Otra red criminal de Tabasco

Ayer, Adán Augusto López salió huyendo del Senado cuando fue cuestionado por los reporteros sobre su relación con Fernando Paniagua Garduño, quien financió con 189 mil pesos nueve asambleas ciudadanas y mítines de Adán Augusto López celebradas en Jalisco, Aguascalientes y Sonora en agosto de 2023, según informó El Universal. Paniagua Garduño es uno de los socios de Hernán Bermúdez, en la empresa Inmobiliaria y Constructora Samaria.

Pero ayer también un reportaje de investigaciones especiales de Azteca Noticias señaló a otro nuevo rico tabasqueño que surgió, una vez más, durante el gobierno de Adán Augusto: el contratista potosino Gerardo Sánchez Zumaya, avecindado en Tabasco, militante de Morena y aspirante a gobernador de San Luis Potosí antes de mudarse a tierras tabasqueñas, como presunto operador de una red de corrupción vinculada a instalaciones de Pemex (terminales, refinerías y plataformas) dedicada a la sustracción, distribución, comercialización y traslado ilícito de derivados del petróleo hacia Estados Unidos.

Desde 2024 existen denuncias públicas y formales presentadas en su contra ante la Fiscalía General de la República (FGR), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía de Tabasco, pero que, hasta la fecha de elaboración del reportaje, no han prosperado ni mostrado avances.

Según el reportaje, desde 2024 diversos medios han documentado una compleja red de al menos 17 empresas factureras, así como la participación de jóvenes sin historial empresarial que presuntamente emitían comprobantes fiscales entre ellos para simular operaciones. Estas estructuras, afirma el reportaje, se habrían vinculado con al menos cuatro empresas en Estados Unidos para lavar recursos provenientes de contratos obtenidos por adjudicación directa con Pemex. En particular se menciona como empresa insigne a PetroGesa, desde la cual se habrían articulado las operaciones comerciales y financieras.

El modus operandi era sencillo y facilitado por las relaciones del contratista: se ingresaba a instalaciones estratégicas de la paraestatal —como Salina Cruz y la Terminal Marítima de Dos Bocas— para extraer y movilizar productos petrolíferos en camiones cisterna, autotanques y plataformas, sin que existiera contrato o relación jurídica que justificara dichas salidas. Posteriormente, se simulaban servicios, ventas de materias primas e insumos inexistentes mediante facturación entre empresas y personas relacionadas, con el propósito de blanquear dinero. Un joven de 24 años, José Manuel Ramón Hernández, emitió comprobantes fiscales a favor del grupo por 1.8 mil millones de pesos, sin actividad comercial observable.

La historia, dice la investigación, tomó un nuevo giro al abrirse una investigación que vincularía personal y empresarialmente a Sánchez Zumaya con un socio relevante de Roberto Blanco Cantú, apodado El señor de los buques, quien está acusado de contrabandear combustibles desde Estados Unidos. En ese entramado aparece Héctor Manuel Portales Ávila, señalado como socio principal de Blanco Cantú y detenido por delitos relacionados con posesión ilícita de hidrocarburos. Portales Ávila tiene una relación personal y financiera con Sánchez Zumaya.

De acuerdo con la documentación que cita el reportaje, entre mayo, junio y julio de 2025, Portales Ávila habría emitido facturas a empresas de Sánchez Zumaya por un monto total de 142 millones 141 mil 224 pesos. Las receptoras fueron: Bangesa, Industrias Gesa del Sureste y Petrogesa. Los conceptos facturados corresponderían a la compra de convertidores, semirremolques tipo tanque de aluminio y dos tractocamiones nuevos modelo 2025.

Además de la dimensión empresarial, Sánchez Zumaya presumía de su cercanía con Adán Augusto López y en sus redes sociales aparecen fotografías con el senador y con Portales Ávila y otros funcionarios de alto nivel, además de actos de precampaña cuando intentó ser candidato de Morena a San Luis Potosí. Esas relaciones habrían facilitado adjudicaciones directas y contratos millonarios con Pemex, que serían parte del origen de las ganancias atribuidas.

Es uno más, otro nuevo rico tabasqueño del sexenio pasado, junto con Amilcar Olán, Juan Carlos Guerrero, Fernando Padilla Farfán, dueño de las empresas Línea Médica del Sur SA de CV y F Medical, quien “donó” las unidades médicas que promocionan la imagen de Andrea Chávez en Chihuahua; Raúl Rocha Cantú y muchos otros.

USO DE LA FUERZA

El secretario de la Defensa, el general Ricardo Trevilla, dio ayer una buena explicación sobre cómo se desarrolló el operativo contra Nemesio Oseguera, El Mencho, que terminó con la muerte del líder del CJNG.

Un punto clave en todo esto es la ley de utilización del uso de la fuerza, que establece que la respuesta de las autoridades debe ser proporcional a la de los agresores. En otras palabras y simplificando las cosas: el Ejército, la Guardia Nacional o la Marina no pueden utilizar armamento que sea desproporcionadamente superior al de los sicarios. Un ejemplo, para romper la resistencia en posiciones altas que tenían los sicarios en el operativo contra El Mencho, los soldados de fuerzas especiales no podían usar un dron artillado o morteros. En las calles, los GN pueden utilizar cierto armamento, pero otro mucho más poderoso, no. Eso está establecido en la ley mexicana y es parte de las controversias con Estados Unidos, que, como vimos, no tiene ese limitante en acciones contra grupos que considera terroristas, como los cárteles.