a la elección intermedia por temor a que lo debiliten en las urnas. La reforma electoral es el último pendiente del Plan C de López Obrador, con que Sheinbaum pidió el voto masivo para la continuidad de la 4T en 2024. Pero ahora es menos clara la necesidad del desgaste autoinfligido por querer estar en la boleta en 2027. Nada indica que sea imprescindible arriesgar alianzas entre tanta popularidad y sondeos favorables, salvo el temor de no alcanzar para retener el control del Congreso o perder gubernaturas comprometidas como SLP o Sinaloa.

Podría ser un error de cálculo si no fuera porque Sheinbaum suele tomar decisiones basadas en evidencias. Apostar a su popularidad como fuerza de arrastre es una respuesta plausible ante el deterioro de la imagen de Morena por escándalos de corrupción e intrigas internas. También pretender erigirse en “factótum” del proceso para reducir el peso sobreestimado de sus aliados, que además boicotean iniciativas suyas contra el nepotismo en las candidaturas  populares; algo habrá para que el Verde madrugara con su lista de candidatos a los estados, incluso marcados por ese estigma en SLP.

Pero los costos parecen mayores que los beneficios de una “minirreforma” política, que no electoral, sin consensos, con toda la oposición en contra y criticada por ver en ella pretensiones hegemónicas de Morena. Sus inconsistencias no dejan espacio ni a justificar un revocatorio anticipado por las virtudes de la democracia directa; que si hubiese sido iniciativa de gobiernos anteriores habrían combatido como simulación electoral. ¿Presiones o arrogancia? La batalla anuncia que la oposición más dura está puerta adentro y Morena quizá piense que es momento de cambiar alianzas por unas que representen otro electorado, aunque no se ve dónde. El PT alegó que el Plan B creaba desequilibrios en la coalición y seguiría la ruta de consolidar a Morena como partido hegemónico; sin detenerse en advertencias de Sheinbaum al castigo electoral a quienes se opusieran a su plan por temor a perder votos.

Pero no son las únicas inconsistencias en el rumbo de la reforma. La decisión de mantener la elección judicial en una de las jornadas electorales más grandes y complejas de todos los tiempos es otro caso. Sheinbaum trata de salvar cara a una reforma frustrada y otra incompleta arguyendo que consiguió lo más importante, que es combatir privilegios con la reducción del gasto político en congresos estatales, municipales y el INE. Pero el riesgo es que el proceso colapse o sea inmanejable por la cantidad de boletas y candidatos a elegir, y sin corregirse errores que minan la reconstrucción del Poder Judicial y bajo la presión internacional de la CIDH contra la elección judicial. A la endeblez de argumentos de la reforma hay que agregar el golpe de Hacienda contra organizaciones civiles por la revocación del permiso para donativos. Otro acto inexplicable de autoinfligir un daño sin verse problemas relacionados con la lesión. La justificación “técnica” de no demostrar un trabajo científico es frágil e inestable con grupos que tienen una labor consolidada en la generación de estudios y diagnósticos sobre políticas y temas de la agenda pública. Por el contrario, la tentación de silenciar la crítica apoya las advertencias de que el gobierno se desliza hacia un autoritarismo electoral, como comienzan a clasificar al país en indicadores sobre la democracia en el mundo.

Sobre todo, el momento es inadecuado para iniciativas erráticas y mensajes equívocos si lo que se necesita es proyectar estabilidad y coherencia a problemas críticos de falta de crecimiento e inversión, que deben quitar el sueño a la Presidenta; no a batallas pírricas para ahorrar recursos administrativos al Estado o de rentabilidad electoral.

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