Corrupción y justicia anémica

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) se instaló esta semana en un ambiente de agotamiento institucional, por la repetición de fracasos de la justicia, y de desconfianza, por la falta de voluntad política para sancionar un delito transversal  a la inseguridad y al crimen. Su presentación pública deja la sensación del hallazgo de un yacimiento al que se le extrajeron los minerales. Las expectativas que originalmente  despertara se recortan en el diagnóstico oficial sobre la crisis de la justicia por la atrofia del sistema penal. La mezcla es letal porque, en palabras de su presidenta, Jacqueline Peschard, el riesgo de no dar resultados dejaría una “anemia social” muy grande.

La compleja relojería que articula a las siete instituciones que conforman el SNA arrancó sin el corazón de la maquinaria: el fiscal que atacará los delitos y los magistrados especiales que sancionarán actos de corrupción. El Senado ha pospuesto tres veces desde 2015 el nombramiento del “zar” Anticorrupción, a pesar de la urgencia de respuesta a los escándalos de corrupción desde La Casa Blanca de la familia presidencial. La dilación es causa de cansancio de expectativas porque, además, la discusión abrió un paréntesis desde hace dos años, por ejemplo, al ejercicio de acción penal de las casi 700 denuncias de la ASF ante la PGR contra funcionarios públicos por corrupción, la investigación sobre Odebrecht y de los gobiernos de Veracruz y Quintana Roo.

Si la falta de esas piezas presenta al sistema como un recipiente al que se extrajo contenido, el diagnóstico oficial sobre las deficiencias en la PGR y fiscalías estatales siembra desconfianza en sus oportunidades de éxito. El carácter de la enfermedad de la justicia que el procurador Raúl Cervantes presentó en un informe al Senado el pasado 15 de febrero sugiere, incluso, que de poco valdrá la autonomía del “zar” Anticorrupción o del fiscal general sin una reforma a la estructura del sistema  penal. La detención en EU del fiscal de Nayarit, acusado de conspirar con el narco, se usa para apuntalar el argumento, junto con los escasos resultados en otros estados con fiscalías autónomas desde 2004 y su actuación sin contrapesos.

El proyecto de la PGR frente a la crisis de justicia pretende llevar la atención más allá de los nombramientos y la Fiscalía General en el conjunto de actores del sistema penal (policías, jueces, el MP), a pesar de que éste debió ser el trabajo de los últimos ocho años de preparación de los juicios orales. Es de reconocerse el diagnóstico sobre el peligro de fracaso del SNA y de la reforma penal por los males de la justicia, pero poco convincente para relegar los nombramientos o justificar la designación temporal de Cervantes como “zar” Anticorrupción en un órgano dependiente del Ejecutivo. El PAN en el Senado rechaza avanzar en la fiscalía autónoma que sustituirá a la PGR hasta eliminar el pase automático del actual procurador por un periodo de nueve años.

El retraso en la operación del sistema se lee en clave de falta de voluntad política, y, ahora, la apertura de la discusión sobre el modelo de la Fiscalía General a nuevos actores se ve como estrategia para aventar el tema al próximo sexenio. El recién nombrado Comité de Participación Ciudadana sabe que el SNA no aguantaría aparcarse dos años y se perdería una de las últimas oportunidades de responder al asunto que más indigna a la ciudadanía y erosiona a las instituciones, pero carece de las suficientes herramientas para operar. La desconfianza se agrava por el cuestionamiento del extitular del ASF Arturo González Aragón en el nombramiento de miembros del comité por parte de algunas ONG de transparencia.

El agotamiento y la desconfianza hablan de la compleja trama de intereses que impiden, simplemente, que las leyes se cumplan en beneficio de la corrupción y la impunidad; de cuidar a funcionarios y negocios privados que hacen del derecho a la justicia un modelo para armar.