No han sido uno ni dos ni tres los derrames de crudo que están afectando toda la costa del golfo de México. Desde inicios de marzo se han detectado más de una docena de derrames que dañan, al menos, 39 comunidades costeras de Veracruz y Tabasco, y que se han extendido hasta Tamaulipas. Pero ni el gobierno federal ni Pemex se hacen responsables, atribuyendo la tragedia a terceros o simplemente a las condiciones del clima.
Las denuncias las han realizado organizaciones como Red del Corredor Arrecifal y Greenpeace, que reportan unos 630 km de línea de costa contaminada, desde Paraíso, en Tabasco, donde se ubica la refinería en Dos Bocas, hasta Tamiahua, en Veracruz, cubriendo prácticamente todo el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo.
Se han documentado manchas de chapopote en playas, redes y zonas de pesca; lo mismo que animales muertos por la contaminación. No se aceptan responsabilidades, pero se creó una comisión interinstitucional para atender la crisis ambiental, mientras las autoridades son acusadas de sufrir una “crisis de transparencia” al no informar sobre el origen, el volumen y el plan de atención de los derrames.
A días del inicio vacacional de Semana Santa, la limpieza se ha concentrado en las zonas turísticas, mientras que en las comunidades pesqueras la contaminación permanece en playas, manglares y lagunas, pero lo más grave es que no haya información confiable sobre lo que está sucediendo, sobre el volumen derramado, las trayectorias de las manchas, sus orígenes y sobre los riesgos a corto y largo plazos para arrecifes y pesquerías.
Según las organizaciones no gubernamentales, el derrame afecta 17 arrecifes de coral del suroeste del golfo, un ecosistema clave para biodiversidad y pesca. Las comunidades pesqueras han suspendido parcial o totalmente sus actividades por la contaminación, con pérdidas económicas relevantes, pero que no han sido cuantificadas por las autoridades y que, incluso, son minimizadas, como lo ha hecho la gobernadora Rocío Nahle, que se refiere a los derrames como simples “manchitas”.
Las tragedias ambientales se acumulan. En julio de 2023 se documentó un fuerte derrame de crudo asociado al campo Ek‑Balam, frente a Campeche; Pemex lo atribuyó a un “fenómeno natural”, pero estudios independientes y organizaciones estimaron un área contaminada de cientos de km cuadrados.
En 2025, un derrame de más de 300 barriles de petróleo afectó unos 7 km de costas de Tabasco en una zona con áreas naturales protegidas; al menos mil 500 pescadores vieron paralizadas sus actividades durante semanas. Existe un subregistro de alrededor de 60% de los derrames en el Golfo en los últimos seis años, comparando reportes oficiales con imágenes satelitales y denuncias comunitarias. Ahora, nuevamente se rehúye la responsabilidad de la empresa cuando estamos ante una tragedia ambiental evidente. Tampoco se reconoció responsabilidad en la explosión que dejó cinco muertos días atrás en Dos Bocas, derivada, una vez más, de una fuga en la refinería, mientras la población de la zona denuncia los riesgos que está corriendo.
Y es que Pemex sigue atenazada por pérdidas enormes y recurrentes, una deuda muy alta (incluyendo la que mantiene con proveedores), una dependencia masiva de apoyos fiscales y un deterioro operativo que le impide generar flujo suficiente para asumir siquiera sus deudas y costos de operación.
En 2025, Pemex registró pérdidas por más de 377 mil millones de pesos, la deuda financiera era de 84 mil 500 millones de dólares, mientras que la deuda con proveedores ronda los 25 mil millones de dólares.
Entre 2019 y 2024, el gobierno de López Obrador destinó, al menos, 1.49 billones de pesos en apoyos a Pemex, vía reducción de impuestos, aportaciones de capital y coberturas. La baja producción, combinada con refinerías que siguen siendo poco rentables, han reducido el flujo operativo y vuelve más difícil pagar la deuda y financiar inversiones.
No es de extrañar que, ante la crisis, también se haya deteriorado el mantenimiento y los derrames constantes son consecuencia de ello. Mientras tanto, florecen la fortunas de nuevos ricos que se han hecho millonarios gracias a la crisis de la empresa petrolera más deficitaria del mundo.
DESDE 2019
Lo publicamos en este espacio el 20 de marzo de 2019. “Dos Bocas no estará terminada y operando en marzo de 2022. No es posible construirla en tres años cuando no existe siquiera un proyecto y una planificación acorde a una obra de esa envergadura. Los tiempos y los números no cuadran y así lo han advertido desde el Instituto Mexicano del Petróleo hasta la Secretaría de Hacienda. Pero, además, las empresas invitadas a la licitación tampoco son sinónimo de la “transparencia y ética“ que presumió Rocío Nahle. Las cuatro empresas han tenido y tienen denuncias en su contra por casos graves de corrupción: unas están denunciadas por el Departamento de Justicia estadunidense, acusadas de corrupción en negocios petroleros en Nigeria; otra por compra de contratos en Arabia Saudita y Abu Dabi; una más pagó sobornos, al estilo Odebrecht, a los Kirchner, Néstor y Cristina, cuando éstos fueron presidentes de Argentina. Luego de la cancelación del aeropuerto en Texcoco, Dos Bocas se convertirá en el mayor dolor de cabeza de la administración López Obrador. Inversionistas, consultores y calificadoras ya lo han advertido”. Ignoraron todas las advertencias, hoy pagamos los costos económicos y ambientales.