Reforma energética: advertencias desde EU

No fue una queja aislada. Empresarios y legisladores, que de éste y del otro lado de la frontera, han expresado su preocupación por las leyes aprobadas en 2021 y cuya constitucionalidad estará a debate en la Suprema Corte de Justicia de la Nación el próximo lunes 4 de abril, a lo que se suma la propuesta de reforma constitucional que el presidente López Obrador quiere que esté aprobada antes del feriado de Semana Santa.

El jueves pasado, Katherine Tai, representante comercial del gobierno de Estados Unidos, expresó serias preocupaciones sobre las políticas energéticas de México, que “dañan el medio ambiente y a los intereses de negocios e inversionistas”. Lo dijo en un encuentro virtual con legisladores, empresarios y asociaciones medioambientalistas de su país. La Oficina de la Representante Comercial (USTR) publicó un resumen sobre la reunión en el que se señala que “la embajadora Tai inició la discusión señalando las serias preocupaciones con la trayectoria en deterioro de las políticas energéticas mexicanas, incluyendo una serie de acciones por parte del Gobierno de México que han aumentado el control del Estado sobre el sector energético y limitado la competencia en el sector energético”.

Tai habló de los cambios aprobados en 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica de México, que han ocasionado, dijeron empresarios y legisladores, “retrasos crónicos en los permisos para las instalaciones de energía renovable y los cierres abruptos de numerosas terminales de combustible cerca de la frontera con los Estados Unidos”.

En el boletín difundido por la oficina comercial se dice que los participantes en la reunión virtual señalaron que “estas situaciones están debilitando la confianza de los inversionistas en México, a expensas del medio ambiente, restringiendo las exportaciones de combustible de Estados Unidos y perjudicando los esfuerzos para mejorar la competitividad de América del Norte”. Esas políticas, agregaron, “paralizan la expansión del desarrollo de energía renovable en México y obstaculizan los esfuerzos para lograr los objetivos ambientales y climáticos para las comunidades en toda América del Norte”.

Tai concluyó la reunión diciendo que el USTR continúa analizando el cumplimiento de México con sus obligaciones en el T-MEC.

El presidente López Obrador profundizó esa desconfianza cuando, luego de la Convención Bancaria, donde se le expresaron consideraciones similares, sostuvo, en su paso por Cuernavaca, que la reforma propuesta avanzaría sin cambios y confirmó que a quienes se le cancelaran los permisos para operar, no se les pagaría indemnización.

Hace ya meses que la secretaría de Energía, Rocío Nahle, lo había adelantado: no habría expropiaciones para no pagar indemnizaciones, sino simplemente cancelación de permisos de operación. En otras palabras, quien tuviera una planta operando y no aceptara las condiciones impuestas en la ley y la reforma, como ya ha ocurrido, se le cancelarían los permisos y perderían toda su inversión. Estamos hablando de inversiones que superan ampliamente los 50 mil millones de dólares.

Hoy el gobierno federal no tiene los votos suficientes para sacar la reforma eléctrica propuesta, menos aún sin cambios y para el próximo 11 de abril. Lo han advertido dentro y fuera del gobierno. Por eso todo indica que la apuesta en el corto plazo es lograr que las leyes de 2021 se declaran constitucionales el próximo lunes y operar a partir de ellas, obteniendo en los hechos, mucho de lo que ya está aprobado en el congreso, aunque no sea letra constitucional. Para que se declare la constitucionalidad de estas leyes, el gobierno federal requiere sólo cuatro votos del pleno de la Corte. Ya cuenta con el de la ministra ponente, Loretta Ortiz, quien ya ha adelantado el sentido de su proyecto. No le será difícil obtenerlos.

Como adelantó la representante comercial, Katherine Tai, ello violaría los términos del T-MEC y llevaría a muchas empresas a litigios internacionales. En el tratado se especifica que las controversias, en éstos y otros temas, se definirán en ese ámbito. Pero el hecho es que los mismos, más allá de que terminarían de alejar las inversiones privadas, sobre todo extranjeras, por la inseguridad jurídica manifiesta, son procesos que podrían tomar muchos meses, incluso años, en decidirse. Y esta administración considera que para entonces ya habrá cumplido su ciclo. En otras palabras, alguien tendrá que pagar indemnizaciones millonarias, pero ya no será la administración de López Obrador. En mi colonia a eso le llamaban patear el bote.

Se equivoca Ebrard al considerar que éste es un tema de política interior. Golpea a lo más profundo de la relación de México con el mundo y en particular con los Estados Unidos y la Unión Europea. El eje, debería ser, de nuestra inserción en el mundo.