México y el reto de recuperar la confianza jurídica en fusiones y adquisiciones

Durante años he observado con atención cómo las decisiones regulatorias en México impactan directamente en el pulso económico del país. Hoy, al revisar los datos del primer semestre de 2025, me resulta inevitable encender las alertas: mientras América Latina registra un crecimiento de 7% en el valor de las fusiones y adquisiciones, México parece caminar en sentido contrario, con una caída de 23% en el valor total de estas operaciones.

No es una simple estadística aislada. Esta caída se alinea con una contracción preocupante de 21% en la inversión extranjera directa y una reducción significativa en las transacciones de capital privado y capital de riesgo. Podríamos atribuirlo, con comodidad, a factores macroeconómicos globales o a un entorno internacional adverso. Pero no nos engañemos: gran parte de esta tendencia tiene causas internas, jurídicas y estructurales.

Como jurista y observador del entorno económico-regulatorio, veo con inquietud cómo la incertidumbre está erosionando la competitividad de nuestro país. Hoy más que nunca, México necesita instituciones fuertes, reguladores técnicos y procedimientos previsibles. Sin embargo, tanto la Comisión Federal de Competencia Económica como el Instituto Federal de Telecomunicaciones operan bajo la sombra de presiones políticas, en un entorno de transición hacia los nuevos reguladores que asumirán las facultades de la comisión y el instituto al amparo de las nuevas leyes recientemente aprobadas por el Congreso.

Es momento de hacer una pausa y revisar a fondo el marco normativo que rige las fusiones y adquisiciones, particularmente en sectores estratégicos, como telecomunicaciones, energía y financiero. No podemos permitirnos procesos de autorización opacos ni mensajes contradictorios a los inversionistas. Cada resolución que carece de transparencia, cada sanción que se percibe como arbitraria, resta puntos a nuestra credibilidad.

México no sólo debe ofrecer incentivos fiscales o promocionar su ubicación geográfica; debe convertirse en un país confiable jurídicamente hablando. Eso implica clarificar y fortalecer las reglas del juego recientemente reformadas. Exigir transparencia, rendición de cuentas y autonomía técnica de los órganos reguladores no es una petición exagerada, es una condición mínima para recuperar terreno frente a economías como Brasil o Argentina, que han aprendido a moverse con agilidad en la captación de capital.

Si realmente aspiramos a reactivar nuestro posicionamiento en el mercado latinoamericano de fusiones y adquisiciones, debemos comenzar por lo básico: garantizar seguridad jurídica. De lo contrario, veremos cómo los inversionistas eligen otros destinos, mientras aquí seguimos discutiendo reformas sin aplicarlas con contundencia.