De la revocación a la energía: estados alterados

Hoy se viven momentos difíciles en las instituciones armadas. A las responsabilidades inherentes a su cargo se le han sumado tareas de seguridad pública, pero también de obras civiles, aduanales, portuarias y muchas más. No es fácil, cuando se vive en un régimen donde lo institucional y lo político se entrecruzan una y otra vez.

Es verdad que para el Presidente la consulta de revocación de mandato se ha convertido en una obsesión en la que ha involucrado a todos sus funcionarios, pero ni así existe entusiasmo alguno por la consulta. Responsabilizar al INE de ello es absurdo: la organización de la consulta ha sido limitada por el presupuesto, pero impecable en su organización. No es responsabilidad del INE que a la gente no le entusiasme la consulta. En todo caso es responsabilidad de quien la pidió, Morena, un partido que recibe varios miles de millones de pesos al año de prerrogativas, además de apoyos estatales e institucionales. Debería ser responsabilidad de Morena movilizar y entusiasmar a la gente, no del Presidente, la jefa de Gobierno, el secretario de Gobernación ni mucho menos de los mandos militares.

Que el sábado pasado hayan viajado a Sonora a promover la consulta el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, junto con el jefe de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, utilizando un avión de la Guardia Nacional y acompañados por el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, no cuida las formas ni el fondo de la legalidad electoral. Que el muy respetado general Rodríguez Bucio acepte organizar ese viaje y participe en el evento de uniforme, es un error grave. Que al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, en el mismo acto se lo presente al grito de “Presidente”, es otro error, lo mismo que el tono duro, radical de su discurso, en un hombre que se ha significado como el principal interlocutor del presidente López Obrador y como un virtual precandidato que no había necesita hasta ahora de esas puestas en escena. Que un político con la experiencia de Mario Delgado no comprenda que las obligaciones partidarias no deberían cruzarse con las políticas, de seguridad y militares de los funcionarios del gobierno, porque le hace daño a su partido, a las instituciones y al propio gobierno, no se entiende.

Menos aun cuando existen fuerzas dentro el propio gobierno que quieren, por una parte, terminar de desplazar a los sectores llamados moderados, que en otro país les llamarían institucionales, y, sobre todo, exhibir y descalificar en cuanto pueden, a las Fuerzas Armadas: al Ejército, la Marina y la Guardia Nacional, a las que siguen acusando de violación de derechos humanos, de masacres, sobre las que se filtran rumores e información. Porque, no nos engañemos, nada de eso viene de fuera: surge de sectores y personajes del entorno del propio gobierno. El costo lo pagan las instituciones.

No sé qué tanta información tiene el Presidente sobre estos temas, qué tanta información quiere tener o si él mismo participa de este proceso. Lo que sí es evidente, es que está cada día más aislado y que su interpretación de las cosas no deja de ser peculiar. Su fervor por la consulta de revocación, fervor que la gente en la calle no comparte, lo está llevando a cometer errores graves.

El jueves y viernes se terminó cayendo en una comedia de errores involuntaria con la visita de nada más y nada menos que John Kerry. Uno de los hombres más importantes del gobierno de Joe Biden salió de Palacio Nacional, junto con sus colaboradores, el embajador Salazar y una treintena de empresarios, todos convencidos de que tenían un acuerdo con el gobierno mexicano para establecer una mesa para analizar puntos de la reforma eléctrica que afectan el T-MEC. A la mañana siguiente, el presidente López Obrador dijo que no era verdad, que no había acuerdo alguno y que, si bien Kerry había hecho esa propuesta, él simplemente no había dicho nada, no la había aprobado. Y lanzó una filípica contra los conservadores, los ambientalistas, los que buscan involucrarse en asuntos internos de México. El canciller Marcelo Ebrard no estuvo en la reunión ni emitió comunicado alguno.

No sé si se entiende el desastre diplomático que un desencuentro así implica. Pero hay que ver más allá: ayer, la SCJN declaró inconstitucional la prohibición de los funcionarios públicos para trabajar durante 10 años en el sector privado después de dejar una responsabilidad pública, una ley de la 4T. Hoy, puede ser que no alcancen los cuatro votos que necesita el gobierno (más allá de que la ponente, Loretta Ortiz, por obvias razones, debería excusarse de participar o sus compañeros deberían excusarla, en un tema que ella misma votó como legisladora) para que se declaren constitucionales las leyes eléctricas. Unas leyes más importantes aún porque ya quedó claro que el gobierno no tendrá los votos de la oposición para la reforma constitucional y cuando, incluso, PRI-PAN-PRD han presentado su propia propuesta de reforma, contrapuesta a la de Morena.