Ayotzinapa: las pruebas fabricadas

Ahora resulta que en un reportaje publicado ayer por The New York Times, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, reconoce que en lo que, como dice el matutino estadunidense, es “la columna vertebral” de su investigación sobre el caso Ayotzinapa, o sea, un paquete de cerca de 500 capturas de pantalla que Encinas jamás ha dicho de dónde salieron y quién se las entregó, “hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado”, son “pruebas sin sustento”, que no han podido ser “verificadas”.

En septiembre pasado, luego de que entrevistáramos en la prisión militar del Campo Militar Número Uno al general José Rodríguez Pérez, que había sido encarcelado acusado de relaciones con el crimen organizado (sin más pruebas para ello que la declaración de un sicario de Guerreros Unidos), una entrevista que rompía las tesis del informe, los voceros del oficialismo aseguraron que había muchas otras pruebas contra el general y los otros militares detenidos por la misma causa que demostraban que era un crimen de Estado realizado en parte por militares.

Pero Encinas fue más allá y declaró públicamente que el general, entonces coronel, el 26 de septiembre de 2014, no sólo había encubierto a los criminales, sino que había mantenido a unos seis jóvenes retenidos en un rancho propiedad de un narco y que días después había ordenado matarlos. No fue un rumor: lo declaró públicamente, y dijo que esa información provenía de una de las citadas capturas de pantalla en su poder. Aquí y en otros ámbitos dijimos que era inverosímil, lo mismo que la larga odisea de los jóvenes que contaban esas capturas. Simplemente no coincidían ni los tiempos ni los espacios y, además, fuera de las capturas en sí, no había una sola prueba que las sustentara.

Pero el caso ya se estaba autodestruyendo desde adentro. Ni siquiera las capturas de pantalla estaban verificadas. Encinas le dice al NYT que las recibió en abril, no dice de quién ni cómo, cuando ya era apremiado para ello por el presidente López Obrador. Antes había ido a Tel Aviv a proponerle al exinvestigador en jefe de la PGR, Tomás Zerón, hoy exiliado en ese país, que ayudara en el caso a cambio de apoyo presidencial. Zerón se negó porque ya había una investigación realizada, pero todo indica que la plática fue grabada y allí Encinas le dice que debe tener una resolución y que, afirma el periódico neoyorquino, “al Presidente no le importa meter gente a la cárcel”. La grabación la tiene el NYT.

Luego del frustrado viaje a Israel, misteriosamente, Encinas recibe las 467 capturas de pantalla. No se las muestra a nadie, sólo a una persona, definitivamente no las comparte con los investigadores de la Fiscalía General de la República, porque existía un innegable conflicto entre la FGR, el fiscal especial Gómez Trejo y la comisión que encabeza Encinas. Al no compartirlas, Encinas utiliza esas capturas que tiene en simples copias como base de su informe sin hacerlas pasar por un peritaje forense en la FGR.

Cuando a fines de agosto, basado en esas capturas, Encinas da a conocer su informe, dijimos que no estaba basado en pruebas, sino en dichos, y que llamaba profundamente la atención que las pruebas más duras que se tenían, que eran las capturas de unas conversaciones en BlackBerry entre narcotraficantes de Guerreros Unidos en Iguala con sus jefes en Chicago, durante todo el 26 y 27 de septiembre, mientras estaban ocurriendo los hechos, grabaciones que obtuvo la DEA en seguimiento al tráfico de heroína de ese grupo criminal, habían sido dejadas de lado. En esas grabaciones se detalla, minuto a minuto, y casi todos los participantes están identificados, lo sucedido. Son contundentes (ver el libro La noche de Iguala, Cal y Arena, 2018, y el informe de la CNDH sobre el tema de ese mismo año).

Pero Encinas desechó las de la DEA para utilizar sus propias capturas de pantalla, en buena medida porque las que había proporcionado integradas ya a los expedientes confirmaban, en sus grandes rasgos, la investigación original y, por ende, contradecían los misteriosos documentos que él había recibido. Pero eso lo obligó a mostrarlos.

Lo primero que percibieron expertos informáticos es que el diseño de WhatsApp de 2014 no era ése. Luego, alguno de los divulgados, a través del “informe no testado”, que se filtró para contrarrestar la entrevista que le hicimos al general Rodríguez Pérez, revelaban una masacre atroz de los muchachos, pero contada por uno de los más insospechados confidentes: eran capturas atribuidas a la hija del detenido presidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, que le contaba a una amiga con detalle cómo fueron muertos los jóvenes. Era absurdo, la propia joven lo negó, dijo que ése jamás fue su celular, que no tenía una amiga de ese nombre y que jamás había escrito eso. Nadie la refutó.

Integrantes del Grupo Interdisciplinario también pusieron en duda las capturas de Encinas porque no coincide ni siquiera el lenguaje utilizado de personajes involucrados en los hechos de los que se tienen otras grabaciones. Encinas, ahora sí, mandó a verificar el contenido de su prueba estrella y reconoció ante el NYT que “la fuente podría haber fabricado esas capturas”. Eran pruebas fabricadas. Por mucho menos que eso, cualquier otro investigador estaría de patitas en la calle. Otros, hasta procesados.