Ayotzinapa: Encinas, en su trampa

Ya comprendimos por qué era más inviable de lo que imaginábamos la permanencia de Alejandro Encinas como secretario de Gobernación. Apenas ayer se resucitaron las órdenes de aprehensión que había desechado la FGR contra 16 elementos militares por su presunta participación en el caso Ayotzinapa y ocho de ellos ayer mismo fueron detenidos y están hoy en la prisión del campo militar número uno, junto con otros cuatro elementos, incluyendo el general José Rodríguez Pérez, detenidos desde el año pasado.

Contra unos y otros no hay más pruebas que los dichos de los sicarios de Guerreros Unidos que, en una acción perversa, fueron convertidos de victimarios en testigos protegidos, al tiempo que quienes los detuvieron se convierten en víctimas de la justicia.

Permítame recuperar parte de lo que decíamos en octubre pasado basados en las declaraciones del propio Alejandro Encinas al diarioThe New York Times en aquella fecha. En esa entrevista, el subsecretario Encinas reconoció que en lo que, como dice el matutino estadunidense, es “la columna vertebral” de su investigación sobre el caso Ayotzinapa, o sea, un paquete de cerca de 500 capturas de pantalla que Encinas jamás ha dicho de dónde salieron y quién se las entregó, “hay un porcentaje importante, muy importante, en el que está todo invalidado”, son “pruebas sin sustento” que no han podido ser “verificadas”.

En septiembre pasado, luego de que conversáramos en la prisión militar del Campo Militar No. 1 al general José Rodríguez Pérez, que había sido encarcelado acusado de relaciones con el crimen organizado (sin más pruebas para ello que la declaración de un sicario de Guerreros Unidos), una entrevista que rompía las tesis del informe, los voceros más radicales del oficialismo aseguraron que había muchas otras pruebas contra el general y los otros militares detenidos por la misma causa que demostraban que era un crimen de Estado realizado, en parte, por militares.

Esas pruebas no existen, pero el propio Encinas fue más allá y declaró públicamente que el general Rodríguez Pérez, entonces coronel, el 26 de septiembre de 2014, no sólo había encubierto a los criminales, sino que también había mantenido a unos seis jóvenes retenidos en un rancho propiedad de un narco y que días después había ordenado matarlos. No fue un rumor: lo declaró públicamente y dijo que esa información provenía de una de las citadas capturas de pantalla en su poder. Aquí y en otros ámbitos dijimos que era inverosímil, lo mismo que la larga odisea de los jóvenes que contaban esas capturas. Simplemente no coincidían ni los tiempos ni los espacios y, además, fuera de las capturas en sí, no había una sola prueba que las sustentara. Encinas tenía como prueba esas capturas de pantalla que ahora acepta que ni siquiera estaban certificadas.

Encinas le dijo el año pasado al NYT que las recibió en abril. Antes había ido a Tel Aviv a proponerle al exinvestigador en jefe de la entonces PGR, Tomás Zerón, hoy exiliado en ese país, que ayudara en el caso a cambio de apoyo presidencial. Zerón se negó, pero la plática fue grabada y allí Encinas le dice que el caso tiene que tener una resolución y, dice el periódico neoyorquino, le aseguró a Zerón que “al Presidente no le importa meter gente a la cárcel”. La grabación la tiene el NYT.

Luego del frustrado viaje a Israel, misteriosamente, Encinas recibe las 467 capturas de pantalla. No se las muestra a nadie, sólo a una persona, definitivamente no las comparte con los investigadores de la Fiscalía General de la República. Al no compartirlas, Encinas utiliza esas capturas, que son simples copias en papel, como base de su informe sin hacerlas pasar por un peritaje forense en la FGR.

Cuando a fines de agosto, basado en esas capturas, Encinas dio a conocer su informe, señalamos que no estaba basado en pruebas, sino en dichos, y que llamaba profundamente la atención que las pruebas más duras que se tenían —que eran las capturas de unas conversaciones de BlackBerry entre narcotraficantes de Guerreros Unidos en Iguala con sus jefes en Chicago durante todo el 26 y 27 de septiembre, mientras estaban ocurriendo los hechos, grabaciones que obtuvo la DEA en seguimiento al tráfico de heroína de ese grupo criminal, un material que está absolutamente legitimado— habían sido dejadas de lado. En esas grabaciones se detalla minuto a minuto, y casi todos los participantes están identificados, lo sucedido. Son contundentes (ver el libro La noche de Iguala, Cal y Arena, 2018, y el informe de la CNDH sobre el tema de ese mismo año).

Pero Encinas y la Fiscalía especial desecharon las pruebas de la DEA para utilizar sus capturas de pantalla. Pero eso lo obligó a mostrarlas. Lo primero que percibieron expertos informáticos es que el diseño de WhatsApp de 2014 no era ése. Luego, alguno de los divulgados, a través del “informe no testado” que se filtró para contrarrestar la entrevista que le hicimos al general Rodríguez Pérez, revelaba una masacre atroz de los muchachos, pero contada por uno de los más insospechados confidentes: eran capturas atribuidas a la hija del detenido expresidente municipal de Iguala, José Luis Abarca, que le contaba a una amiga con detalle cómo fueron muertos los jóvenes. La propia joven lo negó, dijo que ése jamás fue su celular, que no tenía una amiga con ese nombre y que jamás había escrito eso. Nadie la refutó.

Con ésas y otras falsas pruebas ahora se regresa a la ofensiva contra los militares para tener algo que exhibir y decir que se ha cumplido con el compromiso de encontrar la verdad en el caso Ayotzinapa. Es una verdadera vergüenza. O, como me dijo el general Rodríguez Pérez, “una vileza y una cobardía”.