La democracia del Estado mexicano se ha construido por momentos políticos que se consumaron en instituciones. La representación del pueblo bueno y sabio (en el léxico mesiánico que hoy está presente) adquirió una característica en la conformación del ejercicio del poder fáctico, los congresistas plurinominales, contemplados por primera ocasión con la reforma constitucional del año 1963, en el que cada partido político que obtuviera 2.5% de la votación tendría derecho a cinco diputados, sumando uno por cada 0.5% extra de los sufragios hasta llegar a 20.
En su momento, justificadas para fracturar la hegemonía de partido de Estado y permitir la representación más amplia de todas las minorías posibles. Hoy, el partido hegemónico, que se gestó como minoría, quiere deshacerse de sus antes aliados, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, al prever en ellos el futuro de su implosión política.
El fondo del conflicto es claro, tanto el PT como el Verde entienden que la reforma electoral, en los términos planteados, amenaza directamente su supervivencia. No es un asunto de ideología, sino de existencia. Ambos partidos dependen en gran medida de dos pilares fundamentales que se pretenden debilitar: el financiamiento público y la representación proporcional. Sin ellos, su viabilidad a nivel federal disminuye drásticamente.
En este contexto, considerar la revocación de mandato para 2027, dentro del Plan B, no es cuestión menor, al contrario, abriría la puerta a que la Presidenta tome un papel activo en el proceso electoral, recorra el país, fortalezca su imagen y, en los hechos, termine haciendo campaña. El resultado es previsible: consolidar la marca de su partido mientras debilita a sus aliados.
Los datos sustentan esta preocupación, el comportamiento electoral de ambos partidos muestra una clara dependencia al contexto presidencial.
En el caso del Verde, en 2012, siendo aliado del PRI, obtuvo 27 diputaciones federales: 12 de mayoría relativa y 15 de representación proporcional. En 2015, sin elección presidencial, creció de manera significativa, alcanzando 21 diputaciones de mayoría y 17 plurinominales.
Sin embargo, en 2018, nuevamente en una contienda presidencial, su presencia se desplomó: apenas 5 diputados de mayoría y 6 pluris. En 2021 volvió a repuntar con 28 de mayoría y 12 de representación proporcional. Para 2024, aunque aumentó su número de curules, esto no respondió necesariamente a un mejor desempeño electoral, sino a una ilegal y cuestionada sobrerrepresentación que benefició al oficialismo.
El PT vive una realidad distinta, aunque también dependiente de las pluris. En 2012 obtuvo dos diputados de mayoría y nueve plurinominales. En 2015 estuvo al borde de desaparecer, salvando apenas su registro gracias a una elección extraordinaria. En 2018, al cobijo de la ola presidencial, resurgió con fuerza: 36 diputados de mayoría y 7 pluris. En 2021 bajó a 25 y 7, respectivamente, y en 2024 alcanzó 49 curules, nuevamente impulsado por la ilícita sobrerrepresentación.
En el ámbito local, la historia es aún más clara y reveladora: son partidos testigos. El Verde ha gobernado apenas dos entidades en toda su historia, mientras que el PT ni siquiera ha logrado encabezar un gobierno estatal propio.
En ese contexto, la presión desde el poder presidencial no es menor. Si las dirigencias de estos partidos ceden, no sólo asumirían el suicidio político, sino que, lamentablemente y de modo por demás irónico, caerán los últimos bastiones de defensa de un agónico Estado democrático que, a toda costa, el gobierno en turno quiere eliminar. La simulación de la revocación es la cicuta que tomarán el Verde y el PT de su gran aliada.