Nuevas autoridades y empoderamiento criminal

En Acapulco fue incendiada la discoteca Baby’O, un icono de la noche acapulqueña. Tres hombres ingresaron al local con bidones de gasolina y le prendieron fuego: las cámaras de seguridad lo exhiben con claridad. La primera reacción del gobierno estatal, sin conocer todavía los videos, fue decir que el siniestro había sido causado por un corto circuito. De la nueva presidenta municipal que había asumido ese mismo día ni sus luces. ¿Fue el incendio de la discoteca una advertencia de la delincuencia organizada a las nuevas autoridades locales? Todo parece indicarlo.

Porque no sólo ese incendio ocurrió al mismo tiempo que se deba el cambio de poderes municipales. En video pudimos ver la forma salvaje con que eran capturados, interrogados, torturados, y literalmente destazados quince miembros de Guerreros Unidos en Iguala, por parte de miembros de otra banda, Los Tlacos, de Onésimo Marquina Chapa. Las imágenes son terribles, de un nivel de violencia nunca visto hasta ahora. Hechos similares se repitieron en distintos municipios de Guerrero el mismo día. Y en Iguala, en el penal estatal, estalló un motín de los presos de Guerreros Unidos protestando por la muerte de sus integrantes.

El cambio de poderes en los próximos días se extenderá a la gubernatura, donde dejará la casa de Chilpancingo Héctor Astudillo y asumirá Evelyn Salgado Pineda, la hija de Félix Salgado Macedonio. No digo que Félix haya estado involucrado con el narcotráfico, pero durante su administración en Acapulco fue cuando estalló la presencia de los grupos criminales, sobre todo de los Beltrán Leyva, en el puerto. Su administración comenzó, vaya paradoja, con otro hecho brutal: las cabezas de varios decapitados en las puertas de las oficinas de gobierno. El esposo de Evelyn, la nueva gobernadora, es Alfredo Alonso Bustamante, hijo del empresario Joaquín Alonso Piedra, conocido como El Abulón o El Señor de los fierros, quien fue acusado de ser el operador financiero de Clara Elena Laboría, esposa de Héctor Beltrán Leyva. Incluso en 2016, El Abulón fue detenido por la Policía Federal. Meses después fue liberado.

Mientras esto ocurría en Guerrero, en Sonora, donde acaba de darse el cambio de poderes, hay una grave situación de inseguridad en varios municipios, pero sobre todo en Cajeme, donde se multiplican los muertos por el enfrentamiento entre bandas criminales. En Nuevo León, donde ayer asumió Samuel García la gubernatura, también ha habido fuertes enfrentamientos, sobre todo en Cadereyta, donde fue asesinado el nuevo jefe de policía municipal, el mismo día que asumió el mando.

La situación ante el cambio de autoridades en Chiapas es insostenible en varios municipios, sobre todo en Pentalhó y Altamirano: allí los enfrentamientos de grupos armados, que por una parte pertenecen al zapatismo y a cafeticultores, pero que están también penetrados por grupos criminales, en uno u otro bando, están a punto de hacer estallar un conflicto abierto intracomunitario.

En Zacatecas, donde acaba de asumir David Monreal en medio de una situación catastrófica de seguridad, los grupos criminales, en Jerez, la ciudad junto con Fresnillo, epicentro de los combates entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y el de Sinaloa, se suceden las muertes, pero incluso los grupos rumiantes han dejado sin comunicación los municipios, derribando las torres de comunicación telefónica, de celulares y redes. La población está huyendo de la zona, se calculan en unos 12 mil los desplazados.

En la frontera entre Jalisco y Michoacán (el viernes cambiaron autoridades en Michoacán) y como parte de los enfrentamientos entre el CJNG y los Cárteles Unidos, fueron atacadas patrullas militares, dos soldados fueron asesinados y varios heridos y fue atacado un helicóptero de la fuerza aérea que llegó en apoyo.

En medio de todo esto, muy lejos de aquí, en Ecuador, estalló un motín brutal en una cárcel de máxima seguridad que dejó por lo menos 116 muertos, en lo que allá dicen que fue un enfrentamiento entre integrantes del CJNG y el de Sinaloa. El tema de la presencia hegemónica de los cárteles mexicanos en las cárceles de Ecuador, Perú, Colombia fue tema central de debate en esos países.

Finalmente, en México, el gobierno federal dio a conocer grabaciones de inteligencia militar entre los integrantes de Guerreros Unidos en los días del secuestro y asesinato de los jóvenes de Ayotzinapa que confirman las investigaciones realizadas por la entonces PGR, que coinciden con las cintas que desde hace ya mucho tiempo entregó la DEA al gobierno mexicano; a las conclusiones a las que llegó en su momento la CNDH e incluso a la que realizamos trabajando sobre muchos de estos materiales para el libro La noche de Iguala (Caly Arena, 2018). Lo terrible es que al principal ejecutor ahora lo consideran un testigo protegido; de los 137 detenidos originales, la fiscalía especial actual ha dejado en libertad a más de 70, incluyendo a todos los principales sicarios, para buscar una salida ideológica a un hecho criminal. De eso se alimenta el empoderamiento criminal.