PRI deja nuevos frentes abiertos a EPN

El Congreso marginó los temas de la agenda progresista de Peña Nieto en el periodo extraordinario y su partido le abrió nuevos frentes que minan la iniciativa política después del traspié electoral. Es difícil recordar una impronta legislativa de mayor confrontación de una parte de la clase política con la sociedad civil, que irrumpió como protagonista del proceso legislativo. Aunque el desencuentro en anticorrupción o regulación de mariguana dejó un mal sabor de boca sobre la capacidad de negociación política y nuevas dosis de malestar social por reformas postergadas, mal hechas y peor intencionadas.

Si la sociedad quiere subirse a las barbas del poder, dale un soplamocos. El platillo que indigestó a los legisladores fue el artículo 32 de la ley 3de3 que obliga a particulares a presentar declaración patrimonial en caso de recibir dinero público. La diarrea legislativa alcanzó un punto álgido cuando el propio presidente del Congreso admitió el “frankenstein” y pidió a Peña Nieto vetar una ley impracticable y servida a hurtadillas sin debate público, pero que refleja la incapacidad de la clase política de asimilar nuevos balances de poder y contrapesos de la sociedad civil. Reaccionaron con espíritu de cuerpo y los viejos criterios del poder que entienden ceder como capitular y rendición de cuentas en vez de concesión a subordinados.

Los resultados del periodo expresan las dificultades para procesar el revés electoral. El gabinete se replegó del debate y el PRI puso su mayoría al servicio de un manto capitular como las vestiduras que usaban los viejos caballeros de las órdenes militares para juntarse contra el adversario: el voto progre y las redes sociales que Peña Nieto buscó atraer con el matrimonio gay; los organismos internacionales y de derechos humanos con su compromiso de descriminalizar el consumo de la mariguana; y ahora también los empresarios en un ajuste de cuentas por apoyar la 3de3.

En efecto, los candados a la publicidad de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos o su aplicación a particulares desvirtúan la confianza en el sistema anticorrupción; además, la iniciativa sobre la mariguana de Peña Nieto se “pateó” a septiembre y la del matrimonio gay descansa en el congelador legislativo.

La derrota en las urnas movió el tablero político de la sucesión y los presidenciables optaron por cubrirse con un manto de humo del cobro de facturas de su partido. La desaparición del Ejecutivo del proceso refleja el declive de su poder y el paso de la estafeta al partido para la decisión de candidaturas. Éste fue el imán que aglutinó en las votaciones tras los roces internos en las campañas entre los presidenciables, Peña y el PRI, el cual, sin importarle, dejara nuevos frentes abiertos al Ejecutivo.

La ciudadanía y las redes sociales volvieron a encenderse por una versión “light” de la ley 3de3 por debajo de las expectativas; los empresarios se declaran agraviados y víctimas de una vendetta por apoyar a las iniciativas anticorrupción; las iglesias se manifiestan ofendidas por la propuesta de constitucionalizar el matrimonio entre homosexuales de parte de un mandatario conservador; organizaciones financieras internacionales ven riesgos para la inversión y les preocupa la confrontación con la patronal.

El momento es delicado para el gobierno porque hay que sumar la conflictividad social con la CNTE, que parece jugarse el resto en las actuales movilizaciones. También porque ni su partido ni los miembros de su gabinete parecen dispuestos a desgastarse en frentes si tienen que pagar un alto costo político. Menos aún si entra en colisión con la línea del partido y el juego de sus liderazgos, en los que cada vez más recaerá el poder de las candidaturas tras la derrota del grupo de Peña Nieto y de los hombres fuertes de su gabinete en los pasados comicios.