Decía Winston Churchill que “algunos cambian de partido para defender sus principios, otros cambian de principios para defender su partido”. No puedo entender la posición del gobierno federal sobre el tema de los desaparecidos y su rechazo a la recomendación del comité de la ONU sobre el tema. No se puede entender que en el pasado se haya puesto tanto y legítimo énfasis en este tipo de casos y ahora cuando se ha tornado en una verdadera crisis, simplemente se lo ignore.
Tenemos una situación gravísima en torno a las desapariciones de personas. El comité de Naciones Unidas estima en 132 mil las personas que han desaparecido en nuestro país. El gobierno federal desestima esa cifra, la retrotrae a Felipe Calderón y a Enrique Peña Nieto, y dice que en realidad son cerca de 35 mil, aunque sostiene que sobre las otras dos terceras partes no tienen suficientes datos o que otros han hecho alguna aparición o comunicación, aunque tampoco han sido localizados. Lo cierto es que en el sistema forense tenemos 70 mil personas sin identificar.
La cifra negra de desapariciones no la conoce nadie: en muchas comunidades sobre todo rurales, nadie hace una denuncia por miedo a los grupos criminales. El sistema de reclutamiento del crimen organizado sigue funcionando vía el engaño o la fuerza, y en el camino muchos jóvenes desaparecen. Se ha reducido el flujo migratorio, pero han sido miles los hombres y mujeres que han sido secuestrados, extorsionados, desaparecidos durante años en el tránsito hacia la frontera norte. La que vivimos es una tragedia social, humanitaria, real que no puede ser ocultada y que debería ser asumida como tal.
Dos cosas son verdad: las desapariciones no comenzaron con los gobiernos de la 4T ni tampoco son consecuencia directa de una política de Estado. No es el nuestro, el mismo caso de las dictaduras centro o sudamericanas de los años 70. Pero también es verdad que las desapariciones se han disparado geométricamente desde el inicio de sexenio de Andrés Manuel López Obrador como consecuencia de la política de abrazos, no balazos y del empoderamiento criminal en vastas zonas del país. Ha cambiado la política de seguridad en esta administración pero las desapariciones siguen aumentando. Para los organismos de derechos humanos (menos para la CNDH que encabeza Rosario Piedra Ibarra, que juega un papel cada día más intrascendente y lamentable sobre éste y muchos otros temas) suman cerca de 19 mil en lo que va del sexenio.
El gobierno de López Obrador se negó lisa y llanamente a reconocer el problema y mientras condecoraba, legítimamente, a las madres y abuelas de Plaza de Mayo por su lucha contra las desapariciones en Argentina, no recibió ni dio espacio a las madres buscadoras de México. En Palacio Nacional jamás se ha recibido a estos colectivos que vienen buscando a sus hijos, hijas, esposos, padres, desde hace años, aún a costa de su vida. En los últimos ocho años han sido asesinados o desaparecidos 43 integrantes, mujeres y hombres, de estos colectivos, abandonados en su lucha por las autoridades. Esos 43 pareciera que no cuentan como otros. En los países en los que hubo avances, incluso para la identificación de restos y establecimiento de políticas mucho más claras al respecto, desde Argentina y Chile hasta Guatemala, han confluido tres elementos: por una parte el reconocimiento de lo sucedido; por la otra, una decisión de acabar con la impunidad y finalmente el establecimiento de mecanismos de colaboración internos y externos para atender el fenómeno. Si no comenzamos por reconocer la magnitud de la tragedia humanitaria que estamos viviendo es imposible avanzar en la justicia y en los mecanismos de colaboración, incluso con la sociedad civil.
No creo que el gobierno federal, particularmente el actual, esté cometiendo un crimen de lesa humanidad con las desapariciones ni tampoco las mismas son parte de una política de Estado. Pero sí ha habido políticas que han permitido o solapado esta tragedia y lo que resulta inconcebible es que siga sin existir una respuesta contundente, clara e integradora ante la misma. En nuestro caso, al final, lo que está en debate es el control que tiene el Estado sobre el territorio nacional: es la capacidad que tienen los grupos del crimen organizado para proteger a la población. Y cuando se argumentan razones soberanas para rechazar la colaboración internacional (que es muy distinto a la intervención de terceros países) para combatir a esos grupos o, como sucede en nuestro caso, para buscar a los desaparecidos y avanzar, aunque sea en la identificación de los restos, no se entiende que nada vulnera más a la soberanía que no tener control sobre partes del territorio, o que cientos de miles de mexicanos sigan sin tener una respuesta sobre lo que ha sucedido con sus seres queridos.
Hay muy pocos crímenes que dañen más a las familias, a las personas, que la desaparición. Es una herida que trasciende incluso la muerte, porque está marcada por la más absoluta incertidumbre, porque no permite despedir, cerrar ese drama existencial. Es un mecanismo, también, de enorme presión de los grupos criminales sobre la gente y las comunidades: es una demostración de poder que debería ser inadmisible para las fuerzas del Estado. Y que por eso mismo debería estar en el centro de cualquier estrategia de seguridad y reconstrucción del tejido social del gobierno federal.