De regreso a Díaz Ordaz

Dicen que los sistemas que funcionan tienen leyes laxas que se aplican de forma estricta y los que no funcionan tienen leyes estrictas que se aplican de forma laxa, y eso es lo que hemos estado viviendo en este país en muchos ámbitos. Pero lo que viene con la reforma electoral es todavía peor: será un sistema con leyes estrictas y parciales que se aplicará de forma estricta y parcial.

No es casualidad que en un contexto de suma tensión con Estados Unidos se imponga otra etapa de mayor cerrazón del régimen político, con una reforma electoral profundamente retrógrada.

La reforma electoral nos retrotrae a 1976, a aquellas elecciones en las que José López Portillo fue candidato presidencial único del PRI, acompañado por un par de partidos paleros, el PPS y el PARM. En el Congreso, todos los senadores en esa época eran 64, fueron para el PRI, y en la Cámara de Diputados, de 236 legisladores, 196 fueron para el PRI, más otros 12 del PPS y 9 del PARM, que eran también del PRI. La única oposición, el PAN, obtuvo sólo 20 diputados. Esas elecciones llevaron a López Portillo a comprender que el sistema no daba para más. El objetivo de aquella reforma, que instrumentó Jesús Reyes Heroles, así se explicó: preferimos, se dijo entonces, que haya más gritos en el Congreso y menos bombas en la calle.

Pablo Gómez fue uno de los participantes y beneficiarios de aquella reforma que le abrió la participación tanto al Partido Comunista como al sinarquismo, fue de los primeros cien diputados plurinominales de 1979 por el Partido Comunista. Hoy es el principal operador para volver al sistema contra el que tanto luchó en aquellos años. Ahora, claro, está en el poder.

El sistema electoral tiene que modernizarse, tiene que liberalizarse, los recursos irracionales que se dedican hoy a financiar partidos tienen que usarse para certificar gastos reales de campaña. Los espacios en medios deben ser comprados por los partidos con sus propios recursos. El contenido de esos espacios debe ser libre, salvo los casos evidentes de difamación. Las campañas deben ser más cortas, pero los partidos deben tener libertad para decidir cómo y cuándo elegir sus candidaturas. 

La participación de nuevas fuerzas y candidatos debe tener condiciones más laxas. Hoy, tener un partido con registro es muy difícil, pero también es casi como obtener una patente de corso a perpetuidad, financiada por el Estado y los contribuyentes. Los partidos deben formarse o rediseñarse de acuerdo a sus exigencias y posibilidades, pero deben valerse de sus propios recursos para operar. El financiamiento público debe ser para el control, la participación, el respeto de las normas. 

Necesitamos imponer la segunda vuelta. El llamado ballotage se aplica en Francia desde 1852 y se diseñó para que nadie sin mayoría fuera designado jefe de gobierno o diputado uninominal. Cuando no se alcanza una mayoría absoluta (en muchos países se pone como límite el superar 45% o una diferencia con sus rivales de, por lo menos, 15 por ciento), se repite una segunda vuelta con los dos principales contendientes para presidente, a veces también para legisladores, y se mantiene a los plurinominales para equilibrar la representación proporcional. Es más, toda la distribución de posiciones en el Congreso y otros órganos colectivos, en las verdaderas democracias, debería ser simplemente por representación proporcional, erradicando la sobrerrepresentación.

Hoy, casi todas las democracias del mundo tienen segunda vuelta. En ambientes políticos que tienden a la polarización, pero también donde el voto suele estar pulverizado, es la segunda vuelta la que permite que quien gane en ella haya tenido que asumir una serie de acuerdos con los rivales o sectores que lo apoyaron para lograr esa mayoría, lo mismo para la Presidencia que para las diputaciones o senadurías. Dicen los franceses que en la primera vuelta se escoge, en la segunda se elimina. En otras palabras, en la primera vuelta la gente expresa sus preferencias, en la segunda, elimina, descarta a quien no quiere en el gobierno. Es un instrumento muy útil para garantizar la estabilidad y crear mayorías legislativas. No asegura nada, como ningún sistema político, pero ha demostrado ser muy útil, sobre todo en los procesos de democratización en América Latina. Por supuesto que de nada sirve sin un organismo electoral independiente y autónomo. 

Todo eso es lo que se quiere eliminar: se quiere un sistema electoral más cerrado, controlado por el gobierno, con pocos espacios para la oposición y para crear nuevos partidos, financiado por el Estado para que, de esa forma, se perpetúe la inequidad, con un INE que, como dijo Pablo Gómez, no sea autónomo, y donde la sobrerrepresentación del oficialismo en el Congreso sea la norma.

Lamentablemente, por lo que hemos visto hasta ahora, la reforma va, en todas sus iniciativas, de regreso a 1976. Y a eso se agrega el peligro de sumar en la misma jornada la revocación de mandato y la elección judicial, un galimatías en sí misma, con un INE debilitado, sin autonomía y sin OPLES, sin las instancias estatales para organizar los comicios en esos ámbitos. Lo que viene será, sencillamente, un desastre para la democracia.