Temblor en la partidocracia

La onda expansiva de los terremotos del 7 y 19 de septiembre ha acabado por propinar una fuerte sacudida a la partidocracia,  acorralada entre la situación de emergencia por las víctimas de la tragedia y el descrédito de la clase política. El movimiento violento fracturó uno de los pilares en que se sostiene su modelo, el financiamiento público y el dispendio de la propaganda de las campañas electorales. Los más optimistas ven en la disposición de los partidos a quitarse recursos un pinchazo a la burbuja en que viven separados de la ciudadanía, mientras los escépticos ven otra vez el manejo político obligado de la desgracia.

¿Qué emergerá  de la situación de los sismos en CDMX y estados del centro y sureste respecto al esquema en que operan los partidos hacia el 2018? Su cambio de postura en relación con el antiguo reclamo de recortar el dinero público y ahora canalizar a los damnificados quisiera indicar que finalmente escucharon el malestar de la ciudadanía agudizado por la tragedia. El INE también parece haber calculado el costo de mantenerse lejos del reclamo contra los presupuestos electorales históricos bajo el argumento de carecer de responsabilidad jurídica. Ahora ve caminos legales y eso le quita presión social.

La exigencia se intensifica con una ciudadanía que volvió a movilizarse en auxilio a las víctimas y que mantiene un fuerte repudio contra la clase política por el exceso de gasto electoral y  los escándalos de corrupción, por ejemplo, de los gobernadores, cuyos desvíos de fondos públicos alcanzarían para la reconstrucción. Prácticamente, ningún político fue bienvenido en los escenarios de la tragedia, el delegado de Xochimilco tuvo que huir del pueblo de San Gregorio y el secretario de Gobernación fue abucheado en una zona afectada.

La demanda de reducir el costo de la democracia surgió desde organizaciones civiles, que ahora vuelven a levantar esa bandera para reorientar recursos a los damnificados. Los partidos, por primera vez, accedieron a esa petición, pero para dar paso a una subasta de porcentajes para ver cuál da mayor porción de su pastel. Tras la devastación en el sureste, López Obrador ofreció 20% de las prerrogativas de Morena, luego el PRI lo elevó a 258 millones (25%) y emplazó al PAN a igualarlo, y finalmente el Frente Ciudadano aumentó la oferta hasta un 100% de los ingresos de los tres partidos de la alianza, en lo que parece un torneo de demagogia.

El presidente del PAN, Ricardo Anaya, dijo que la decisión se debe a que los partidos han “escuchado” la demanda de la ciudadanía, aunque parece forzada por el repudio contra ellos y el aumento de la presión por la emergencia y la reconstrucción. Las opciones legales para canalizar los recursos son variadas, desde dejar de recibir las prerrogativas hasta un decreto de emergencia que las suspenda, pero más allá de la coyuntura hay un fuerte cuestionamiento al modelo y la fórmula de financiamiento que garantiza la multiplicación del dinero público año tras año y presupuestos históricos como los de 2018 sin que se observen resultados a problemas reales de la ciudadanía. PAN, PRD y Morena incluso ofrecieron una iniciativa de ley para discutir en el Congreso su eliminación, una propuesta con visos demagógicos, pues implicaría la revisión completa del modelo de sistema de partidos a la que difícilmente estarían de acuerdo.

El cuestionamiento del modelo abrió paso ya a reformas en Jalisco, con una iniciativa para atar el monto de las prerrogativas a los votos del diputado local Pedro Kumamoto, pero una propuesta similar se congeló en el Congreso porque PRI y PAN se negaron a subirla al pleno. Desde entonces, la escena ha cambiado por el temor de que mantener la negativa encienda aún más el repudio contra los partidos en el contexto de una sociedad movilizada en la calle por la tragedia y la solidaridad con las víctimas.