#Fiscaliaquesirva

La negociación de la Fiscalía General que sustituirá a la PGR y el nombramiento de su titular se perfila como el último desengaño con respecto a  la voluntad de la clase política de atacar la corrupción e impunidad. El impasse del proceso, desde hace más de un año, deja ver que el modelo para legitimar instituciones con la fórmula de la autonomía de órganos tutelados ya no alcanza para convencer de la real independencia que necesita la procuración de justicia para ser eficaz. Aunque hay una mayoría en el Congreso dispuesta a no reparar en el costo de reducir el debate a la suma de votos para una designación a modo que cuide intereses políticos los próximos nueve años que dura el cargo.

El próximo periodo en el Congreso es una última llamada para el nombramiento, cuya aprobación, además, necesitaría sólo mayoría simple de 65 votos. Pero el mensaje de nombrar fiscal sin asegurar su independencia sería muy negativo para la confianza en la transformación de la justicia y la lucha anticorrupción, no obstante las capacidades técnicas del elegido, que están fuera de duda. El PRI y el Verde, junto con senadores del PAN, parecen decididos a respaldar a Raúl Cervantes a pesar de su perfil partidista y cercanía con el Presidente. El actual titular de la PGR tiene el pase automático del artículo 102 de la reforma constitucional de 2014 que contempla que el MP se organice como nuevo órgano público autónomo, pero se leería como protección política a grupos de poder con carácter transexenal del gobierno y de esos mismos partidos.

Dicha reforma dio un respiro en 2014 a la creciente demanda de reconstruir la justicia y atacar la corrupción, antes de que se multiplicaran los escándalos en el entorno presidencial con la Casa Blanca, media docena de gobernadores y denuncias como Odebrecht, así como el reclamo por la impunidad que permite al delito rebasar a las instituciones. Los sucesivos fracasos o inactividad de la PGR para investigar y encontrar responsables, por ejemplo, entre los gobernadores, acabaron por fijar un límite a la fórmula de autonomía sin independencia, en este caso para desvincular la política de la justicia como la respuesta de otras veces para recuperar la confianza en las instituciones. En efecto, las últimas dos décadas la respuesta oficial al descrédito institucional ha sido ofrecer órganos autónomos, aunque sin soltar la tutela a través del control de designaciones de sus responsables. La PGR ha sido escenario de negociaciones entre el PAN y el PRI desde el gobierno de Zedillo, en que la cartera la ocupó la oposición, pero ninguna fórmula ha dado independencia para impedir la crisis de la Justicia y derechos humanos, la impunidad como sello del poder.

Hace más de un año la presión de organizaciones civiles y empresariales detuvo el nombramiento de Cervantes, así como del fiscal anticorrupción que dependería de la Fiscalía General. Entonces el presidente envío una iniciativa para eliminar el pase automático, sin dejar a Cervantes con el derecho a competir en un proceso abierto, a fin de acallar la crítica del movimiento contra el “fiscal carnal” que se le señala por su cercanía con él. Ahora nuevamente ofrecen una iniciativa de reforma al 102 para cambiar el método de designación bajo la premisa de asegurar su independencia y evitar que el nombramiento se convierta en un mensaje de protección de la clase política en el nacimiento de la nueva fiscalía.

El tema también se politizó por las denuncias del presidente del PAN, Ricardo Anaya, por filtraciones sobre enriquecimiento personal y de su familia, en represalia del gobierno a la decisión del PAN de no apoyar a Cervantes. Sin duda, ésta será una de las batallas más duras del periodo, pero no debería dejarse de ver que gobernadores interesados en cubrir sus espaldas también intentaron dejar fiscalías a modo a su salida del poder… sin éxito.