Narcos mexicanos, terroristas para Trump

La confirmación de que la Casa Blanca designará como terroristas a los cárteles mexicanos del narcotráfico deberá modificar toda la relación de seguridad con Estados Unidos y obligará al gobierno del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a cambiar su cuestionada estrategia de seguridad.

La inacción contra los grupos criminales no ha pasado desapercibida por el gobierno de Estados Unidos que, en el inicio de una difícil campaña electoral y con la amenaza del proceso de impeachment contra el presidente Donald Trump, tiene sesenta mil muertos anuales por sobredosis de drogas, sobre todo de fentanilo, que, en su mayoría, provienen de cárteles mexicanos. A lo anterior se suma lo sucedido hace cuarenta días en Culiacán, donde se dejó en libertad a Ovidio Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, y con pedido de extradición de la Unión Americana. Para terminar, días después vino el asesinato de tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón, todos ellos de nacionalidad estadunidense.

Esos hechos catalizaron la decisión anunciada ayer por Trump, pero el tema es añejo. En realidad, se arrastra desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador y se ha ido agudizando mes con mes.

Desde el inicio del actual gobierno no existe una relación de intercambio de seguridad e inteligencia seria con Estados Unidos, la colaboración se redujo prácticamente a cero en los temas de narcotráfico. Sumado a eso, no se concretó prácticamente ninguna detención de narcotraficantes, especialmente designados por Estados Unidos, ni ninguna extradición importante. La política de pacificación emprendida por el gobierno federal no fue ni comprendida ni aceptada al otro lado de la frontera donde la percepción que tuvieron fue que simplemente existía una suerte de pax narca que lo único que había logrado era que cada vez ingresaran más drogas al territorio estadunidense, sobre todo drogas sintéticas y opiáceos.

Como lo advertimos en su momento, esta decisión era inevitable desde el mismo momento en que se presionó al gobierno federal para cambiar su política migratoria.

El giro de ciento ochenta grados, operado por la administración de López Obrador –que pasó de la política de puertas abiertas a un fuerte control migratorio, desplazando a cerca de veintisiete mil elementos de la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur, además de ser una necesidad de nuestra propia seguridad nacional, fue la consecuencia de las exigencias de la Casa Blanca. Desde entonces era inevitable que, tarde o temprano, Washington exigiera un cambio en la política de seguridad.

Después de los hechos de Culiacán y de la masacre de la familia LeBarón, legisladores y funcionarios aseguraron “no conocer” la política de seguridad de México, “si es que había alguna”, pues un congresista llegó a calificarla de “un cuento de hadas”.

El embajador estadunidense Christopher Landau, en una conferencia en el Tec de Monterrey hace apenas dos semanas, advirtió públicamente sobre la necesidad de combatir al crimen en forma conjunta. “Ya hemos visto en varias partes de México, dijo Landau, un embajador extremadamente prudente, que hay un gobierno paralelo de los narcos en ciertas partes de la República, donde en la superficie parece que todo va normal. La gente va a la escuela, al cine, pero no se meten con los narcos, ellos realmente tienen el poder. Esto no puede ser. El territorio donde los narcos tienen ese poder continúa expandiéndose a través de la República. Es tan importante el futuro de México que, si no lo combatimos ahora, esto se va a volver mucho peor”. Si Culiacán, agregó, “no nos despierta a todos para ver la realidad de la situación, yo no sé qué vamos a estar esperando, porque me parece obvio que es un peligro enorme”.

La experiencia más cercana a la designación de cárteles del narcotráfico como grupos terroristas las tuvimos en Colombia, primero con la persecución de Pablo Escobar y más tarde con la aplicación del Plan Colombia. La legislación estadunidense permite que a esas organizaciones se les puedan aplicar medidas drásticas que impidan cualquier trato comercial con quien esté acusado de tener relaciones con ellos, pero también permite intervenciones militares contra objetivos específicos designados como terroristas, como se ha hecho, por ejemplo, recientemente con líderes de ISIS en Siria o años atrás contra Osama Bin Laden en Pakistán.

Para esas acciones la legislación estadunidense considera que no tiene que pedir autorización a los países en donde se refugian esos grupos o individuos que considera peligrosos para su población y para su propia seguridad nacional.

Era un tema que iba a estallar y finalmente lo hizo.

Si no es suficiente como para revisar la estrategia de seguridad del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no sé qué puede ser necesario para que ello suceda.