No sé quién está aconsejando políticamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, pero debería darlo de baja en forma inmediata. Dos fracasos consecutivos en una innecesaria e intrascendente reforma electoral no deberían ser tolerados por una mandataria que necesita afianzarse en un territorio político donde muchos de los principales amarres y decisiones siguen proviniendo de Palenque, y muchos, dentro de su propia administración, no le son leales.
No se comprende tan mala operación. No sólo en la reforma electoral, en dos capítulos en los que se sabía que no estaría acompañada por sus propios aliados (reducción de plurinominales y revocación de mandato para 2027), sino también en muchos otros ámbitos, pocos tan desafortunados, mal operados, como los derrames de crudo o la ignorancia consciente ante las reiteradas denuncias de corrupción de políticos y funcionarios del oficialismo.
No se comprende que los mayores desafíos los está sufriendo desde dentro y que la falta de operadores políticos, propios, suyos, confiables, está en el corazón del mismo. Los duros, impresentables ante la sociedad, descalificados y perseguidos por innumerables acusaciones, están vulnerando su administración, y sus efectos colaterales golpean las estrategias de seguridad y la relación con Estados Unidos.
Cuando asumió la Presidencia de la República dijimos en este espacio que Sheinbaum debía cuidarse de que no la convirtieran en la versión local de Dilma Rousseff, la mandataria de Brasil que sucedió a Lula da Silva y que terminó siendo destituida, en una operación en la que participaron sus adversarios políticos, pero también muchos de los suyos.
Dilma no era una improvisada: era una mujer que fue parte histórica de la izquierda de Brasil, estuvo en la guerrilla en los años 60 y 70, fue presa política y tenía una sólida formación profesional. No tenía el carisma de Lula da Silva, pero él la colocó como su sucesora porque la consideró la más confiable. Y en cuanto asumió el poder comenzó una labor de zapa en su contra.
La caída de Dilma Rousseff, hace exactamente una década, en 2016, fue el resultado de un proceso de impeachment impulsado por acusaciones de irregularidades fiscales en su gobierno. El tema era relativamente menor, pero estuvo alimentado por una profunda crisis económica y escándalos de corrupción, como el caso Lava Jato, relacionado con los sobornos de la empresa Odebrecht, y culminó con su destitución definitiva por el Senado.
El impeachment comenzó el 2 de diciembre de 2015, cuando Eduardo Cunha, presidente de la Cámara de Diputados, aceptó una denuncia por “crimen de responsabilidad” presentada por el abogado Hélio Bicudo. La acusación principal fue el uso de maniobras fiscales conocidas como “pedaladas fiscales”, destinadas a maquillar el déficit presupuestario, manipulando fondos de bancos públicos. En abril de 2016, la Cámara de Diputados aprobó la apertura del juicio político con 367 votos a favor (muchos de ellos de los, hasta entonces, aliados de Dilma) y 137 en contra, suspendiendo temporalmente a Rousseff por 180 días, mientras Michel Temer, otro exaliado, asumía la presidencia interina. El Senado ratificó esta medida tras la ruptura de la alianza con el PMDB y otros grupos menores. La destitución se dio en un contexto de recesión económica, protestas sociales y revelaciones de corrupción que rompieron internamente al PT y vulneraron sus alianzas. Lo cierto es que la destitución de Dilma fue la consecuencia de su pérdida de legitimidad ante su falta de capacidad negociadora, incluyendo con muchos sectores empresariales que habían apoyado a Lula da Silva.
El escenario era difícil: Brasil enfrentó una recesión severa en 2015-2016, con una caída del PIB superior a 3% anual, una inflación por encima del 10% y un desempleo creciente, agravado por la caída de precios de commodities que habían permitido un fuerte crecimiento durante el gobierno de Lula. Rousseff aplicó lo que en Brasil llamaron un “austericidio”, que no revirtió la desconfianza de los mercados e inversores, sumado a protestas masivas, alimentadas muchas veces por su propio partido, por servicios públicos deficientes.
A eso se sumó el caso Lava Jato, iniciado en 2014, que reveló un esquema de sobornos en Petrobras por miles de millones de dólares, involucrando a directivos, empresas como Odebrecht y políticos del PT, aunque Rousseff no había tenido relación con ello. Investigaciones posteriores mostraron que hubo desvíos comprobados de hasta cuatro mil millones de dólares.
Para ocultar las cifras del creciente déficit fiscal, Dilma retrasó los pagos a bancos públicos para crear artificialmente un falso superávit primario en 2014, año de su reelección, con lo que violó la Ley de Responsabilidad Fiscal. Además, aprobó créditos para financiar el déficit por 18 mil 400 millones de reales (unos seis mil millones de dólares), sin aprobación del Congreso, que agravaron el déficit oculto.
La coalición del gobierno se rompió en marzo de 2016 luego de que fracasara una negociación con el PDMB para tener más espacios en el gobierno. La oposición, con apoyo de clases medias y evangélicos, sumó votos en un Congreso fragmentado, mientras Rousseff perdía la capacidad de negociación y operación política que nunca había tenido en sus manos.
Decía Mark Twain que la historia no se repite, pero que a veces rima.
PD: nos tomaremos unos días de descanso en esta Semana Santa, regresaremos con estas Razones el martes 7 de abril. Gracias.