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El Presidente y los gobernadores, la agenda real

Jorge Fernández Menéndez

Jorge Fernández Menéndez

Razones

El presidente López Obrador se reunió con los gobernadores del país, brindaron con agua de guanábana, comieron pejelagarto y todo fue amor y paz, dicen quienes participaron del encuentro.

Es un muy buen mensaje de un Presidente que estaba muy contento por el cumpleaños de su esposa y el nacimiento de su nieto y de los gobernadores que no fueron en son de guerra. Pero lo que debería ser importante de este encuentro es que realmente el Ejecutivo federal y los estatales puedan trabajar seriamente en los principales temas de la agenda. Y hay varios que, sin la participación de ambos, estarán destinados al fracaso.

El primero es, sin duda, la seguridad. El afán centralizador del gobierno federal lo ha llevado a demeritar, incluso degradar, cualquier esfuerzo con los gobiernos estatales, al grado de acusarlos por no replicar, como si fuera manda, las reuniones matutinas que realiza el Presidente con su gabinete de seguridad. Apenas en estos días, con el encuentro del secretario Alfonso Durazo con los gobernadores, se pudo comenzar a poner objetivos comunes.

Y es que no hay posibilidad alguna de recuperar la seguridad si no se parte de abajo. Crear la Guardia Nacional, lo hemos dicho mil veces, está muy bien y puede ser una institución muy útil en la lucha contra la violencia y la inseguridad, pero si no existen policías estatales y municipales estructuradas sobre un modelo homogéneo, con formación, equipo y mandos homologados, no habrá éxito en ese objetivo. La seguridad cotidiana debe ser garantizada por las policías locales, con todo el apoyo federal, pero también construidas con un modelo que sirva para todo el país. No lo pudo hacer Fox ni Calderón ni Peña porque se opusieron partidos y gobernadores.

No se trata de un mando único nacional policial, pero sí de una coordinación real y efectiva que tiene que surgir desde la forma de designar a los mandos (homologados por una academia o una institución similar que les dé ese aval para fungir como tales en los estados) y sobre un modelo único de operación. En la inexplicablemente derogada Ley de Seguridad Interior, eso comenzaba a tener fuerza de ley, porque no se pueden construir modelos de estas características basados en la buena voluntad de las partes. Eso lo puede lograr el presidente López Obrador con su mayoría legislativa, pero debe hacerse con un amplio acuerdo que incluya apertura política y también fondos presupuestales estrictamente controlados para ese objetivo.

El otro gran tema es la salud. El Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) es un buen proyecto mal diseñado, peor aplicado y que genera muchos más problemas de los que soluciona. No se puede echar a andar un sistema de salud nacional con tanta improvisación. Tampoco ignorando, como se ha hecho, a los estados y los verdaderos especialistas del sector. Hacen bien los gobernadores que se resisten a firmar el acuerdo del Insabi. Debe ser revisado, sobre todo en su concepto centralizador. Va exactamente en contra de lo que están haciendo todos los países (menos naciones como Cuba o Venezuela), que buscan hacer sistemas mucho más horizontales y descentralizados, a partir de los cuales van construyen espacios de centralización para especialidades muy concretas.

Así se creó el sistema de salud pública en México y hay que insistir en que, pese a sus enormes deficiencias, incluyendo el seguro popular, por lo menos funcionaba. Hoy se corre el riesgo, entre la improvisación y la falta de conocimiento sobre el tema, de que el sistema colapse. Y, para evitarlo, se deben revisar, forma y fondo y deben trabajar juntos el gobierno federal y los estatales. No hay otra opción.

Hablando de forma y fondo. Para avanzar en todo esto se debe acabar con otra ocurrencia: los superdelegados, que son una figura inconstitucional y, además, han demostrado ser un estorbo para los gobiernos estatales y para su relación con el federal. Hacen negocios, interfieren en la acción de gobierno, actúan como si fueran candidatos o incluso virreyes, es imposible defenderlos. La mejor demostración es lo que ocurre en las mesas de seguridad, ¿por qué un gobernador o un jefe de zona militar tendrá que compartir información y estrategias con un superdelegado que no tiene función legal alguna? Y lo mismo se replica en todos los demás temas.

Qué bueno que los gobernadores y el Presidente estuvieron el martes de parabienes. Ojalá eso se refleje en políticas públicas concretas.

 

PD: por cierto, hoy presentaré mi libro Nadie supo nada, la verdadera historia del asesinato de Eugenio Garza Sada, en Monterrey, a las 19 horas, en la sala 2 de la Cineteca. Me acompañarán Mónica Garza, Jorge Tello Peón y Luis Farías. Los invito. El 29 de enero —ya les informaré— será la presentación en la Ciudad de México.

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