La salud presidencial, asunto de Estado

El Presidente tuvo el viernes la tradicional conferencia mañanera, terminando la misma, nunca dijo que visitaría el hospital militar, lo que hizo apenas una hora más tarde, y cuando, según el informe posterior que dio el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, estaba a punto de iniciar el procedimiento quirúrgico, apenas se informaba del internamiento. 

Tampoco se ha informado, hasta el día de hoy, a detalle de la dolencia del mandatario o estrictamente sobre qué se hizo. El Presidente debe haber sido sedado en forma general, y nunca se informó quién se quedó con el control del país durante esas horas. 

Se podrá pensar que es algo menor, que no tenía importancia o incluso que la salud del Presidente es parte de su privacidad. En realidad es todo lo contrario: nos guste o no, la salud de un mandatario es un asunto de Estado, con López Obrador o con cualquier otro. 

La sociedad tiene derecho de saber qué salud guarda el hombre o la mujer que tiene en sus manos el control de un país. La enorme mayoría de las dolencias, por supuesto, que no incapacitan a un mandatario para seguir con esa responsabilidad, pero se debe saber qué sucede porque la salud, como la capacidad física o intelectual, es un condicionante tan importante como los conflictos de interés que puede tener un mandatario.

Varios ejemplos: si hay un capítulo que oscureció la gestión de Francoise Mitterrand fue que durante años ocultó, mientras era presidente, que sufría de un cáncer que finalmente lo llevó a la tumba. Ronald Reagan informó con precisión sus intervenciones quirúrgicas, pero nunca se informó que el mandatario durante por lo menos sus dos últimos años de gobierno ya sufría de Alzheimer y muchas decisiones ya no pasaban por sus manos. Y no hablemos de dictadores como Fidel Castro o Hugo Chávez, cuya salud era tan protegida como un secreto de Estado, que llegaron incluso a adecuar, según informes confiables, la fecha de su muerte a las necesidades de la coyuntura.

Cuando estaba a punto de iniciar el proceso de destitución de Richard Nixon, el presidente estaba deprimido, bebía, estaba alcoholizado buena parte del tiempo, y el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el secretario de Estado y el de la Defensa, decidieron que no acatarían ninguna orden militar de alto riesgo, si no era aprobada previamente por ellos. Lo mismo sucedió en las últimas semanas de Donald Trump, ante el temor de que un presidente notoriamente desequilibrado por su derrota electoral, podría desencadenar una ataque nuclear para cancelar la transición de poderes.

Sabemos que el presidente López Obrador sufre de problemas cardiacos aunque no se haya informado, ni antes ni ahora en forma clara sobre su salud, además de otras dolencias en la espalda. Afortunadamente en esta ocasión no hubo consecuencias mayores, pero el desaseo de la información deviene de la decisión de mantener el secreto, porque de inicio, el propio Presidente al terminar la mañanera podría haber informado que se haría un estudio clínico y ello hubiera evitado las especulaciones que se dieron durante varias horas del viernes. Se informó hasta que los rumores habían desbordado cualquier intento de contención. 

No ganó con ello ni el Presidente ni su administración, tampoco la sociedad ni las buenas prácticas gubernamentales. Afortunadamente, insistimos, no hubo nada que lamentar respecto a la salud presidencial ni se presentó ningún problema súbito que hubiera requerido la atención presidencial mientras estuvo impedido. Pero imaginemos por un momento que se hubiera producido un terremoto, un episodio de seguridad similar al culiacanazo o cualquiera de las tragedias cotidianas que azotan al país. Hay procedimientos, mecanismos de información que cualquier democracia debe respetar y una vez más en nuestro caso eso no ha ocurrido.

Por cierto que el presidente López Obrador haya ya escrito un testamento político, como él mismo lo ha declarado, no debería ser motivo de preocupación como algunos lo expresaron. Es una práctica que muchos políticos han hecho desde siempre. Lo que sí refleja es que el primer mandatario es consciente de su propia vulnerabilidad. Más allá, incluso, de algunos de sus colaboradores que creen que el secretismo es una forma de administrar el poder.

Por cierto, hablando de malas prácticas de comunicación, la decisión de declarar inconstitucional la Ley de Medios de 2017, dando por buena la legislación aprobada un año antes y rechazada en forma unánime por medios, comunicadores y la industria de la radio y la televisión en general, es una decisión que si no es frenada a tiempo, tendrá costos inabarcables para la libertad de expresión en el país.