En el capítulo final de la extraordinaria serie que se exhibe en la plataforma Mubi, titulada M (por Mussolini), el hijo del siglo, basada en el primer tomo, acaba de salir el quinto y último, de la tetralogía de Antonio Scurati sobre el fascismo y su líder, hay un momento que define el futuro del movimiento y de su dirigente.
En su primer año de gobierno, cuando se descubre el cadáver del diputado socialista, Giacomo Matteotti, asesinado por las camisas negras, por órdenes indirectas del propio Mussolini, el régimen está a punto de caer, la presión nacional e internacional para castigar ese crimen es enorme. La policía logra detener a los autores materiales, pero falta el autor intelectual. Mussolini está tentado a entregar a un líder de las camisas negras para evitar una ruptura total con las demás fuerzas políticas.
A las oficinas de El Duce se presentan entonces los fundadores del movimiento, los jefes de las fuerzas de choque: es la rebelión de los sectores más duros del fascismo que le advierten a Mussolini que hay que “continuar con la revolución o acabar con todo”. Y eso significa, le dicen, que “todos los fascistas estén libres o todos terminen presos”, incluyendo al propio Mussolini. El incipiente líder fascista, todavía con un gobierno de minoría, emprende la fuga hacia adelante, no entrega a nadie y da una suerte de golpe de estado legislativo que le permite quedarse, sin tener la mayoría, con la suma del poder. Ya sabemos cómo continuó la historia. Eso es lo que ocurrió allá en los años 20, hace un siglo, con Mussolini.
En el México de hoy, la decisión gubernamental de no entregar a nadie ni a Rubén Rocha ni a Enrique Inzunza ni a ninguno de los otros funcionarios sinaloenses acusados de ser parte de las redes de protección y complicidad del crimen organizado a Estados Unidos, donde existen pruebas y testimonios en su contra en un proceso judicial contra ellos que ya comenzó, recuerda aquella escena de Mussolini confrontado con los duros de su movimiento: “todos libres o todos presos”.
Ayer comparecieron en lo oscurito, en la delegación de la FGR en Culiacán, Rocha, Inzunza y los otros acusados (salvo Gerardo Mérida y Enrique Díaz que se entregaron a la justicia estadunidense), sólo como “testigos”, porque como se ha dicho desde el Ejecutivo y la Fiscalía “no hay pruebas” contra ellos.
El jueves pasado en la reunión con el director del Homeland Security, Markwayne Mullin, se ratificó que no se entregará a los acusados. Nada de lo que hemos visto en los últimos días permite pensar que el resultado será diferente, pese a que las presiones de Estados Unidos son evidentes y públicas y de que el costo puede ser altísimo para el país.
Los “testigos” salieron fortalecidos de la FGR, por lo menos así lo mostraron en sus mensajes de X o en las declaraciones que dieron a los medios. No se sienten, por las autoridades, perseguidos, sino impunes. Se equivocan. Habrá que esperar la respuesta de EU, que inevitablemente llegará, porque la suya no es una ocurrencia, sino una política de Estado.
Qué enorme diferencia la forma en que ha sido tratada por la FGR la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, respecto al tratamiento de Rocha y los sinaloenses acusados de narcotráfico. Mientras las citas de los sinaloenses fueron secretas, a escondidas, no se los vio, llegaron con camionetas blindadas y con protección, se informó de las comparecencias cuando ya habían ocurrido y fueron como testigos, no como imputados, a la gobernadora Campos se la acusa no se sabe de qué (porque el citatorio invoca un caso al que la propia gobernadora no puede acceder); no se sabe tampoco a título de qué, porque el documento a veces la trata, según dijo el gobierno, como testigo, pero en él invocan preceptos legales que la hacen aparecer como imputada; una comparecencia inconstitucional porque está protegida por el fuero constitucional. Campos fue citada en Ciudad Juárez, cuando la sede del gobierno y su domicilio están en la capital del estado, en la ciudad de Chihuahua. Se divulgó el lugar y la hora de la misma para hacer una exhibición mediática. Y no hablemos del nuevo citatorio acusando a la gobernadora de “intento de secuestro” contra Javier Corral, cuando el ahora senador iba a ser detenido y fue protegido por el entonces fiscal capitalino, ahora en la FGR, Ulises Lara. Corral está acusado de múltiples delitos y la protección del gobierno capitalino y federal le permitió protestar como senador y seguir impune gracias al fuero, el mismo que la FGR no le respeta a la gobernadora.
Todo es un burdo y torpe manejo mediático y político para tratar de ocultar y distraer la negativa a entregar a los funcionarios sinaloenses acusados por Estados Unidos de narcotráfico. Y actúan contra una gobernadora a la que paradójicamente acusan de haber combatido a los grupos criminales con apoyo estadunidense.
Todos libres o todos presos, le dijeron los duros del movimiento a Mussolini, y El Duce prefirió la fuga, la ruptura del orden constitucional y el camino a la dictadura, al costo incluso de aliarse más tarde con Hitler, en lugar de entregar a los que habían asesinado al líder opositor, a Matteotti. No sé por qué me recuerda al México de hoy.